Un juez de lo contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife descubrió el que puede ser uno de los casos más relevantes, en términos económicos, de levantamiento de reparos durante la etapa de Fernando Clavijo como alcalde de La Laguna. Se trata del decreto por el que la empresa Titsa prestó servicio al municipio entre 2009 y 2017 sin ningún tipo de contrato ni de convenio, ni concesión administrativa, según aprecia la Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido incorporar el caso al grueso de los reparos que ya se investigan en el juzgado número 4 de La Laguna, por advertir en el mismo indicios de prevaricación administrativa.
El caso Reparos se agranda al sumarse al mismo el escándalo por los impagos del Ayuntamiento de La Laguna a Transportes Interurbanos de Tenerife SA (Titsa) tras detectar la Fiscalía Anticorrupción provincial que durante ocho años dicho servicio se prestó sin más base legal que un decreto firmado en 2010 por el entonces alcalde, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), por el que levantaba el reparo interpuesto por la Intervención municipal que advertía de la ilegalidad de la situación.
Así consta en un decreto de la Fiscalía fechado el pasado mes de agosto y cuyo contenido desvela hoy en exclusiva DIARIO DE AVISOS. En el mismo se advierte de que los indicios detectados por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa determinan su remisión al Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, dado que en el mismo está imputado Clavijo por el caso Reparos. Eso sí, en una pieza separada, habida cuenta de sus beneficios como aforado al ser senador en la actualidad.
Dicha remisión se produce porque los hechos concuerdan a priori con lo que el denunciante original del caso, el ahora concejal de Urbanismo lagunero, Santiago Pérez (Avante La Laguna), define como el modus operandi llevado a cabo en el Consistorio a la hora de la contratación pública municipal durante las etapas como alcalde del citado Clavijo y de José Alberto Díaz.
Tal modo de actuar consistiría en dejar expirar los plazos del convenio de turno para, alegando una urgencia que en realidad ha sido provocada por quien la esgrime, seguir con la relación contractual sin pasar por los preceptivos requisitos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, celebrar un nuevo concurso.
La historia se remonta al 3 de agosto de 2005, cuando se firma entre el Ayuntamiento de La Laguna y Titsa un contrato para el servicio de transporte urbano en régimen de concesión administrativa por un plazo de cuatro años no prorrogables tras celebrarse un concurso al que también optó una UTE de pequeñas empresas del sector.
Transcurridos unos seis meses desde que se cumplieran esos cinco años, la Intervención Municipal lagunera formuló un reparo al “considerar improcedente la continuación del servicio por ser contraria al ordenamiento jurídico, ya que ha sobrepasado el límite temporal establecido por su contrato rector y en la insuficiencia de crédito [para afrontar el pago por los servicios del año 2009]”.
Sin embargo, Clavijo terminó levantando dicho reparo con el Decreto 263/2010, que retrotrae sus efectos hasta el día del vencimiento, el referido 3 de agosto de 2009. Desde entonces hasta 2017 no consta supuestamente más base legal.
Pero como quiera que el Ayuntamiento de La Laguna no habría pagado a Titsa los importes correspondientes a 2014, 2016, 2017 y 2018, la empresa del Cabildo interpuso una demanda que, al ser estudiada por el titular del Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, este alertó a la Fiscalía por si tuvieran los hechos relevancia penal.
Por todo ello, el decreto (firmado por la fiscal Anticorrupción y ahora también fiscal jefa provincial, María Farnés Martínez) concluye sosteniendo que: “se aprecian indicios del delito de prevaricación administrativa toda vez que mediante decreto firmado por Fernando Clavijo el transporte urbano en el municipio de La Laguna se ha llevado a cabo del 3 de agosto de 2009 hasta el año 2017 [cuando se firmó un convenio de colaboración con el Cabildo]. Por tanto, Transportes Interurbanos de Tenerife SA [Titsa] ha estado prestando el servicio público urbano de transportes durante ocho años sin ningún tipo de contrato ni de convenio, sino simplemente en base al decreto mencionado anterior que levantaba el reparo formulado por el interventor municipal y autorizaba la continuación de la prestación del servicio en tanto en cuanto se otorgara una nueva concesión administrativa, cuando de la documentación remitida ni siquiera consta que se hubiera incoado expediente alguno para esa nueva concesión”.
Una deuda de casi cuatro millones de euros que ahora reclama Titsa
Fue un auditor de Titsa quien plasmó en un informe dos hechos fundamentales en este asunto, como adelantó DIARIO DE AVISOS hace ya dos años.
Por una parte, que el Ayuntamiento de La Laguna había dejado de abonar un total cercano a los cuatro millones de euros (3.817.192,95 euros) por la prestación del servicio urbano de guaguas de Titsa en el municipio, y que corresponde a los años 2014, 2016, 2017 y 2018.
Por otra parte llega la conexión con el caso Reparos, dado que en el citado informe se asegura que hasta 2009 “se ha prestado el servicio urbano de guaguas al amparo de un contrato de gestión del servicio de transporte de viajeros en régimen de concesión administrativa y a partir del año 2009, una vez vencida la concesión, el servicio se ha seguido prestando por Titsa bajo las mismas condiciones, con la autorización del Ayuntamiento lagunero, pero sin el amparo de un contrato o acuerdo firmado entre las partes”.
Por todo ello, Titsa demandó al Ayuntamiento de La Laguna, lo que terminó poniendo a la Fiscalía sobre la pista de una nueva contratación susceptible de ser investigada en el marco del caso Reparos.
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