Antes de la actual crisis migratoria, la localidad de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán, era famosa por ser la cuna de dos ilustres futbolistas internacionales: Juan Carlos Valerón y David Silva. Ahora, la alcaldesa acusa a las otras administraciones de pasarse la pelota. Onalia Bueno ha cobrado relevancia informativa por cómo está encarando una situación “insostenible”, en la que se juntan un drama humano, una emergencia sanitaria y una catástrofe económica. Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, además de dos másteres, fue concejal de 2003 a 2007 y, previamente, adjunta a la Consejería de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías del Cabildo. En 2019 ganó por mayoría absoluta al frente de Ciudadanos para el cambio (Ciuca), después de que en 2015 pactara con el PSOE a falta de un acta para poder gobernar en solitario.
-¿Qué se ha acordado en la Junta Local de Seguridad?
“Le hemos pedido al delegado del Gobierno [Anselmo Pestana] que se mantenga en Mogán la unidad GRS [Grupos de Reserva y Seguridad del instituto armado] hasta que los inmigrantes, tantos mayores como menores, sean reubicados. Los 55 efectivos de la Guardia Civil y los de la Policía Local son insuficientes para abordar los incidentes leves, graves y muy graves, que van en aumento. Nos remitidos especialmente a las dos últimas semanas, con el robo en un establecimiento de restauración: tres ocasiones en el mismo día. La inseguridad no es una percepción, sino una realidad en un municipio que alberga a 2.800 inmigrantes y a casi 600 menas [menores no acompañados]. Es la mayor proporción de la isla de Gran Canaria”.
-¿A qué se debe eso?
“Al acuerdo entre los hoteleros y el Ministerio de Migraciones para poner las instalaciones a su disposición”.
-¿Cuántos son?
“Diez, de los cuales tres son de menas”.
-¿Cómo va el proceso relativo a las sanciones?
“Estamos incoando los expedientes para sancionar a los establecimientos hoteleros por el incumplimiento de la Ley del Suelo y la de Renovación Turística de Canarias. Bien es cierto que hay uno, Arguineguín Park, que no tiene licencia de primera ocupación. El delegado del Gobierno se ha comprometido a que los primeros en ser desalojados para su traslado al campamento Canarias 50 sean los de ese hotel nuevo en el que han sido alojados 900 inmigrantes”.
-¿Qué dicen los propietarios?
“¡Encantados de la vida! Están ganando mucho más dinero con la inmigración, por el alquiler mensual y el mantenimiento de las personas, que con un turoperador. Y no sacan a nadie del ERTE, porque están a cargo de ONG y fundaciones. El ministerio contrata para los mayores de edad y la Consejería de Derechos Sociales ejerce sus competencias sobre los menas”.
-¿En los altercados solo intervienen inmigrantes llegados en embarcaciones clandestinas?
“Son los que vinieron del campamento y los alojaron en los hoteles”.
-¿Hay respuesta a las cartas?
“No hemos recibido respuesta al llamamiento para que dejen de permitir el incumplimiento de la normativa turística y urbanística con el uso de los complejos turísticos como centros de acogida asistencial. Tampoco, a la última carta que se envió a la Intervención General del Estado y a la de la Comunidad Autónoma sobre el uso de dinero público contra la ley”.
-¿A cuánto ascendería la multa en cuestión?
“La multa oscila entre los 6.001 euros a los 150.000, aparte de los destrozos que les están causando los inmigrantes”.
-¿Con codazos se avanza?
“Ante el desbordamiento que se visualizó con la instalación del campamento de la vergüenza en el muelle de Arguineguín, el 20 de agosto, ante la inacción por parte del Gobierno de España, que sabía de antemano que iba a venir una crisis migratoria, y en vista de que no había ninguna infraestructura preparada, todos arrimamos el hombro. Pero resulta que el contrato con las instalaciones turísticas finalizó el 31 de diciembre. La diferencia con 2006 es que los campamentos los levantaban los militares, como el hospital de Ifema, en Madrid, y ahora lo hace Tragsa, una empresa pública, que va a su ritmo. El delegado nos ha trasladado que en dos semanas estarán prácticamente operativos algunos y que se derivarán inmigrantes de forma escalonada”.
