Fue en noviembre de 2016 cuando se confirmó que dos grandes cuevas debajo de la calle Pelinor, en el barrio portuense de Punta Brava, afectaban a cinco viviendas. Ante el peligro de derrumbe que ello suponía sus propietarios se vieron obligados a marcharse y a buscar otras alternativas habitacionales sufragadas por el Ayuntamiento y no han regresado aún ya que la advertencia sigue vigente.
Lo cierto es que no podrán volver debido a las incertidumbre jurídicas, administrativas y de la propia obra, confirma el concejal de Ciudad Sostenible, Urbanismo y Planificación, David Hernández, quien comunicó la decisión a los afectados en una reunión celebrada en octubre del año pasado pese a que algunos que entiendan que no se trasladadó “así, de manera tan clara”.
Según Hernández, “la noticia se recibió con tristeza y también resignación porque asumnieron la complejidad del proyecto”. En ese contexto, se les informó que se están bajarando diversas opciones de apoyo habitacional que van desde cambios de planeamiento, hasta expropiaciones y un plan específico para Punta Brava que las respalde “pero todavía no hay ninguna definitiva”. Lo único seguro hasta el momento es que se mantendrá la línea de subvenciones para pagar el alquiler. La idea es volverse a reunir el próximo mes.
La calle Pelinor no cuenta con proyecto de ejecución, afirma el edil. Lo único que existe es un estudio previo de alternativas y un anteproyecto que se contrastó con los ingenieros y el geólogo que lo realizaron y una empresa especializada de la Península para tomar una decisión.
La vía de que los vecinos puedan volver se desestimó por varias razones: La primera es que es necesario encargar el proyecto con un tiempo y coste elevado. Solo actuar en la cueva requeriría entre 800.000 y 1.300.000 euros.
A ello hay que sumarle las complejidades técnicas, que permiten trabajar solo cuatro meses al año (de julio a septiembre) por el embate del mar en la zona, además de los plazos administrativos, las autorizaciones de Costas, la evaluación de impacto ambiental, y la viabilidad jurídica puesto que no se puede actuar como una obra de emergencia como ocurrió con la calle Tegueste porque los vecinos ya han sido desalojados previamente y no hay peligro.
Buscar una solución definitiva y no “a golpe de necesidad”
David Hernández sostiene que hasta ahora se ha actuado a “golpe de necesidad” en el barrio de Punta Brava pero no se ha dado una solución definitiva y ello pasa por un plan especial que nunca llega. El Ayuntamiento está inmerso en el programa europeo Life de cambio climático y el próximo mes se sabrá si se finalmente obtiene la subvención que permita un diagnóstico sobre el nivel y ypor ende, ayudará a planificar el barrio. “Hasta ahora se ha actuado ante necesidades puntuales pero no con una respuesta organizada y planificada como puede ser un plan especial a medio y largo plazo”, insiste el concejal.
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