Al menos un centenar de inversores afectados por el bloqueo de sus fondos por parte de la empresa Arbistar 2.0, que se dedica al arbitraje entre mercados de monedas bitcoin, van a presentar una demanda colectiva por estafa contra el administrador de la compañía, Santiago Fuentes.
Fuentes, que reconoce que hay 32.000 afectados con inversiones por unas 10.000 bitcoins (93,4 millones de euros), ha negado que se trate de una estafa y atribuye el bloqueo de fondos de sus clientes a un error informático, por lo que ha ofrecido devolver en los próximos meses el dinero que destinaron a Arbistar 2.0.
Sin embargo, la abogada Conchi Viera, que representa a más de un centenar de afectados, desaconseja aceptar la oferta de Fuentes, porque supondría renunciar a acciones civiles y penales a cambio de una promesa incierta y “poco creíble” de devolución de la inversión inicial.
“Sus propuestas de pago se diferían a 2021, 2022 e incluso 2023, aunque ante las quejas ha ido acercando los plazos y ha anunciado que hará una nueva oferta el 1 de octubre”, ha explicado a Efe la abogada, cuyos clientes afectados proceden de numerosos países: España, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, México, Argentina, Noeruega, Ecuador y Venezuela, entre otros.
Los asesores de la abogada dan por buena la cifra de afectados que reconoce Fuentes, pero elevan la cifra invertida a entre 850 y 1.000 millones de euros.
Sus representados dan poca credibilidad a las promesas de Arbistar 2.0, una empresa que basa gran parte de su política de captación de fondos en el marketing, advierte.
Arbistar, con sede en Tenerife y adscrita según su página web a la Zona Especial Canaria (ZEC), que ofrece ventajas tributarias en el Impuesto de Sociedades, afirma que devolverá el dinero invertido, pero no los “supuestos beneficios” ofrecidos a los inversores ni la devolución de la licencia que les cobró para acceder a su servicio, indica Conchi Viera.
Tampoco devolvería los aproximadamente 6.000 euros que pagaron algunos de sus clientes por un “bot”, programa informático que obtiene beneficios del arbitraje en los mercados de criptomonedas pero que en este caso nunca funcionó porque era defectuoso, explica la letrada.
“Después de analizar la documentación, creo que estamos ante una presunta estafa”, ha afirmado la abogada, algunos de cuyos clientes han destinado hasta 100.000 euros a esta supuesta inversión, aunque ella cree que esto puede ser solo “la punta del iceberg”.
Los afectados tienen cuatro opciones, ha señalado Viera: no hacer nada y esperar a ver qué pasa, creer lo que dice Fuentes y aceptar su trato, esperar que se desarrolle la investigación policial y termine con una denuncia en Fiscalía o recurrir a un abogado para acelerar el proceso.
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