visiones atlánticas

Simplificar con el virus

El Gobierno de Canarias viene desde marzo impulsando su Plan de Reactivación Social y Económico, que no consigue estabilizar pendiente de asegurar las aportaciones de España y de la UE, que se resuelven en cascada. Con múltiples dudas respecto a sus fondos ciertos, al uso de superávits, a la sentencia de carreteras y a los reajustes de ejecución del propio presupuesto 2020.Con ello, aprobó el 11 de septiembre 2020, ligado al Plan de Reactivación, un Decreto-Ley de Medidas Urgentes, destinado a simplificar tramitaciones en los sectores primario, energético, turístico y territorial. Donde, como venimos señalando en esta columna, Canarias tiene la legislación administrativa más compleja de España. Interviene el decreto ley en los ámbitos de Costas, sector eléctrico, actividades clasificadas y sobre el suelo, como soporte de cualquier uso sobre el territorio. Al margen de las limitaciones instrumentales de un decreto-ley, que se chocan con cierta facilidad con la legislación autonómica y básica nacional, el virus ha puesto de manifiesto el ineficaz despliegue normativo autonómico. Que en las crisis no tiene otro remedio que retornar a cumplir los marcos básicos nacionales y europeos, al margen de las conocidas deslealtades y excesos autonómicos. Que se tropiezan con las leyes de procedimiento administrativo y de régimen local, con la ley de evaluación ambiental y ley básica de suelo, la legislación de unidad de mercado y la directiva Bolkestein. Canarias se ha venido rebelando contra la pacífica y leal aplicación de la Directiva Bolkestein (Tratado Lisboa 2009), vigente desde 1 de enero 2010 y con efectos directos sobre las naciones de la UE, incluso en defecto de adaptación de normativa nacional. El núcleo del decreto-ley del Gobierno consiste en adaptarse a ella luego de 10 años, para simplificar con el mecanismo del Acto Comunicado con Declaración Responsable, conforme al cual se tiene desde su registro, reconocidos los actos de manera jurídica plena. En conjunto el decreto ley refleja la timidez de nuestros gestores políticos que sólo resuelven las cosas “un poco”. Siempre lastradas por unas administraciones excesivas que nadie controla y por la falta de una estrategia política concreta y los fondos económicos para su aplicación. Se sobrecarga el Decreto-Ley con la mala conciencia respecto a las declaraciones responsables, al no entender que desde el 2010, se ejercen en plenitud de derecho, soportadas en la responsabilidad del emprendedor y sus técnicos. Incluso se ve el propio decreto en la obligación de desactivar las trampas de las administraciones, generalmente locales, que buscan excusas formales para impedir su ejercicio conforme a ley, como con la simple inexistencia de impreso o la negación a la tramitación por la red. Por contra se enredan, insistiendo en las penas de los presuntos incumplidores, cuando el régimen del mismo ya está tasado en la legislación básica. El decreto se ha quedado corto cuando no desarrolló con más profundidad la normativa hotelera y sus compensaciones en la COVID, en los usos ordinarios y complementarios en suelo rústico, con el régimen de usos no prohibidos como permitidos, en las reparcelaciones y la gestión de los proyectos básicos, con los informes sectoriales previos. Con el silencio positivo para los planes especiales y para los proyectos de edificación (básica). En reforzar el mecanismo de administración única por acto, del cual se huye contra lo que señala la vigente Ley del Suelo. Con recuperar el recurso de reposición o análogo, en la aprobación definitiva de los planes. Situarse en terreno de nadie, intentando contentar a todos, incluso siendo compatibles con la transición ecológica, convierte a esta misma en insostenible, cuando carece de sociedad civil efectiva que le de soporte.

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