tribuna

Unidad para vencer la pandemia sanitaria, económica y social

La pandemia de la Covid-19 está suponiendo una crisis de enormes dimensiones que tiene graves consecuencias sanitarias; cuando esto escribo, más de 870.000 fallecidos y 26,5 millones de infectados en todo el mundo. Y también, por las restricciones a la movilidad y la limitación de distintas actividades para tratar de frenar la expansión del virus, la pandemia tiene relevantes efectos económicos y sociales, con la brutal caída de las economías, el cierre de empresas, la pérdida de millones de empleos, incrementando los niveles de pobreza en todo el mundo, así como la pérdida de ingresos de las administraciones publicas. Daña al conjunto de la sociedad, pero se ceba en los más vulnerables. Cuando apenas estábamos saliendo de la crisis financiera de 2008 -y sufriendo aún muchas de las profundas heridas económicas y sociales que esta causó, por la aplicación de las políticas de austeridad y recortes, que dañaron a los servicios públicos y al bienestar de la ciudadanía-, afrontamos otra crisis que en poco tiempo ha multiplicado los efectos devastadores de aquella. Y que será muy difícil de remontar a corto plazo. Solo lo podremos hacer con garantías cuando dispongamos de una vacuna eficaz, segura y barata. Mientras tanto, solo cabe cumplir estrictamente con las medidas de prevención e higiene para evitar que se incrementen los contagios, para que no se produzca la saturación de los sistemas sanitarios, más muertes y un mayor colapso económico.

El sistema sanitario viene desarrollando su trascendental papel, identificando a los contagiados, aislándolos y tratándolos. Habrá que seguir persistiendo en las tareas de cribaje de PCR en territorios de alta incidencia o colectivos vulnerables, y en los estudios serológicos para conocer la prevalencia del virus en la población. Aumentando los recursos y adaptando la organización y la gestión sanitaria a las nuevas necesidades. A la ciudadanía le corresponde el suyo: cumpliendo las reglas que plantean las autoridades sanitarias: distanciamiento físico, uso de mascarillas, higiene frecuente de las manos… Es una minoría la que no cumple -como hemos visto con distintas celebraciones en las que se saltaban las normas establecidas-, pero esas circunstancias, por minoritarias que sean, tienen un efecto multiplicador en la extensión del virus. Frente a ello, hay que intensificar la vigilancia, las denuncias y las sanciones.

La sociedad, las instituciones y el conjunto de la ciudadanía debemos realizar todos los esfuerzos para superar este difícil momento. Hasta sociedades con parámetros económicos, sanitarios y sociales muy desarrollados, muy superiores a la media canaria y a la estatal, como es el caso del País Vasco, han visto como les desbordaba el avance de la segunda ola de la pandemia. No cabe bajar en ningún momento la guardia. Es preciso tener en cuenta que la inmensa mayoría de los nuevos contagios no son importados, no vienen por puertos y aeropuertos, ni por turistas ni por inmigrantes. Los epidemiólogos confirman que la mayoría de los brotes se produce en el ámbito de la sociedad local, por malas prácticas en el ámbito del ocio, en encuentros familiares o en espacios laborales.

El turismo ha caído en todo el mundo. También en aquellos territorios que han impuesto la realización unilateral de pruebas PCR en destino. No hay fórmulas mágicas, aunque desde el Gobierno canario reclamamos una regulación comunitaria de las mismas en origen y en destino. El miedo ante la posibilidad de contraer la enfermedad hace que la mayoría de la gente renuncie a la posibilidad de viajar, decisión reforzada por las restricciones impuestas por muchos estados (Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica…) al desplazamiento de sus ciudadanos y ciudadanas a determinados destinos, entre ellos Canarias y el conjunto del Estado.

Caída del turismo

En Canarias, con un gran peso del turismo en su PIB y en su empleo, las consecuencias de la pandemia son mucho mayores que en otras regiones y nacionalidades. Y, por tanto, precisan de respuestas adecuadas a esa negativa realidad por parte de las instituciones canarias, estatales y europeas. En un momento como el actual se muestra, más que nunca, la necesidad de las políticas públicas para mantener el pulso de la sociedad y de la economía. La fortaleza del sector público es prácticamente el único sostén por el peso de una crisis generalizada.

Ante la caída de la economía son fundamentales los ERTE, las ayudas a las empresas y a los autónomos, el Ingreso Mínimo Vital, el fortalecimiento de los servicios públicos educativo y sanitario, así como del sistema de la dependencia, y el impulso a las inversiones en vivienda, carreteras, infraestructuras educativas, sanitarias, hidráulicas o turísticas. A diferencia de la crisis anterior, las medidas adoptadas por las instituciones han sido globalmente acertadas, y deberán seguir desarrollándose.

En el caso de los ERTE, reconocemos el esfuerzo realizado por el Gobierno estatal, con 3,5 millones de hombres y mujeres protegidos por esta medida, a la que se suman las destinadas a los autónomos. En las Islas quedan 87.000 personas en esa situación. Entendemos que los ERTE han de prolongarse más allá de este año 2020, más aún en el caso de nuestra comunidad, muy dependiente del devenir del sector turístico. Hasta que sean necesarios (tengamos o no vacuna) e incluyendo distintas actividades, no solo las del sector servicios, gravemente afectadas y que no pueden hoy recuperarse. Hemos defendido, asimismo, que, aunque hayan pasado los 180 días previstos, no se produzca la establecida reducción de los salarios del 70 al 50%, por sus terribles consecuencias sociales, lo que cuenta con el respaldo de los agentes sociales y económicos.

En ese marco de relevancia de lo público, resultan fundamentales los presupuestos europeos 2021-2027, el plan de reconstrucción 2020-2023, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y las cuentas públicas de la Comunidad canaria para el próximo año. Queremos contribuir modestamente a la aprobación del PGE, tras dos años de prórroga, desde una visión global del Estado y el atendimiento a las necesidades del Archipiélago. Junto al cumplimiento de nuestro Estatuto, del REF y de nuestra condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, hemos venido defendiendo la necesidad de la actualización de la financiación autonómica, el uso de todo el superávit, la posibilidad de endeudamiento, así como que las corporaciones locales canarias puedan utilizar sus remanentes de tesorería.

Al igual que Europa va a destinar más recursos de su plan de reconstrucción al Estado español por ser de los más afectados económicamente por la pandemia; al igual que el Gobierno central distribuyó los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable beneficiando especialmente a las comunidades a las que más dañó sanitariamente la primera ola de la enfermedad; al igual que todo lo anterior lo comprendemos y lo apoyamos, consideramos que es justo que ahora se tenga una atención diferenciada con una comunidad, como la canaria, que es la que más verá reducido su PIB y más dañada su economía y su empleo; y que, además, antes de la irrupción de la pandemia ya presentaba elevados datos de desempleo y de pobreza que esta ha agudizado.

Hay que ser plenamente conscientes de que esta crisis solo se solventa desde el avance en la investigación científica, la implicación de toda la sociedad y el compromiso permanente del sector público para mantener los servicios esenciales, tirar de la demanda y proteger a trabajadores y a empresas. En esa línea continuaremos insistiendo y actuando, desde los máximos niveles de unidad, hasta vencer esta pandemia sanitaria, económica y social.

*Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias

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