Las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para concretar las condiciones de la separación en ámbitos como el comercial, la seguridad o el transporte, se cerraron en el último minuto el pasado 24 de diciembre, evitando una salida sin pacto. Pero el brexit es duro y, a partir de ahora, la UE mantendrá una relación con el Reino Unido similar a la que tiene con Canadá o Japón. Como señalé tras la celebración de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la UE, en la que participaron las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se trata de un acuerdo civilizado y razonable en el que, para Canarias, resultan muy relevantes el mantenimiento de la conectividad aérea, la eliminación del requisito de visado para estancias cortas y medias y la ausencia de aranceles, aunque sí controles a los productos para su entrada en suelo comunitario, acuerdo ya ratificado el lunes de esta semana por el Consejo. Aun pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo, el acuerdo es efectivo a partir del pasado 1 de enero.
Reino Unido es el primer Estado que abandona la UE. Una decisión adoptada en las urnas en junio de 2016 por un 52% de los votantes en el referéndum convocado por el primer ministro conservador David Cameron, en un intento fallido de contener el euroescepticismo dentro y fuera de su partido. Cameron hizo campaña a favor de la permanencia en la Unión y dimitió una vez conocidos los resultados. En el referéndum se produjeron notables diferencias generacionales (los jóvenes votaron mayoritariamente por la permanencia) y asimismo entre las naciones que integran el Reino Unido. En Escocia (62%) e Irlanda del Norte (55,8%) triunfaron claramente las tesis de continuidad en la Unión Europea. En Londres, la capital y ciudad más poblada, también fue masivo el apoyo a la permanencia: casi el 70% votó europeísmo.
Estas diferencias territoriales pueden tener consecuencias futuras, especialmente en el caso escocés, donde han resurgido con fuerza las reclamaciones independentistas que plantean, además, su paralela inclusión en la UE. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon (Partido Nacionalista Escocés), no ha podido ser más clara al señalar hace unos días que el brexit tiene lugar al margen de la voluntad escocesa y asegurar que ya es hora “de trazar nuestro propio futuro como nación europea independiente”.
Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que presidió la negociación con el primer ministro británico Boris Johnson, se ha llegado a un acuerdo “justo y equilibrado”, que evitará problemas a empresas, trabajadores y viajeros. Por su parte, Michel Barnier, negociador jefe de la Unión Europea para el brexit, destacó que en esta batalla no ha habido ganador, sino que hemos perdido todos. “Es un debilitamiento separarse, sobre todo en el mundo de hoy, un mundo peligroso e inestable donde debemos estar juntos, para pesar contra Estados Unidos o China. El Reino Unido ha optado por ser solitario en lugar de solidario”, asegura Barnier.
Consecuencias
El acuerdo está estructurado sobre tres bases: libre comercio, alianza sobre seguridad de los ciudadanos y gobernanza. En la primera, con relación al libre comercio, además de intercambios de bienes y servicios, se abordan otras áreas, desde la inversión y la competencia a las ayudas de Estado, pasando por la transparencia fiscal, la conectividad, la energía y la sostenibilidad, la pesca, la protección de datos y la coordinación de la seguridad social. No se establecen aranceles para los bienes que cumplan con las reglas de origen, facilitando así su acceso al mercado y evitando subidas de precios y daños a distintos sectores económicos, entre ellos el agrícola. Pero sí habrá controles aduaneros, aunque simplificados, y se establecerán certificados y controles sanitarios y fitosanitarios en frontera. El acuerdo prevé una conectividad por carretera, aérea, ferroviaria y marítima continua y sostenible. Y, respecto a la Seguridad Social, se intenta garantizar los derechos de los ciudadanos europeos y británicos que trabajen, viajen o modifiquen su residencia a partir de ahora.
La segunda base es la alianza para la seguridad de la ciudadanía, estableciendo un nuevo marco de cooperación policial y judicial, en particular para luchar contra la delincuencia y el terrorismo transfronterizo. Y la tercera, un entendimiento sobre gobernanza, brindando la máxima seguridad jurídica a las empresas, los consumidores y los ciudadanos; y respetando sus derechos a través de mecanismos vinculantes de aplicación y solución de conflictos. Por otra parte, respecto a las políticas medioambientales y contra la crisis climática, el Reino Unido tendrá plena soberanía. Aunque se establece el compromiso de cumplir el Acuerdo de París contra el cambio climático y se reafirma el objetivo de ambas partes de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles en 2050. Y en el ámbito educativo, Reino Unido dejará de participar en el programa de intercambios estudiantiles Erasmus.
En lo que afecta a Canarias, el tema turístico sale bien parado al garantizarse la conectividad aérea y plantearse visados solo para estancias de larga duración, superiores a 90 días. Y, con relación al sector agrícola de exportación de las Islas, antes de cerrarse el acuerdo ya se había recibido el visto bueno de la Comisión Europea a las modificaciones propuestas por el Gobierno de Canarias en el POSEI para compensar el impacto del brexit. Con la creación de una nueva ayuda para la readaptación a los mercados, dotada con 3 millones de euros destinados a paliar los efectos de la salida del Reino Unido de la UE, posibilitando que los productores se readapten a las nuevas condiciones del mercado. Estará en funcionamiento desde este año 2021 hasta finales del 2022. A partir de 2023, habrá que negociar. La acción incluye dos formulaciones cuyos objetivos son paliar la pérdida de competitividad del sector de producción de tomate y mantener las explotaciones agrarias: una por hectárea, ya preexistente, pero que se eleva de 15.000 a 24.000 euros/hectárea; y otra novedosa por reconversión, de 15.000 euros por hectárea.
Ahora toca la ratificación del Acuerdo sobre el Brexit por parte de las instituciones europeas en los plazos previstos, de manera que permita la plena eficacia de este a partir del próximo mes de marzo. Quedan, además, algunos interrogantes por resolver, especialmente sobre los mecanismos que se pondrán en marcha para velar por la reciprocidad en la aplicación de las medidas por el Reino Unido, tanto a nivel estatal como europeo. Y, asimismo, estamos aún pendientes de conocer la propuesta de normas de funcionamiento del fondo de reserva de ajuste al brexit creado por acuerdo del Consejo Europeo el pasado mes de julio con una dotación de 5.000 millones de euros. Dirigido al apoyo a las empresas y sectores afectados, y de manera especial a las administraciones públicas en el funcionamiento de los controles fronterizos, aduaneros, sanitarios y fitosanitarios.
Globalmente, es un brexit duro, en el que el Reino Unido abandona el mercado único y la unión aduanera de la Unión Europea, así como su participación en las políticas de la UE y los acuerdos internacionales. No podemos perder de vista que, por razonable que se considere el acuerdo, la realidad es que el Reino Unido ha roto con la UE. Que un país de notable peso económico, político y cultural abandone la Europa comunitaria no puede considerarse en ningún caso una buena noticia. Otra cosa es que se haya conseguido pactar las condiciones de la ruptura y que las consecuencias hubiesen sido aun peores sin acuerdo.
* Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias
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