Hace pocas fechas, diversos observadores se escandalizaban ante el reconocimiento de algo que está por ocurrir y que parece será tan malo como se presagia. A saber, que la capacidad administrativa para gestionar los ingentes fondos europeos que se pondrán a disposición de los distintos gobiernos es manifiestamente mejorable y que resulta probable que no puedan materializarse en su totalidad. ¿Es moralmente aceptable que en una situación como la actual, donde al caos sanitario le puede suceder el colapso económico, esto pueda ocurrir? No será la primera, tampoco la última vez que en estas mismas páginas destaquemos los inconvenientes derivados de una burocracia que imposibilita el progreso y desarrollo de las Islas. Si ahora llama tanto la atención es porque quienes nunca la sufren de manera sustancial o directa, presumen que verán en nada quejas y reivindicaciones diversas por parte de quienes esperan y necesitan celeridad para resolver problemas acuciantes. Es decir, pueden tener un aumento en desafecto ciudadano y que de tal se deduzca un problema de supervivencia política, que ya sabemos es lo único que resulta prioritario para nuestros dirigentes, con independencia de la fuerza política a la que pertenezcan.
Pero somos muchos los que estamos acostumbrados a lidiar con esa naturaleza administrativa que se pretende hacer pasar por normal. Las propias normas que se elaboran se envenenan cuando deben lidiar con el día a día, uno ya no sabe si como consecuencia del más elemental principio de precaución o por burócratas que no terminan de compartir determinadas ideas políticas y se dedican a boicotearlas. Lo que es cierto que se termina volviendo en contra de quienes desean, quienes deseamos, invertir en esta tierra convencidos de que el futuro será próspero en la medida que seamos capaces de contribuir al desarrollo con ahorro, inversión y trabajo duro. Lo que nos encontramos enfrente, la más de las veces, es una burocracia atosigante, que no atiende a razones y, lo peor de todo, que no responde de manera directa por sus errores o parálisis injustificada.
Por eso insistiremos siempre en lo que ocurre en Santa Cruz de Tenerife, cuyo desarrollo urbanístico es un desatino fruto de planes generales que se crean, se suspenden o anulan mientras la ciudad pierde fuelle. Es evidente, Las Palmas de Gran Canaria muestra una fortaleza y dinamismo económico porque la inversión no es tan compleja como resulta aquí y solo hay que acercarse a un lugar desde el que observar su paisaje para ver las grúas que desarrollan la actividad en un sitio y en el otro. Mientras allí se cuentan por docenas, aquí lo hacemos por unidades. No existe más explicación, en Las Palmas existen normas de cumplimiento general que se mantienen en el tiempo, donde los inversores saben a lo que atenerse sin margen para la sorpresa. Luego, en el debate político de brocha gorda, acusaciones genéricas sobre el precio del alquiler de la vivienda cuando lo que vemos es la imposibilidad de casar oferta y demanda. Si no hay más que una cantidad fija de viviendas, sin posibilidad de satisfacer nueva demanda, ¿de verdad que puede extrañar que los precios respondan a esa realidad? Es obvio que no es la solución limitar los precios -ya se hizo en tiempos de la dictadura y de aquellos lodos estos barros de la renta antigua, que tantos desajustes creó- o sancionar a propietarios que prefieran no alquilar sus viviendas por una defectuosa legislación o por la incapacidad para actuar en caso de un inquilino incumplidor.
Deberíamos tener los mecanismos adecuados para actuar y hacerlo con la premura de tiempo que es precisa. De hecho, algunos ya existen, otra cosa es que se entienda que esto tendría un coste político excesivo y que no estén dispuestos a asumirlo. A nadie debería extrañar que se pueda deducir responsabilidad incluso personal para aquellos responsables que paralizan cualquier actuación urbanística o a quienes operan de mala fe. También, como sucede en el Mojón (Arona), se podría instar a instituciones que estén por encima de los ayuntamientos que corrijan los desatinos, incluso retirando las competencias durante el tiempo estrictamente necesario para permitir que no se sigan retrasando inversiones que no solo son imprescindibles, es que a día de hoy son una mancha en el expediente de la isla de cara a atraer inversión exterior, que no olvidemos, junto a los inversores nativos puede ser tanto o más importante que los recursos públicos que nos enviarán desde Bruselas y Madrid.
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