política

Quevedo, “firme” en la defensa de los 516,1 millones de carreteras

El diputado de NC intenta consensuar “hasta el último segundo” una propuesta alternativa a su moción, una transaccional, que no ha salido por una “discrepancia” con Hacienda

El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, durante una intervención ante el pleno. DA
El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, durante una intervención ante el pleno. DA

El diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, enfatizó ayer en el pleno que se mostrará firme en la defensa de la autorización de los 516,1 millones de euros de la sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el convenio de carreteras favorable a Canarias para hacer frente en 2021 al grave daño provocado por la crisis de la COVID -19. El portavoz de NC lamentó la discrepancia con el Ministerio de Hacienda y anunció que pedirá la votación separada para cada una de las seis propuestas contenidas en su moción para que la Administración General del Estado responda a la quiebra social y económica.

Durante la defensa de la moción Pedro Quevedo explicó que la iniciativa surge como consecuencia de una interpelación urgente, sustanciada la semana pasada, en la que aseveró que las “singularidades canarias no son un capricho por la enorme dependencia” de Canarias del turismo, el sector productivo más dañado. Y ha vuelto a advertir de que esta realidad puede “conducirnos” a una situación “potencialmente catastrófica, de quiebra social”. Al respecto, hizo hincapié en que no se trata de pedir “dádivas ni beneficios adicionales sobre los demás”, sino “respuestas” para hechos “objetivos”. Quevedo argumentó que el paro en las Islas aumentó, durante el segundo trimestre de este año un 15% frente al 8% de la media nacional y que el producto interior bruto (PIB) en el mismo periodo retrocedió 36,27 puntos, frente al 22,1 del conjunto español (14 más en Canarias).

Hasta “el último segundo” ha intentado consensuar una propuesta alternativa a su moción, una transaccional, que no pudo salir por una “discrepancia” con el Ministerio de Hacienda. Se refería al uso de los 516,1 millones de euros de la sentencia del Supremo por el incumplimiento del convenio de carreteras, que Canarias reclama que se inviertan, en 2021, en servicios públicos y para ayudar a la economía (trabajadores y empresas) y a las familias más vulnerables. “Canarias no podrá hacer un presupuesto” el próximo año, avisó, “si no podemos contar” con esos 516 millones de euros para hacer frente a las necesidades sociales y económicas. Esa es la discrepancia con el Ministerio de Hacienda, pero “no podemos decaer en su defensa”, apostilló. “Lamentamos no haber estado en una transaccional. Nueva Canarias quiere cooperar para que haya unos Presupuestos Generales del Estado para 2021, pero necesitamos que los elementos en cuestión estén reconocidos por todas las partes”.

Ante esta situación, Quevedo planteó que los grupos de la Cámara Baja voten por separado cada una de las seis medidas y propuestas que contiene una moción “rigurosa y seria” que pretende que las cuentas públicas canarias tengan unas cuantías aproximadas a las de 2020 y que la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Sociales, que gestiona Román Rodríguez (NC), ha comenzado a elaborar con una merma de ingresos de 1.000 millones de euros. Como serán “insuficientes” para responder a la dimensión de la crisis en 2021, se han de arbitrar recursos “adicionales”. Por un lado, “nuestros ahorros”, los 516 millones de euros de carreteras. También, que se actualicen las entregas a cuenta de la financiación autonómica, como se hizo este año. En su defecto, que se compense una reducción de estos ingresos con transferencias no reembolsables o la autorización del endeudamiento. Quevedo valoró la “buena salud financiera” de Canarias, con el menor endeudamiento per cápita de España y el segundo más bajo en relación al PIB, después del País Vasco. Las leyes del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF) son exigencias básicas de NC, junto a sugerencias como que en la distribución de los fondos para la recuperación de la Unión Europea (los 72.000 millones de euros no reembolsables) se aplique el mismo criterio empleado por Bruselas para asignar a España 140.000 millones.