El bloqueo por parte de la Administración Trump del equipo de transición del presidente electo Joe Biden plantea un grave riesgo para Estados Unidos, particularmente durante la crisis que ha está provocando la pandemia de COVID-19. Estados Unidos es el país más afectado del mundo, con casi 10.5 millones de positivos y un aumento alarmante de casos y muertes. La negativa de la Administración Trump a la hora de admitir la derrota de su candidato y a incluir, por tanto, al presidente electo, Joe Bien, en importantes reuniones clasificadas, supone una traba para que el panel asesor de Biden pueda conocer qué planes se están realizando para distribuir una posible vacuna, así como el estado de los esfuerzos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. A esto hay que sumar las implicaciones para la Seguridad Nacional. Mientras, Biden sigue adelante estableciendo un plan y una línea de ataque contra la propagación de la enfermedad y sus consecuencias económicas, pero para el equipo de transición de Biden, poder acceder a información actualizada y obtener datos presupuestarios precisos de las agencias, tanto para identificar problemas como para descubrir carencias, es realmente esencial. En este momento, en una transición normal de poder, el presidente electo y la vicepresidenta electa deberían tener pleno acceso a lo que los estatutos de Estados Unidos les brindan. Eso significa específicamente acceso a información de inteligencia.
Dos meses más en la Casa Blanca
Lejos de iniciar los trámites necesarios para una transición pacífica y eficiente, la Administración Trump ha pasado los últimos días llevando a cabo cambios radicales en la estructura de liderazgo civil del Departamento de Defensa, destituyendo a varios de sus funcionarios más importantes y reemplazándolos con presuntas figuras leales al presidente. La ráfaga de cambios que anunció el Departamento de Defensa en un comunicado aproximadamente 24 horas después de que el presidente Donald Trump despidiera al secretario de Defensa Mark Esper, generó preocupación entre los funcionarios dentro del Pentágono alimentando una creciente sensación de alarma entre los militares y los civiles por lo que pueda venir después. Cuatro altos funcionarios civiles han sido despedidos o han renunciado desde el lunes, incluido Esper, su jefe de gabinete y los principales funcionarios que supervisan política militar e inteligencia. Fueron reemplazados por supuestos leales a Trump, incluida una figura controvertida que promovió teorías de conspiración marginal y calificó al expresidente Barack Obama de terrorista. No en vano, existe una cierta incertidumbre de que un período de transición caótico pueda socavar la Seguridad Nacional. Según la cadena CNN este esfuerzo de la Administración saliente podría deberse a que Esper y su equipo rechazaron la retirada prematura de Afganistán, que se llevaría a cabo antes de que se cumplieran las condiciones requeridas. En una entrevista a la cadena, uno los funcionarios de defensa declaró que “esto da miedo, es muy inquietante”, añadiendo que “estos son movimientos dictatoriales”.
Los ‘leales’
Entre los que asumieron nuevos roles en el Departamento de Defensa se encuentra el polémico General de Brigada, Anthony Tata, quien asumió el máximo cargo político del Pentágono, asumiendo las funciones del puesto que dejara James Anderson, quien renunció esta semana. Tata había sido nominado para ser subsecretario de Defensa para políticas este verano, pero su nominación fue retirada debido a la oposición bipartidista. Tata ha hecho numerosos comentarios islamófobos y ofensivos y ha promovido varias teorías de conspiración. En varios tuits de 2018, afirmó que Obama era un “líder terrorista” que hizo más para dañar a Estados Unidos “y ayudar a los países islámicos que cualquier presidente en la historia”, según publicaron medios estadounidenses. Tata es ampliamente visto como uno de los ‘leales’ a Trump que mantuvo el apoyo de la Casa Blanca incluso cuando los republicanos en el Comité de Servicios Armados del Senado señalaron que no estaban dispuestos a apoyar su confirmación a principios de este año. Otro de los nuevos ascendidos, es Kash Patel, quien será el jefe de personal del nuevo Director del Pentágono, Chris Miller. Patel, que había sido director senior de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, es una figura polémica que anteriormente trabajó con el representante republicano Devin Nunes de California en el Comité de Inteligencia de la Cámara. Fue uno de los nombres mencionados durante la investigación de juicio político de la Cámara sobre la decisión de la Administración de retrasar la ayuda militar a Ucrania el año pasado.
