El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha acordado la concesión administrativa a Petróleos de Canarias (Petrocan) para la ocupación de una superficie de 120.632 metros cuadrados en el puerto de Granadilla.
Dicha superficie se destinará a la instalación de una factoría para el almacenamiento y abastecimiento de combustible de aviación, actividad de bunker y reservas estratégicas, lo que podría posibilitar el traslado de las instalaciones de Cepsa en la Refinería de Santa Cruz.
Las obras que se prevé ejecutar en dicha concesión, otorgada por un plazo de 35 años, ya cuentan con el correspondiente proyecto básico y, en un plazo máximo de doce meses tras haberse notificado la concesión, el concesionario deberá presentar el proyecto constructivo para el pertinente visto bueno de la Autoridad Portuaria tinerfeña.
Recibida esta conformidad, y de acuerdo con las bases del pliego, Petrocan dispondrá de dos meses para iniciar las obras que se desarrollarán en un plazo máximo de veinte meses.
De acuerdo con los datos del concesionario, la planta de almacenamiento se alzará en una superficie de 118.451,40 metros cuadrados, las canalizaciones en superficie alcanzarán los 1.692 y las subterráneas se desarrollarán en 488,83 metros cuadrados.
Para el presidente de Puertos de Tenerife, Carlos González, “esta concesión ha sido posible gracias a las previsiones de reserva de suelo realizadas en Granadilla, siendo definitoria nuestra apuesta por la nueva dársena con 33,4 millones consignados para 2021 y 37,7 para 2022, de acuerdo con el Plan de Empresa 2021 recién consensuado con Puertos del Estado”.
En la sesión ordinaria también se dio cuenta del acuerdo del Gobierno de Canarias por el que se dispone el nombramiento de Pilar Parra Serrano como representante de la Administración General del Estado en lugar de Ana María García López, que venía ostentando dicho puesto.
Asimismo, se acordó la revisión de los planes de Emergencia Interior y Autoprotección de todos los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria, documentos cuyo objeto es establecer los criterios de colaboración y coordinación necesarios entre las autoridades marítimas y portuarias para garantizar una respuesta eficaz en la gestión de emergencias en los puertos.
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