La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Gemma Martínez, ha pedido este lunes que no se criminalice al colectivo de menores extranjeros no acompañados que tutela esta comunidad por las infracciones que, efectivamente, han cometido “dos” de los 2.656 que lo conforman.
Antes de reunirse con los cabildos para abordar una nueva redistribución entre las islas de estos chicos, dada la saturación que registran los recursos habilitados en Gran Canaria, Martínez se ha referido a los incidentes ocurridos en las últimas semanas en espacios públicos y alojamientos turísticos donde se acoge tanto a estos menores como a inmigrantes adultos.
Unos altercados que, según ha dicho, “no son representativos del volumen de menores extranjeros no acompañados que tutela el Gobierno canario”.
La viceconsejera ha precisado que han sido “cuatro incidentes” en los que han estado involucrados dos de estos menores, que ya han sido puestos a disposición judicial, por lo que, tal y como ha confirmado la directora general de Protección a la Infancia y Familia, Iratxe Serrano, cuentan ya con las medidas judiciales que se ha considerado imponerles.
“Pedimos responsabilidad. Nosotros actuamos de manera contundente, pero hay que dimensionar bien la problemática y no criminalizar a todo el colectivo por la actuación irresponsable de unos cuantos”, ha aseverado.
La número 2 de la Consejería regional de Derechos Sociales ha recalcado que los incidentes con menores infractores son reportados inmediatamente a la Fiscalía y la Policía, instancias a las que este departamento ha pedido que refuercen su personal “para poder controlar mejor, aunque ya lo hacen muy bien, a los menores que tienen a cargo”.
De la misma forma, se ha pedido a la Policía Canaria y la Guardia Civil “que refuerce su presencia en la calle en los lugares donde se han producido incidentes para garantizar” tanto la seguridad ciudadana como la de los propios menores.
Preguntada por los brotes xenófobos registrados en las últimas semanas en Canarias a cuenta de la permanencia en establecimientos turísticos de miles de inmigrantes, a los que se alberga en estos recursos de emergencia por las carencias que presenta la red de acogida, Iratxe Serrano ha admitido que estas presiones, que generan incluso vecinos, también afectan a los menores no acompañados.
Serrano ha manifestado que “es verdad que existen conflictos, también entre ellos”, pero ha dicho que “no son representativos”.
“Ellos no quieren tener problemas, hemos visto cómo en los centros los menores ejercen una fuerza de contención ante cualquier conflicto, y llegan a recriminar su actitud a los chavales” que pueden generarlos, ha aseverado.
Por todo ello, Gemma Martínez ha reiterado que se ha de ser “muy cauto y responsable” a la hora de hacer declaraciones sobre este asunto “porque se están alentando actitudes xenófobas y el pueblo canario nunca lo ha sido”.
“Entendemos que existe un problema, que podemos estar muy cansados porque el Estado no le está dando suficiente respuesta” a esta crisis humanitaria, “pero responsabilidad ante todo porque estos niños no se merecen esto”, ha recalcado la viceconsejera canaria de Derechos Sociales.
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