El año 2020 ha estado determinado por la pandemia de la COVID-19. Por las consecuencias sanitarias, los numerosos contagios y la elevada pérdida de vidas humanas. Por las restricciones en la movilidad y los confinamientos. Por sus efectos demoledores en la economía, con el cierre de empresas y el incremento del desempleo. Asimismo, por el reconocimiento de amplias capas de la sociedad del valor de lo público, de los profesionales de la sanidad y la educación, de los responsables de la seguridad, así como de todas las personas implicadas en el cuidado de nuestros mayores. Sin olvidar sectores privados esenciales, como la alimentación, la limpieza o el transporte.
Este año que acaba ha estado marcado, igualmente, por una reacción de las instituciones que, afortunadamente, poco o nada tiene que ver con lo ocurrido en la crisis económica iniciada en 2009. Si entonces se impusieron las políticas de austeridad y de recortes en los servicios públicos, y se rescató a la banca y no a los ciudadanos y ciudadanas -víctimas del desempleo, de las reducciones salariales o de los desahucios de sus hogares-, esta vez las decisiones adoptadas han sido bien distintas.
Como la suspensión de las reglas fiscales en marzo por parte de la Unión Europea, con el objetivo de que los estados miembros pudieran incrementar el gasto público e inyectar todo el dinero para mitigar los efectos de la pandemia en sus sistemas sanitarios y en sus dañadas economías. Y, por supuesto, las decisiones tomadas en julio por el Consejo Europeo, impulsando un Plan de Recuperación de 750.000 euros, una buena parte mediante deuda mancomunada entre los estados miembros de la UE. Aunque las reticencias de algunos estados retrasaran su aprobación final, y la del propio Marco Financiero Plurianual (2021-2027) de la Unión, hasta la Cumbre de jefes de Estado o de Gobierno celebrada los pasados días 10 y 11 de diciembre.
No solo la UE, sino también el Estado español y Canarias están realizando un inmenso esfuerzo para tratar de salvar la economía, el empleo y los servicios públicos. Se está produciendo una enorme movilización de recursos económicos con presupuestos anticíclicos y expansivos, que incluyen planes de reconstrucción y medidas como el mantenimiento de los ERTE, la ayuda a la financiación de las empresas y apoyar, como en el caso del Ingreso Mínimo Vital, a los sectores más vulnerables. En el período reciente se han revitalizado los servicios públicos esenciales y, en especial, el sistema sanitario, así como el educativo y todo lo referente a los cuidados de las personas. El sector público es hoy, y lo seguirá siendo los próximos años, el auténtico pulmón de la economía y de la sociedad.
Además, esa intervención de los poderes públicos mediante los multimillonarios planes de recuperación sanitaria, económica y social se hace reorientando la economía hacia el desarrollo de las energías renovables, la digitalización o la movilidad sostenible. En definitiva, apostando por un modelo económico más verde, centrado en las personas y con cohesión social, territorial y de género.
En Canarias, los efectos de la pandemia en la economía han sido mucho mayores que en otras comunidades y estados por nuestra dependencia del sector turístico, que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo en nuestra tierra y que se ha visto abocado a una inactividad prácticamente total; y, por tanto, precisarán de unas medidas diferenciadas por los poderes estatales para contribuir a su recuperación. En esas circunstancias, el Gobierno canario ha decidido presupuestar para 2021 un 5% más que para el año a punto de finalizar, con un incremento de 407 millones de euros, pese a la previsión de una caída de 434 millones de ingresos tributarios. Garantizando la continuidad de los miles de trabajadores contratados este año para reforzar los servicios públicos. Asimismo, hemos apostado por no subir impuestos, no aumentar la deuda y reducir sus intereses, y consignar 176 millones más en el capítulo de inversiones hasta llegar a los 1.180, lo que representa un aumento del 17,5%. Además, el apoyo a los sectores productivos crece en un 22,7%.
