Las declaraciones de los investigados por el llamado caso Reparos comienzan hoy en La Laguna con la presencia en los juzgados de los exconcejales del PSOE Javier Abreu Rodríguez y Mónica Natalia Martín Suárez, además de la exedil de Coalición Canaria Atteneri Falero Alonso.
Dicha comparecencia es resultado de la providencia dictada el pasado mes de julio por el Jugado de Instrucción Número 4 de La Laguna.
Aunque en dicha decisión judicial se citaba a otros cinco investigados para la semana pasada, el hecho de que alguna de las partes estuviera aún en plazo para responder a algún recurso y los problemas del Ayuntamiento para encontrar parte de la documentación solicitada obligaron al aplazamiento de las comparecencias de Aymara Calero Tavío, Agustín Fernando Hernández Serrano, Asier Amador Robayna, Rosa Ana García Gaviño y Carlos A. Gómez Rodríguez.
En realidad, el plato fuerte de este listado se ha dejado para el final, por cuanto es el 1 de octubre cuando está citado el exalcalde José Alberto Díaz (Coalición Canaria), uno de los principales encausados junto a otro exalcalde, como es Fernando Clavijo, si bien este, como ya pasó en el caso Grúas, se acoge a los beneficios de ser aforado como senador autonómico y su caso lo atenderá el Tribunal Supremo.
En todos los encausados, la imputación se debe a la firma de decretos municipales para el levantamiento de reparos de legalidad interpuestos desde la Intervención, si bien los principales responsables de dichas prácticas son Díaz y Clavijo, al menos desde el punto de vista cuantitativo, dado que los decretos firmados por ambos superan los 90 en el caso de Díaz y los 40 por lo que respecta a Clavijo. El resto obedece a firmas habilitadas como alcalde accidental o por ocupar la Presidencia de algún organismo municipal, como, por ejemplo, el de Deportes.
Según el denunciante, Santiago Pérez, este caso Reparos consiste en que, desde 2013, tanto Clavijo como Díaz levantaron dichos reparos de legalidad a la hora de prorrogar -sin que se sacaran a concurso público- los contratos para la prestación de importantes servicios municipales.
Lo que viene a decir el interventor en la mayoría de los casos es que, autorizando la continuidad de la prestación del servicio sin procedimiento administrativo de ningún tipo, se consigue una prórroga contraria al ordenamiento jurídico. Considera estas autorizaciones “nulas”, ya que debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación para respetar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.
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