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Solo queda menos de un mes para reclamar lo que se pagó por pisos que al final nunca se construyeron

El derecho de miles de canarios afectados a recuperar por la vía judicial el dinero perdido en las promociones que se paralizaron por la crisis anterior expira el próximo 26 de diciembre
Los numerosos afectados en Canarias por esta causa, especialmente durante la crisis del ladrillo, tienen todavía unas semanas para recuperar lo que es suyo. DA

Si usted es uno de tantos afectados que en su día vieron cómo se esfumaba el dinero que ya había pagado para comprar esa vivienda que nunca terminó de construirse, ya fuera por la quiebra de la promotora de turno o por cualquier otro motivo, sepa que, si tuvo lugar entre 2005 y 2015, solo le queda algo menos de un mes para reclamar judicialmente que se lo devuelvan.

No son pocos los afectados por esta causa que en su día dieron por perdidas esas cantidades al comprobar que nadie respondía por ello, pero todo cambió a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2015 que abrió la puerta para recuperar tales inversiones. Para ello, claro, hay un plazo que ahora cobra gran actualidad dado que el mismo expira el próximo 26 de diciembre, como advierte a DIARIO DE AVISOS la abogada Carmen Sánchez (De León & Sánchez Pacheco Jurídicos), una reconocida especialista en este tipo de casos.

Para apreciar el impacto real del tema que nos ocupa, Sánchez aporta dos datos relevantes. “Como los afectados por la crisis anterior están entre los que aún tienen derecho a que les devuelvan su dinero, y en toda España hubo cerca de cinco millones, está claro que solo en Canarias hay miles de personas que se vieron en dicha situación”. En cuanto a las cantidades en juego, “lo habitual es que oscilen entre 30.000 y 50.000 euros”, añade la letrada.

Cuando llegó la crisis del ladrillo, las entregas de dinero a cuenta para la compra de viviendas sobre plano se hallaban bajo la regulación de la ley de 1968 que confería una garantía a los compradores acerca de esos pagos anticipados, pero cuando estalló la burbuja inmobiliaria y los perjudicados fueron a los juzgados, el resultado fue que se responsabilizaba únicamente al promotor de turno y no al banco. “O sea, que te quedabas sin la casa y sin el dinero, si la empresa vendedora estaba en concurso o había desaparecido”, resume con claridad manifiesta Carmen Sánchez.

Como se ha dicho, la sentencia en cuestión puso fin a lo que se antoja una arbitrariedad manifiesta. “En 2015, el Supremo concluyó que tanto el banco como el promotor tenían que responder de forma solidaria por la garantía fijada en la ley de 1968, con independencia de la causa por la que no se había cumplido lo previsto en el contrato. Ello permitió a los compradores poder instar la recuperación de su dinero, aunque no son pocos los afectados que siguen sin reclamar. Por experiencia profesional, le puedo garantizar la enorme sorpresa que se llevan muchos clientes al enterarse que aún pueden recuperar lo que, resignados, daban por perdido desde hace mucho”, añade la especialista.

Claves

Para saber con exactitud quiénes deben apresurarse estas semanas para presentar su solicitud antes del citado 26 de diciembre, hay que partir de la base de que “la Ley de 1968 daba un plazo de 15 años para reclamar, así que los pagos tienen que haberse realizado de 2005 en adelante. Pero, ojo, justo después de la sentencia del Supremo de 2015 se aprobó una nueva ley que derogó la anterior, así que ese año, 2015, es el límite, dado que las condiciones han cambiado con la norma. Sobre todo porque ahora la prescripción ya no es de 15 años, sino que se ha rebajado a tan solo dos”, explica Sánchez.

En resumen, hasta el 26 de diciembre se puede reclamar el dinero que ya se había abonado para comprar esa vivienda que nunca se terminó de construir, siempre que dichos pagos a cuenta se hubieran efectuado entre 2005 y 2015, si bien la especialista añade un dato nada baladí. “No importa que se trate de la primera vivienda, ni de la segunda. Da igual si se trata de un consumidor o de un inversor, o el uso que tuviera previsto darle al inmueble”.

Por último, Carmen Sánchez recuerda que “cuanto antes se ponga el afectado en contacto con su abogado es mejor, dado el poco tiempo que resta antes de que prescriba su derecho a presentar la reclamación, y por supuesto hay que comprobar cada caso uno por uno. Pero, si se ajusta a lo previsto legalmente, lo normal es que se recupere el dinero”.

La abogada Carmen Sánchez, especialista en asuntos como estas reclamaciones judiciales. / Fran Pallero

“Se puede recuperar el dinero con sus intereses sin riesgo de pagar las costas”

Hay mucho que ganar y poco que perder si se reclama judicialmente para recuperar el dinero que en su día se entregó a cuenta para la compra de una vivienda en plano que finalmente nunca se recibió. “La certeza solo se puede tener tras revisar cada caso”, avisa Carmen Sánchez, abogada especializada en temas como el que nos ocupa, “pero es verdad que, desde que en 2015 se pronunció el Supremo, los juzgados han optado por devolver las cantidades salvo en contadas excepciones, por lo que no estamos ante un proceso que se demore excesivamente o que sea particularmente farragoso”.

Además, detalla la letrada, “lo que sí se puede garantizar a este respecto es que, en ningún caso, si el supuesto cumple los requisitos legalmente establecidos, el que reclama ha tenido que pagar las costas procesales”.

Otro dato de particular interés para los afectados es que no solo se recupera el dinero, sino que, además, también se perciben los intereses legales del mismo “a partir del momento en que se abonó el dinero”, explica la abogada. A este respecto, hay que insistir en que, para poder reclamar ahora, tales pagos tienen que haber tenido lugar entre 2005 y 2015.

Efectos en Canarias

Canarias fue la tercera comunidad autónoma con más casos de promociones de viviendas fallidas, con al menos 78 proyectos que no llegaron a completarse desde que la crisis del ladrillo puso fin al ‘boom’ del sector inmobiliario, según un estudio realizado a escala estatal y que fue difundido en 2008 sobre este tipo de casos.

A pesar de la enorme diferencia de territorio y población entre las distintas comunidades autónomas, por delante de Canarias solo figuraban Madrid, con 143 proyectos que no se terminaron, y Andalucía, con 98.

En Tenerife, el estudio en cuestión cita como ejemplos de esas promociones inacabadas (con el consiguiente perjuicio a los que invirtieron en las mismas) a una promotora llamada Prosycan España S.L, que iba a construir siete viviendas en Arafo, cuya entrega estaba prevista para 2008, así como a Rojoce S.L, que proyectó otras 36 viviendas en San Miguel de Abona a finalizar ese mismo año, pero que tampoco cumplió.

Aunque no hay un recuento del todo preciso, gracias a informaciones periodísticas se sabe de otras promociones inmobiliarias fallidas en Tenerife que se produjeron en municipios como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tacoronte, Tegueste, El Rosario, Candelaria, Güímar y Granadilla.

Por lo que respecta a Gran Canaria, dicho estudio cita igualmente el caso de la promotora Goriscamp Construcciones S.L, que tenía proyectado edificar una veintena de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria que debían ser transferidas a los propietarios de los pisos a finales de 2010, pero entró en concurso de acreedores en 2009 con las viviendas sin terminar.

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