La Navidad, esa época del año que tanto nos gusta, siempre termina por pasarnos factura. De ahí la tan temida cuesta de enero. Y es que el primer mes del año suele arrancar con déficit en las cuentas familiares debido a los gastos de diciembre: comidas, cenas, regalos… A esto se une el hecho de que siempre a principios de año entran en vigor subidas impositivas como gasolina, luz, agua, gas… lo que provoca que muchos hogares se tengan que apretar aún más el cinturón.
En cuanto a las empresas, por regla general, siempre aprovechan el mes de diciembre para ingresar lo suficiente para poder cerrar el año con beneficios y afrontar las pérdidas de los primeros meses del año, ya que debido a los gastos son pocas las familias que salen a consumir. Pero este año la situación se ha complicado. La crisis sanitaria ha supuesto un auténtico drama para el tejido empresarial debido a las restricciones por la pandemia: toque de queda o cierre de las zonas interiores de los locales, entre otras. No en vano son ya más de 9.000 empresas las que han echado el cierre como consecuencia de la Covid-19 en las Islas. Sólo en el mes de marzo, cuando se decretó el Estado de Alarma, el Archipiélago perdió 5.081 empresas, sin contar con las que no tienen empleados a su cargo que son el 57% del total de las empresas que hay en las Islas.
Son muchas las expectativas que se han quedado por el camino y muchas las empresas que no volverán a abrir. Hay que tener en cuenta que tanto cerrar como reabrir un negocio cuesta muchísimo y muchos empresarios sopesan en estos momentos si “compensa”. El tejido productivo de las Islas se sustenta en pymes de entre 1 a 9 empleados lo que dificulta aún más su mantenimiento. Es cierto que el anuncio, el pasado sábado, de que Tenerife pasa a Nivel 2 ofrece un halo de esperanza a muchos empresarios, sobre todo de la hostelería, los más perjudicados por las restricciones, pero no hay que olvidar que la incertidumbre sobre los ERTE (aunque todo apunta a que se prorrogarán hasta que finalice el Estado de Alarma) y la evolución de la pandemia han contenido el gasto (la tasa de ahorro se sitúa en cifras récord, un 23%) lo que hace presagiar un primer trimestre muy duro tras el pequeño respiro de estas Navidades.
Son muchas las empresas las que han aguantado hasta final de año con la esperanza de “recuperar” algo de lo perdido desde el inicio de la crisis sanitaria, incluso abriendo a pérdidas o con ingresos muy bajos.
La patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, anunció también la pasada semana que los hoteles de la provincia no están ni al 20% de ocupación y que apenas el 36% de las camas turísticas asociadas a Ashotel están abiertas. De hecho, más de 30 establecimientos hoteleros que abrieron en 2020 tras el primer Estado de Alarma han vuelto a cerrar, en este caso, debido a las grandes restricciones de la pandemia en los principales países emisores de turistas de las Islas: Reino Unido y Alemania. El sector hotelero de Canarias no se puede sostener sólo con el mercado local, así que Jorge Marichal, presidente de la patronal, ya dio por perdida la pasada semana la temporada de invierno en Canarias y tampoco tiene puestas muchas esperanzas en la Semana Santa. Sólo confía en que el proceso de vacunación en toda Europa se complete lo antes posible y se pueda contar con esa inmunidad de rebaño que dé seguridad a residentes y turistas.
Y es que la marcha de la vacunación es crucial para las empresas. El Banco Mundial alertó a principios de este mes de que el rebote económico que había anunciado se podría quedar en la mitad si hay retrasos en la vacunación. En sus últimas previsiones, a principios de este verano, el organismo apuntaba a un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) global del 4% para este año, pero ahora estima que éste podría caer hasta el 1,6% si el proceso de inmunización se retrasa. El Banco Mundial, en un informe publicado por El País, lo tiene claro: “cuanto antes se administre el fármaco, más rápida y robusta será la recuperación económica; cuanto más se demore, más lento será el regreso a la vida de la economía”.
A toda esta incertidumbre a la que se tienen que enfrentar las empresas se une el agobio por las líneas ICO, créditos que tienen que devolver y que no saben cómo puesto que sus ingresos se han reducido, en muchos casos, sobre todo en comercio y restauración, en más de un 70%. Esta línea de avalas puesta en marcha por el Estado al inicio de la pandemia de hasta 100.000 millones de euros fue vista en ese momento con muy buenos ojos por pymes y autónomos, pero ahora, casi 10 meses después, está siento un auténtico quebradero de cabeza para muchos empresarios. Esta medida se adoptó pensando en una recuperación económica más rápida y, aunque tienen un período de carencia de un año, al final hay que devolverlo. Afortunadamente, el Gobierno ha anunciado que ampliará el plazo de carencia, previsto inicialmente para este mes de marzo, ya que es prácticamente inviable que muchas empresas puedan hacer frente al pago de las cuotas ante la falta de ingresos.
Hasta el pasado 11 de noviembre se habían firmado 876.000 operaciones, el 98% de ellas con pymes y autónomos, por un importe avalado de 81.787 millones de euros.
