La exalcaldesa de La Laguna Ana Oramas y el exalcalde Fernando Clavijo, hoy diputada nacional y senador de Coalición Canaria (CC), respectivamente, habrían dictado más de 2.500 decretos levantando los reparos, es decir desoyendo las advertencias de posible ilegalidad planteadas por la Intervención General del Ayuntamiento desde los años 2006 a 2010. El dato temporal es relevante, por cuanto se trata de una época en la que ni el actual interventor municipal, Gerardo Armas, ni el denunciante del caso Reparos, Santiago Pérez, formaban parte de la Corporación lagunera.
En total, fueron 2.567 los decretos que habrían dictado, y la cifra fue aumentando a medida que pasaban los años: 117 en el ejercicio de 2006; 301 en 2007; 807 en el año 2008; 832 en 2009 y 510 en el 2010. El monto total de las contrataciones efectuadas durante esos cuatro años en contra de las advertencias de la Intervención es de casi 14 millones de euros.
Sin embargo, es de justicia aclarar que no todos esos levantamientos de reparos tienen idéntica naturaleza, y que, desde luego, solo 80 de esos decretos presentan las características propias de los denunciados en el llamado caso Reparos, y que ahora se investigan en los Juzgados laguneros con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, que examina el período comprendido entre los años 2011 y 2019 (en el que Clavijo y su sucesor, José Alberto Díaz, levantaron más de 170 reparos para prorrogar una veintena de contratos, cuyo importe supera los 60 millones de euros).
Respecto a esos 80 decretos del período comprendido entre 2006 y 2010, hay algunos que llegan a ser idénticos a los ahora investigados judicialmente, al tratarse de prórrogas de contratos ya extinguidos o autorizaciones a empresas privadas a seguir gestionando servicios municipales sin que conste que se convocaran los concursos regulados por la legislación de contratos del sector público.
Este tipo de prácticas se repiten en servicios municipales con carácter esencial: limpieza de centros educativos y dependencias municipales, limpieza viaria y recogida y transporte de residuos, asistencia domiciliaria, mantenimiento de jardines, conservación de vías, alquiler de vehículos para la Policía Local, servicios a los centros de mayores… Respecto a las empresas beneficiadas, cabe apuntar que hay firmas que se repiten en la relación de las mismas, si bien la investigación judicial se limita a los firmantes de los decretos .
Abogados
Otro dato de interés detectado en la relación de decretos dictados para salvar las advertencias de ilegalidad de la Intervención entre 2006 y 2010 es la contratación de casi 60 servicios de abogados externos al Ayuntamiento, discutidos por el entonces interventor dado que “no se acredita que en su contratación se haya observado el cumplimiento de las normas exigibles en materia de contratación administrativa” previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.
En un informe elaborado entonces, la Intervención municipal recuerda que el contrato en cuestión debe abarcar la totalidad del objeto del mismo y, sin embargo “los gastos de representación y defensa jurídica de esta administración se están abonando mediante resoluciones individuales sucesivas por importe inferior al límite de los contratos menores”, por lo que “el órgano de contratación podría estar fraccionando su objeto para eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponden en la medida en que todos ellos podrían constituir el objeto de un solo contrato”.
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