La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado el sobreseimiento y archivo que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Cruz de La Palma dictaminó, en junio de 2020, por la denuncia de un agente de la Policía Local contra el exalcalde socialista de la capital palmera Sergio Matos. Así lo dio a conocer ayer, por medio de redes sociales, su formación política en la Isla, señalando, además, que, de esta manera, el llamado caso Multas queda definitivamente archivado, tras la pesadilla judicial a la que estuvo sometido estos años el exregidor.
A ojos del PSOE, con esta decisión de la autoridad provincial queda ratificado “lo que veníamos sosteniendo desde el inicio de este proceso”, y es que “la actuación de Sergio Matos al frente del Ayuntamiento fue completamente legal”, frente a lo esgrimido en la demanda, que apuntaba a supuestos cargos de prevaricación y acoso laboral. En este sentido, cabe recordar que todo se remonta a la desaparición de distintas sanciones por infracciones de tráfico entre los años 2011 y 2017, a lo que habría que añadir una acusación por supuesto acoso laboral contra el exalcalde santacrucero.
En lo referente al calvario que supone estar involucrado en un litigio de estas características para quien ha desempeñado responsabilidades sobre lo público, los socialistas indicaron que “la reparación del daño causado a la imagen de un servidor público ejemplar como Sergio Matos, intachable tanto en su conducta moral como legal y en su compromiso municipal, ha llegado de la mano de la Justicia, que en todos y cada uno de los momentos de este proceso no ha visto razón alguna para este caso”.
De otra parte, el PSOE citó algunos extractos del auto de la Audiencia Provincial, con fecha 28 de enero. En lo relativo a la supuesta prevaricación, se sostiene que “con la documentación recabada, no resulta ninguna prueba que permitiera determinar fehacientemente que en los expedientes examinados alguno de los intervinientes hubiera llevado a cabo conducta injusta impulsada por el ánimo de favorecer a las personas objeto del expediente”. Y en cuanto al presunto acoso: “La Inspección del Trabajo y Seguridad Social no apreció acoso laboral y tampoco consideró la juzgadora que existiera en sentido propio”.
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