Un grupo de 40 inmigrantes menores de edad alojados en distintos recursos en el entorno de Fañabé, en el sur de Tenerife, organizaron una huelga de hambre entre este jueves y ayer con el objetivo de que se les diera acceso a asesoramiento legal. En un inicio eran 27 los jóvenes que decidían interrumpir su alimentación para lograr salir del limbo en el que se hallan, y, más tarde, de acuerdo con la plataforma Canarias Libre de CIE, se unieron otros 13 hospedados en otro enclave cercano. Ya en horario de tarde pondrían fin al ayuno, toda vez que fueron atendidas sus demandas, señaló la entidad.
Sin embargo, las dificultades que poseen las personas arribadas en patera o cayuco a las Islas para recibir información sobre sus derechos y deberes es bastante recurrente. Así lo afirma, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, la abogada Elvira Yanes Socas, que, por medio del turno de oficio, ha prestado sus servicios a algunos de los participantes de la huelga. En este sentido, la jurista señala que uno de los problemas más frecuentes radica en que, a pesar de que los varones manifiesten ser menores, salvo solicitud expresa, las autoridades no les efectúan las pruebas médicas pertinentes.
Esa circunstancia, prosiguió la letrada, provoca que permanezcan en centros junto a adultos y se les trate como tales, de modo que, en el caso de los hoteles o campamentos como el de Las Raíces (La Laguna), puedan circular libremente, exponiéndose a riesgos innecesarios. Y ejemplificó con un joven cuya familia le ha hecho llegar documentos que acreditan su edad, para así instar a que se le realicen los chequeos pertinentes y se le pueda reconocer la condición de menor; trámite que Yanes tiene previsto llevar a cabo a lo largo de la semana que viene.
No obstante, la abogada se mostró molesta con las condiciones bajo las que ejercen en el turno de oficio, ya que, indicó, sería necesaria la presencia de más traductores para facilitar su labor, puesto que en ocasiones hay uno solo para cerca de 300 inmigrantes. De otra parte, también puso el acento en que desde la Dirección General de Justicia “se nos trata con poca dignidad”, considerando las últimas modificaciones sobre los honorarios les explotan laboralmente.
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