-¿Qué aspecto presenta el muelle de Arguineguín?
“Se desmanteló el 30 de noviembre. Patera que entra, llega la Cruz Roja y los lleva a Barranco Seco; como en 2006”.
-El magistrado Arcadio Díaz Tejera ha declarado que aquellas personas conflictivas o violentas deben ser expulsadas…
“Lógicamente”.
-Ante los brotes de tensión, la corporación ha apelado a la calma. Sin embargo, no se libran ustedes de las acusaciones de xenofobia. ¿Cómo se lo toman?
“Insultan a esta alcaldesa ante la incompetencia supina de otros que no hacen su labor”.
-¿En qué se ha quedado la denuncia archivada por un Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana?
“Eso está recurrido por la Fiscalía y nosotros nos hemos personado como Ayuntamiento, porque no se pueden repetir estos hechos tan lamentables [el hacinamiento en el muelle]”.
-¿La confrontación política deja heridos?
“Lo que tiene que haber aquí es gestión y lealtad institucional. Gracias a Ángel Víctor Torres, la situación de Arguineguín se desbloqueó. Precisamente, porque hemos estado en perfecta coordinación en estos meses. Él [jefe del Ejecutivo canario] es el que ha echado el pulso al Gobierno de España. Han venido tres ministros y la comisaria europea del Interior [Ylva Johansson]. Nos ha costado bastante y ha tenido que mediar [Torres] en muchísimas ocasiones”.
-No parece que haya predominado la transparencia…
“La falta de transparencia en esta crisis migratoria por parte del Gobierno de España ha sido evidente. ¡Una pasada!”.
-¿Qué supone Mogán en la isla de Gran Canaria?
“Mogán cuenta con 20.500 habitantes y 35.000 plazas alojativas. Vivimos fundamentalmente del sector turístico, con un gran potencial agrícola: la mayor producción de aguacate, mango y piña tropical de Gran Canaria. Plátanos, no tanto. Y están las dos cofradías más importantes de la isla: Arguineguín y Playa de Mogán”.
-¿Qué otros asuntos ocupan la agenda del Ayuntamiento?
“Las obras, constantemente, implementando proyectos para la mejora de los vecinos y los turistas. Estamos centrados en un programa europeo para entregar al Ejecutivo de Canarias y al Gobierno de España una ambiciosa propuesta de reconversión. Sobre todo, esta alcaldesa colabora para que se solucione el caos de la inmigración irregular”.
-¿Qué datos se registran en cuanto a la pandemia?
“En estos momentos, hay 37 positivos en seguimiento y 130 en total, entre sospechosos y contactos estrechos. Ha habido un fallecido, un caso importado”.
-¿Qué medidas se han adoptado en el municipio?
“Cerrar los parques, las canchas deportivas…”.
-Por norma general, ¿los vecinos se comportan con un alto nivel de responsabilidad?
“Los inmigrantes son los que no cumplen: no se cubren con la mascarilla, no guardan el toque de queda…”.
-¿Han previsto algún tipo de ayuda específica?
“El año pasado congelamos el cobro de las terrazas y de los mercaderes turísticos. La tasa de basura, al mínimo para los comercios sin actividad. Y hemos prolongado el fraccionamiento en el pago de los impuestos a aquellos vecinos que lo soliciten. En definitiva, dar comodidades”.
-¿Se ve una luz de esperanza en el horizonte?
“La esperanza es que los inmigrantes sean reubicados en los campamentos militares, que volvamos a la normalidad en el municipio para que los pocos turistas dispuestos a viajar vengan, porque los fieles a Mogán preguntan si todavía hay inmigrantes en los hoteles”.
-¿Cuáles son los principales mercados emisores?
“Gran Bretaña, los nórdicos y Alemania. Claro, habrá que esperar a que se recuperen”.
-¿En qué ha derivado la detención de la alcaldesa y de dos concejales, en septiembre?
“Desde 2007 se nos viene acusando de la compra de votos. Este caso ha sido archivado y confío en que se cierre otra vez”.
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