Venganza en el Pentágono
Múltiples funcionarios civiles y militares que trabajan en el Pentágono están planteando la cuestión de si la partida de Esper y otros altos cargos ahora despejará el camino para que Trump, en sus últimas semanas en la Casa Blanca, pueda volver a pedir iniciativas que él quiera llevar a cabo y a las que el Pentágono se ha opuesto. Una de estas medidas volvería a plantear el espectro de usar fuerzas en servicio activo bajo la Ley de Insurrección contra cualquier protesta futura dentro de Estados Unidos.
El despido de Esper también generó preocupaciones de que otros altos funcionarios de Seguridad Nacional que se han ganado la ira de Trump puedan ser vulnerables y continúe la criba por venganza del presidente.
Al margen de las ‘decapitaciones’ en el Pentágono Trump y algunos de sus aliados conservadores se han sentido cada vez más frustrados con la directora de la CIA, Gina Haspel, en las últimas semanas, acusándola de retrasar la publicación de documentos que creen que expondrían los llamados complots del denominado estado profundo contra la campaña y la transición de Trump durante la Administración Obama, según múltiples funcionarios actuales y anteriores. Otras cabezas que podrían rodar son las del Director del FBI Christopher Wray y la del Fiscal General William Barr, acusados de no haber proporcionado ‘munición’ contra Joe Biden durante la campaña electoral.
Fieles a la Constitución
Hay dos instituciones necesarias para sostener la República estadounidense, una es la educación pública y la otra es el Ejército. Los resultados desastrosos en los comicios de 2020 para Donald Trump, lejos de enseñarle una lección de humildad, lo han llevado a cuestionar la legitimidad y la integridad de las elecciones, declarándose vencedor sin evidencias que apoyen su postura. Este tipo de pronunciamientos, junto a su intento de convencer a las masas de que se cometió fraude en su contra y se le robaron las elecciones, son propios del manual de cualquier dictador. Para los militares, especialmente los oficiales y exoficiales, fue un momento asombroso, que si bien han presenciado en otros rincones del mundo, es inusitado en Estados Unidos. Desafortunadamente, no es la única instancia en la que se han apreciado indicios que califican como tácticas autoritarias durante esta Administración.
Sin embargo, a pesar de sus acciones, hay pocas posibilidades de que a Trump se le permita ser un líder autoproclamado, ya que para ello debe contar con un ejército cooperativo como base principal, y aunque los movimientos de los últimos días son preocupantes, el jefe mayor de las Fuerzas Conjuntas recordó esta semana que el ejército jura lealtad a la Constitución y no al presidente. Con un poder judicial politizado y una autoridad autodeclarada por el líder, la única pieza del rompecabezas que falta es la obediencia de los militares. La ley tiene como objetivo limitar el uso del ejército en contra de los ciudadanos por parte de un posible dictador. Estas preocupaciones pueden parecer al principio una fantasía hiperbólica y distópica, pero honestamente no se requiere nada más que el control de las Fuerzas Armadas para que un dictador asuma el poder. Ha ocurrido precisamente así en decenas de países, cuando al gobernante no le gustó el resultado de una elección, recordemos que hay alrededor de 50 países dirigidos por dictadores, incluidos Corea del Norte, Rusia, Arabia Saudita y China, con gobernantes que cuentan con el respeto y la admiración de Donald Trump. Sin embargo, mientras el grueso de las Fuerzas Armadas estadounidenses sean leales a su promesa y no al presidente saliente, la democracia estará protegida frente a amenazas tan espeluznantes como la actual.
