La pandemia de la COVID-19 ha impactado en todo el mundo. Pero sus efectos sanitarios, sociales y económicos son distintos en los diferentes estados y regiones del planeta; en muchos países sus sistemas sanitarios son muy débiles y apenas pudieron dar respuesta a la extensión de la enfermedad y el tratamiento de las personas contagiadas, al carecer de suficientes profesionales y de la adecuada tecnología; y ahora su grave situación económica les dificulta la adquisición de las vacunas. También hay diferencias de género, influyendo más esta aguda crisis en la pérdida de empleos por las mujeres, el incremento de la violencia machista o el aumento de los cuidados no remunerados. Por otra parte, el virus se cebó inicialmente en nuestros mayores, causando una gran mortalidad y evidenciando las carencias en las políticas sociales en este ámbito. Los niños y las niñas son, asimismo, víctimas singulares de esta pandemia que se inició hace un año y a la que aún no se ha conseguido doblegar.
Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, la organización de las Naciones Unidas para la infancia, señala que la actual pandemia afecta especialmente a los menores, acentuándose la brecha de la desigualdad; y destacando que “las repercusiones de la pandemia en el plano social, económico y de la salud seguirán haciendo estragos durante años, amenazando los derechos de los niños”. UNICEF denuncia el significativo incremento de la pobreza infantil en todo el planeta, la elevada desescolarización por el cierre de centros educativos y la brecha digital o los preocupantes efectos del confinamiento en forma de ansiedad, depresión y aislamiento, entre otras consecuencias.
Canarias no es ajena a esa problemática. Ya presentábamos parámetros muy elevados de desigualdad y de pobreza infantil antes de la pandemia. Esta profunda crisis y su vertiente económica nos ha dañado especialmente, empeorando sensiblemente nuestra situación social. Los datos lo confirman de forma rotunda: más de 280.000 desempleados, 90.000 asalariados en ERTE y unos 20.000 autónomos recibiendo prestaciones por cese de actividad; nuestro nivel de riqueza per cápita se aleja casi a 30 puntos de la media estatal, situándose en niveles de principios de la década de los sesenta.
Los niveles de pobreza infantil en Canarias y en el conjunto del Estado son intolerables. Resulta imprescindible afrontar con determinación el combate contra la pobreza infantil para garantizar el presente de decenas de miles de niños y niñas de nuestra tierra y ofrecerles oportunidades de futuro. La pobreza de hoy no solo es una lacra inmoral, injusta y limitadora de una vida plena para muchos menores, sino que, además, condiciona gravemente las expectativas de que puedan tener un mañana mejor, para que la igualdad de oportunidades no sea una quimera.
Todos los grupos del Parlamento de Canarias apostamos en el año 2014 por impulsar un Pacto Canario por la Infancia. En el texto de la PNL que lo demandaba se señala entre los acuerdos “apoyar la elaboración de informes de situación de la infancia, con mecanismos de recopilación y de análisis sistemático de datos, y en base a indicadores específicos desarrollados para medir el bienestar infantil desde un enfoque de derechos, con objeto de conocer en profundidad la realidad de este colectivo y poder hacer un seguimiento periódico tanto de la situación de la infancia y adolescencia como de las medidas implementadas”. Entre los elementos del Pacto se encuentra garantizar la inversión pública en infancia, combatiendo la pobreza infantil y corrigiendo las desigualdades, fomentar las acciones dirigidas a una educación inclusiva y de calidad, contar con una estrategia coordinada entre las administraciones que comprometa las políticas públicas destinadas a la infancia y mejorar el conocimiento de la situación de la infancia en las Islas.
Además, en el artículo 13 del reformado Estatuto se señala que las personas menores de edad “tienen derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social”. Y se añade que “primará el interés y beneficios de las personas menores, en coordinación con los de la familia, en la aplicación e interpretación de normas, políticas y todo tipo de medidas orientadas a las mismas”.
Convenio
Compartiendo esas preocupaciones y objetivos, esta semana firmamos un convenio para la defensa y la promoción de los derechos de la infancia entre el Istac y Unicef-Comité Canarias. Dirigido a realizar actividades estadísticas en nuestra Comunidad que posibiliten la obtención de datos y diagnósticos que nos den un mejor conocimiento sobre las condiciones de vida de la infancia.
El convenio prevé que se desagreguen los datos obtenidos a nivel insular y municipal, para facilitar la detección de las necesidades de los menores. Con su firma, el Istac se compromete a promover “un análisis del tratamiento actual y detectar oportunidades de mejora de los registros que se realizan de la infancia en las referencias estadísticas y generar así el conocimiento previo necesario para promover una mejor inclusión y/o visibilidad de la infancia en las operaciones estadísticas actuales y futuras”.
El acuerdo recoge, asimismo, la colaboración con Unicef en la actualización de los datos del Sistema de Indicadores sobre Bienestar Infantil, “respecto a datos específicos de Canarias, a través de la explotación de las principales fuentes estadísticas oficiales y en la difusión de estos a través de un espacio en la web del Istac que permita a los usuarios tener acceso a los mismos (Infancia en Cifras)”. Se trata, en definitiva, de disponer de las mejores herramientas para el análisis y la evaluación de la situación de la infancia en todos los rincones del Archipiélago. Lo que resulta esencial a la hora de planificar las políticas públicas, distribuir los recursos y contribuir a la mejor protección de nuestros niños y niñas. Como bien señala Joan Coscubiela, “sin datos ni evaluación no se pueden hacer políticas públicas de calidad”.
Modificar la actual e injusta realidad exige continuar fortaleciendo el conjunto del gasto público que afecta a la infancia en los ámbitos educativo o sanitario, coordinar mejor la actuación de las administraciones y, de manera clara y sin fisuras, entender que se trata de políticas absolutamente prioritarias. Con concreciones palpables en el combate contra la pobreza y la exclusión -impulso a la renta de ciudadanía y el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital-. En la prevención de la violencia -familiar, acoso escolar, la que se produce en las redes sociales…- contra los menores. En las políticas de acceso a una vivienda digna. En la imprescindible extensión de la educación infantil 0-3 años, en la que hemos empezado a tomar decisiones tras una década de total abandono por parte del Gobierno canario. En la ruptura de la brecha digital para que las dificultades económicas no se conviertan en limitaciones educativas que cronifiquen la desigualdad socioeconómica. En la formación de los niños y de las niñas en igualdad entre mujeres y hombres. En la potenciación de hábitos de vida saludables, desde los nutricionales a los físico-deportivos. En la especial atención a los menores afectados por el drama migratorio, lo que implica derivaciones a partir de un contingente razonable para garantizar condiciones de acogida adecuadas… Para que los menores en Canarias tengan garantizada una vida digna y un absoluto respeto a sus derechos. Para proteger a nuestros niños y niñas, garantizándoles el mejor futuro.
* Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias
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