Debido a la extensión en el tiempo que está teniendo esta crisis sanitaria y la lenta recuperación económica, los empresarios no se cansan de pedir ayudas directas al Gobierno para poder sobrevivir y no tener que echar el cierre y, lo peor de todo, despedir. No quieren oir ni hablar de una posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un momento en el que las empresas estás asfixiadas. De hecho, un estudio de Randstad Research en colaboración con CEPYME revela que una subida del 5,3% del SMI ahora tendría un impacto negativo sobre el empleo de entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo entre 2021 y 2022. El 52% de la pérdida total de este empleo recaería en los sectores de la hostelería y comercio.
Por eso, los empresarios añoran medidas de ayudas directas y a fondo perdido como las que han aplicado en países vecinos. Italia, por ejemplo, paga el alquiler aquellas empresas de la hostelería que cierren y abonan a los restaurantes de 29 zonas turísticas un máximo del 20% de los ingresos que hayan perdido. Según publica el portal Información.es, Holanda es el país que más ayudas ha aportado al sector de la hostelería (15.000 millones). Las aportaciones, a fondo perdido superan los 2.500 euros por establecimiento al mes. Las ayudas en Alemania (más de 10.000 millones de euros) durarán hasta finales de junio de 2021 y, dependiendo del tamaño de la empresa, puede conseguir hasta 200.000 euros de subvención y hasta el 90% de los costes fijos. Bruselas aporta 3.000 euros a todos los negocios que tengan que cerrar por las restricciones y, nuestra vecina Francia, abona ayudas de hasta 10.000 euros mensuales a empresas con menos de 50 trabajadores con pérdidas de hasta el 70% de sus ingresos.
En Reino Unido se han habilitado líneas de ayuda de 3.000 libras para pagar gastos corrientes, como el alquiler del local y los suministros de luz y agua, y también asume dos tercios del salario de los trabajadores. Tras anunciar un nuevo confinamiento el pasado 4 de enero, se introdujo una nueva línea de ayudas por 5.100 millones de euros. Los comercios, bares y restaurantes podrán recibir hasta 10.000 euros. En el caso del gobierno luxemburgués éste ofrece medidas de apoyo de 20.000 euros al mes para microempresas, 100.000 euros mensuales para pymes y 200.000 para las grandes empresas. Luxemburgo aprobó estas ayudas sin haber decretado el cierre total de los establecimientos hosteleros. Medidas que, sin lugar a dudas, son la envidia de los empresarios españoles y, por supuesto, canarios que aún, mientras agonizan, siguen a la espera del paquete de ayudas directas anunciado por el Ejecutivo regional.
Hasta el 10% de las empresas están abocadas al cierre por la crisis
El Banco de España hizo público a principios de mes un informe sobre El impacto de la crisis del COVID-19 que revela que entre el 6,1% y el 9,9% de las compañías de nuestro país desaparecerán por un problema de solvencia ya que sus resultados empresariales no serán suficientes para responder a la presión financiera. Como comparativa, en 2019, el porcentaje de compañías insolventes que acabaron cerrando solo llegó al 4%.
Además, el porcentaje de las empresas insolventes (aquellas con unos resultados futuros insuficientes para afrontar la deuda) oscila entre el 14,5% y el 18,7%. En el escenario menos optimista, la proporción de negocios con problemas de insolvencia prácticamente se duplica, ya que en el 2019 suponían un 10,5% del total. Según el organismo español hasta finales de septiembre la pandemia ha provocado un desplome de la actividad y una reducción del 70% del beneficio ordinario neto con respecto al año anterior.
El incumplimiento de los pagos a proveedores, otro drama más
La situación empeora para las empresas si, además, tenemos en cuenta que la mayoría, por no decir la totalidad de las administraciones públicas incumple los plazos medios de pago a sus proveedores, algo que afecta enormemente a la liquidez de pymes y autónomos. El plazo legal para que las Administraciones Públicas paguen a sus proveedores está establecido en 30 días, pero en Tenerife hay ayuntamientos que lo superan con creces, como es el caso de Arico, Icod y La Victoria, que pagan a una media de 240, 230 y 192 días, respectivamente.
Pilar Ferrer, directora ejecutiva de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), explica que en España “medio millón de empresas está en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos, tanto por parte del sector público como por el sector privado”. Ferrer señaló que son, especialmente, los ayuntamientos pequeños las administraciones que peor pagan debido “a problemas de liquidez y de falta de gestión”. “Muchos ayuntamientos no son conscientes de que esas facturas son el sustento de muchos negocios y que el retraso en el pago puede generar insolvencia y el cierre del negocio”. Por ello, indicó que es “fundamental” la puesta en marcha del régimen sancionador, cuyos trámites ya se han iniciado en el Congreso, que multará a las empresas morosas. “Esta medida evitará que se rompa la cadena de pagos velando por que las empresas paguen dentro del plazo legal (60 días), reduciendo así el endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos. De esta forma, se inyectará liquidez y se mejorará la competitividad y productividad de las empresas. No tiene un afán recaudatorio”, señaló Ferrer, “sino ejemplarizante para los pagadores”.
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