Las esperanzas están puestas en las vacunas que empiezan ya a administrarse en Europa. Pero la recuperación no será inmediata. Si en los próximos meses se logra frenar la expansión del virus, el 2021 puede significar el inicio de la senda de la recuperación, pero esta se prolongará varios años.
El año se va a cerrar, tras la confirmación del presupuesto europeo y de los fondos de reconstrucción, con las buenas noticias que suponen la aprobación de las cuentas públicas canarias y de las estatales, presupuestos sociales y dirigidos a la recuperación económica. Así como con relevantes avances legislativos como la LOMLOE, que reforma la segregadora y centralista LOMCE, y la ley sobre la eutanasia. Pero también con la permanencia en el Estado español de una crispación política que degrada la democracia y alimenta la desafección ciudadana, generando un clima propicio para el desarrollo de los autoritarismos que tanto añoran algunos.
Aparte de la COVID-19, ha tenido gran relevancia el fenómeno migratorio, con un repunte significativo en la llegada a las Islas de barquillas y cayucos procedentes del cercano continente africano. Y con improvisación y respuestas del Estado inadecuadas y ajenas al respeto a los derechos humanos, como el tristemente famoso campamento multitudinario instalado durante meses en el muelle de Arguineguín.
Desde las instituciones canarias hemos rechazado que el Archipiélago se convierta en una cárcel de personas migrantes. Hemos exigido condiciones dignas de acogida y la derivación hacia otras comunidades, con especial énfasis en el caso de los menores no acompañados. Y planteado la necesidad de combatir cualquier forma de racismo y xenofobia. Considerando, asimismo, que ante un fenómeno complejo y que se puede incrementar en el futuro, las organizaciones internacionales deben actuar coordinadamente, mediante políticas de cooperación al desarrollo de los países emisores, desatascando conflictos armados y planteando procesos migratorios reglados.
Muy cerca de Canarias, este año se ha avivado un viejo y enquistado conflicto. El Sáhara vuelve a la arena informativa cuando se cumplen 45 años de la marcha verde, la invasión marroquí de la colonia española. Como siempre han reclamado la mayoría de las instituciones y organizaciones políticas canarias resulta esencial que se cumplan las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas y que el sufrido pueblo saharaui pueda ejercer democráticamente su derecho a la autodeterminación en un referéndum en condiciones de transparencia y libertad.
En el ámbito internacional, hay que destacar el acuerdo alcanzado hace unos días para la separación ordenada del Reino Unido de la UE, efectiva a partir del próximo 1 de enero. Los efectos del brexit sobre el sector hortofrutícola canario de exportación se han visto mitigados por las respuestas consensuadas de la Comisión Europea en el marco del POSEI.
También es muy relevante la derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y la sorprendente resistencia del candidato republicano y todavía presidente a aceptar el resultado de las urnas. Queda la incógnita de si el trumpismo, que alimentó a las derechas extremas en todo el mundo, también en el Estado español, es un fenómeno en declive o si persistirá en el tiempo su populismo ultraconservador y demagógico.
Nos enfrentaremos ahora a un nuevo año, el 2021, con muchos y relevantes retos. En el que habrá que redoblar los esfuerzos para superar la grave crisis sanitaria, económica y social. Y conseguir una respuesta específica del Estado para rescatar al sector turístico, como se ha hecho en distintas ocasiones con otros sectores en crisis.
Desde el fundamental aporte de la ciencia, la trascendencia de los servicios públicos, la unidad de la sociedad en el Plan Reactiva Canarias y el papel clave de las administraciones, este 2021 puede y debe ser el año en que comencemos a superar la pesadilla vivida en 2020 y a establecer las sólidas bases de un futuro sostenible y de mayor equidad, volcado en el bienestar de las personas y en el cuidado del medioambiente. Un futuro en el que no vuelva a ponerse en duda el valor de lo público para afrontar problemas colectivos y para sostener no solo los servicios esenciales, sino también la economía cuando el sector privado se ve en muy graves dificultades.
*Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias
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