El posible regreso a las aulas el próximo día 15, todavía en el aire hasta la decisión que tome hoy el Consejo de Gobierno regional, ha suscitado críticas desde la comunidad educativa, que no ve certezas en lo que a protocolos de prevención se refiere. Es por ello que algunos municipios han decidido adoptar medidas complementarias a las puestas en marcha por los propios centros en coordinación con el Ejecutivo autonómico. Dos de ellos son Barlovento y Breña Alta, que ayer anunciaron que costearán la realización de pruebas diagnósticas de coronavirus al personal de las infraestructuras docentes ubicadas en sus respectivos territorios.
En el caso barloventero, esos test se harán extensivos a toda la plantilla de los centros escolares de la localidad, según informó el Consistorio, tanto al profesorado como a cocineros, auxiliares de comedor, conserjes, secretaría, entre otros puestos de trabajo que pueden tener, en mayor o menor medida, contacto con el alumnado, toda vez que se inicie un atípico curso 2020/2021 en el que se deberá llevar mascarilla en todo momento. Se trata de una iniciativa que emerge desde la institución local y que fue trasladada, en primer lugar, a las direcciones de los complejos académicos, y más tarde, al director insular de Educación, a fin de que tuviera conocimiento de la misma.
El regidor norteño y diputado regional del PP por La Palma, Jacob Qadri, explicó que “estamos en un momento en el que es fundamental hacer estas pruebas, y defendemos que es una inversión que el Ayuntamiento puede y debe asumir”. Además, sostuvo que “pese a que sabemos que la realización de estos test no es nuestra competencia, tampoco lo son, por ejemplo, las labores de desinfección, y lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”.
Algo más austera es la propuesta que hizo pública Breña Alta, cuyo alcalde, Jonathan Felipe, se ofreció para efectuar pruebas rápidas de Covid-19 a las plantillas docentes de los centros de Educación Infantil y Primaria del municipio, así como al profesorado del IES Las Breñas. Una determinación que, a juicio de Felipe, también representante de la Isla Bonita en la Cámara regional por Coalición Canaria, “responde a la necesidad de establecer mecanismos proactivos en materia de colaboración para garantizar al máximo la seguridad en el inicio de un curso escolar inédito por el nuevo escenario sociosanitario”. “Hemos llevado a cabo modificaciones presupuestarias para colaborar, más allá de nuestras competencias municipales”, recalcó.
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