Unas leyes fáciles de entender y de aplicar

No es muy normal lo que está ocurriendo en asuntos capitales para la suerte futura de las Islas. Particularmente, aunque no solo en lo relacionado con los usos de los suelos y el territorio, donde de una parte se erigen políticos y funcionarios -burócratas de toda laya- en únicos intérpretes y defensores de un bien común que está lejos de poderse acreditar. Y de otra, ciudadanos indefensos que ven cómo sus derechos de propiedad son diluidos en costosas y complicadas regulaciones, tan abstractas que solo averiguar en qué punto legal se encuentran ya constituye un esfuerzo enorme.

Estos traductores de la norma no siempre responden por la voluntad del legislador y se ajustan a lo que está explícitamente contemplado. Las más de las veces es analizada con criterio y sesgo de parte, y si en el otro lado de la ventanilla hay un empresario, las reservas se disparan y las complicaciones se convierten en disuasorias para cualquiera que se juegue su patrimonio. Ese burócrata, obvio es decirlo, no solo no arriesga nada, también en momentos como los actuales, en que tantas personas temen por su futuro, confía en mantener el suyo sin demasiados contratiempos.

Existe, también, el colaborador. Aquel que observa la injusticia y se ofrece a promover cambios en la norma, que impida prolongar la iniquidad en el tiempo. Hay asuntos diversos en la Isla de Tenerife que bien encuadrarían en esa situación, la de una flagrante injusticia en la que todos reparan y a la que, algunos, intentan buscar ahora una solución. Piénsese en el caso de El Mojón, en Arona, un proyecto que está en la entrada misma de Los Cristianos y que lleva más de tres décadas sin avanzar, con varias familias arruinadas y continuos cambios de propietarios que, no pudiendo explotar lo que legítimamente era suyo, o lo han malvendido o han terminado enterrando sus sueños en un negocio ruinoso. Y con la propiedad del suelo en manos, en buena parte, de las entidades financieras. O piénsese en lo que ocurre con la extracción de áridos también en esta Isla -no ocurre igual en todas, lo que invita a la reflexión sobre la rigidez con la que se trabaja en función de cada territorio insular-, actividad tan denostada que parece mentira que pueda tratarse de un producto tan esencial como cualquier otro de primera necesidad. Y lo es, no avanzaremos sin construcción, no es posible concebir un futuro próspero sin las infraestructuras que necesitamos y todo esto que está por construir no será viable sin áridos. Claro que se podría importar -como han sugerido algunos de quienes obstaculizan su obtención, visionarios para los que los costes son apenas un pequeño problema que se resuelve con voluntad política-, pero sería a un precio tal que resultaría impagable e insostenible. Alguna vez deberíamos reparar en el daño que se hace a los más desfavorecidos, incluso cuando la idea fuerza de quien actúa dice ser la de protegerlos. Si una vivienda se encarece artificialmente por este tipo de capricho funcionarial o político, ¿afectará solo a los más pudientes? Recaudar más impuestos para pagar más pudiendo ahorrar con decisiones basadas en la eficiencia, ¿castiga solo a las empresas o los empresarios? Digámoslo claro, ni hay tantos ricos en Canarias como se piensa ni tenemos empresas con el tamaño suficiente para que puedan asumir, vía pago de tributos, todas las ideas brillantes que salen de la mente de nuestra cara burocracia.
En un país con tan prodigiosa capacidad para crear nuevas normas, no necesitamos adicionales textos. Siquiera para cambiar los existentes o, como decíamos, para corregir profundas injusticias.

Básicamente porque supone una inversión en tiempo que es inasumible en una época como la actual, marcado nuestro futuro más inmediato por la necesidad de actuar rápido y hacerlo bien. Y convencernos de que no podemos crear leyes y luego modificarlas, para que otros posteriormente dejen su sello y que, los que vengan más tarde, impongan su impronta. En asuntos esenciales, no es razonable cambiar por criterios ideológicos las normas, antes al contrario, sería necesario alcanzar el más amplio acuerdo y dejar que las leyes cumplen su cometido, permitiendo todo lo que como sociedad consideramos se puede hacer y limitando aquello que no nos parezca razonable. Y que sea sencilla, fácil de interpretar, de general aplicación y que resulte casi inmutable. Eso es lo que necesitamos.