A las seis y media de la tarde de un domingo de febrero, el Bar Fragata es un lugar estupendo para ir apagando el fin de semana. Ahí está M, con una bebida sobre la mesa y un pequeño libro de Irene Vallejo. Toca abrir el pequeño y humilde negocio al día siguiente. Pero no hay prisa, la tarde está templada y aún hay tiempo mientras cae el sol y los caminantes pasean por el muelle y disfrutan del Puerto de la Cruz, razonablemente animado para esta época de pandemia, a pesar de todos los negocios que hay cerrados y la falta de turistas. En el Fragata, sin embargo, beben cerveza un par de parejas ya mayores de extranjeros con aire de sandalia y calcetín. Quizá pasen largas temporadas en Tenerife. De un lado a otro de la ciudad van varios subsaharianos alojados desde hace meses en hoteles.
“Siempre van en pequeños grupos”, señala M. “Yo creo que debe ser una pauta. Hay gente muy recelosa. El otro día, una yonqui le metió una puñalada a una piba que trabaja en un restaurante. Pero antes de que se supiera lo que había ocurrido, más de uno estaba culpando ya a los migrantes. Como si aquí, de toda la vida, no hubiera habido un montón de quinquis dispuestos a armarla”, afirma M haciendo una de sus bromas serias.
No hace falta casi nada para montar una historia que excite los miedos inconscientes que alimentan el racismo y maquillan nuestros propios defectos para endosárselos al que viene de fuera. Por eso es tan importante que haya instituciones fuertes, políticas y sociales, que conserven la autoridad moral para evitar que las sociedades atraviesen líneas terroríficas.
Pero el abismo es hermano del desorden. Y la política migratoria del Estado y Europa en Canarias es un pastizal para el racismo. Nada como una caravana de migrantes transitando por la carretera rumbo al aeropuerto, huyendo del frío de Las Raíces y buscando una salida, para generar una sensación de caos . ¿A quién, en el Gobierno de España, se le ocurrió que una gente que llevaba varios meses en hoteles de las islas esperando salir del archipiélago se metería sin más en unos campamentos de lona a nueve grados centígrados mientras esperan a que se abran las fronteras para que los deporten? Eso se pudo hacer en 2006, cuando no había móviles y estaban encerrados, sin saber casi nadie qué pasaba ahí dentro. Pero no queremos que estén encerrados. No han cometido ningún delito.
“La Comunidad Autónoma de Canarias participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica, a través de los órganos de coordinación previstos en la legislación sectorial”, dice el artículo 144 del Estatuto canario. No se trata solo de apelar al Gobierno central, sino de exigir participar en una política migratoria que nos afecta de lleno. Respetuosa con los derechos humanos, en lugares decentes, con mediadores, abogados, intérpretes suficientes. Conscientes de nuestra responsabilidad, en una región-frontera que no quiere ser subalterna. Con cupos negociados y razonables sobre la gente que podemos atender en Canarias. Donde diez mil no son una turba comparados con los dos millones de habitantes que somos. Asegurando que se marchan quienes no son repatriados y se quieren ir. Estamos atravesados por nuestra propia africanidad. Y necesitamos herramientas.
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