tribuna

Un año horrible

Ha pasado ya un año desde la declaración del estado de alarma por el Gobierno central, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020

Ha pasado ya un año desde la declaración del estado de alarma por el Gobierno central, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Antes, el 31 de enero, se había diagnosticado el primer caso de coronavirus en La Gomera, y más tarde, a finales de febrero, se impuso una cuarentena a 700 turistas en un hotel de Tenerife. Casi nadie podía imaginar entonces la magnitud que alcanzaría la pandemia de la COVID-19. En el ámbito de la salud, con la enorme cantidad de personas contagiadas y hospitalizadas, con las muertes que en el Estado español superan las 72.000 y en todo el mundo se elevan a más de 2,6 millones; en Canarias más de 600 personas han perdido la vida y se han producido más de 42.000 contagios. Y, de forma muy importante, por sus efectos en el plano económico y social y en las propias relaciones interpersonales. Todo cambió hace ahora un año causando un impacto terrible en nuestras vidas.

En Canarias, con el esfuerzo y la responsabilidad de todos -administraciones, trabajadores públicos y ciudadanía-, hemos logrado una mayor contención de la contagiosidad, aun con la aplicación de medidas menos severas para la economía que en otras comunidades que decidieron mayores restricciones de actividades empresariales. Siendo la de menor mortalidad con relación a su población, 28 fallecidos por 100.000 habitantes; en un ranking que encabeza Castilla La Mancha (278), por delante de Castilla y León (270), Aragón (250), La Rioja (232) y Madrid (212). Con un perfil epidemiológico controlado y estable a lo largo del año, salvo algún pico, pero nunca en la situación extrema que vivieron otras nacionalidades y regiones. Siempre con el mejor equilibrio entre control pandémico y funcionamiento económico.

Como el resto de las comunidades y la práctica totalidad de los estados, no nos encontrábamos preparados para afrontar semejante reto de salud. Y, además, aún arrastrábamos las consecuencias de los recortes aplicados a los servicios públicos en la anterior crisis por las políticas de austeridad, en la que se redujeron los presupuestos, se paralizaron las inversiones, se amortizaron plazas sin cubrir jubilaciones y se despidió a personal sanitario y educativo. Pero nuestro sistema sanitario mejoró su capacidad gracias al esfuerzo público, dotándolo con más recursos materiales y humanos, y contando con la profesionalidad y la entrega de sus trabajadores y trabajadoras. La extrema gravedad de la situación obligó hace un año al Gobierno central a decretar un confinamiento inicial de 15 días que, con la aprobación de distintas prórrogas, terminaría extendiéndose durante tres largos meses. El objetivo era restringir la movilidad y los encuentros interpersonales para frenar los elevados contagios, evitar el colapso hospitalario y salvar vidas. Unas limitaciones que, paralelamente, produjeron una paralización del conjunto de la economía, a excepción de algunos sectores esenciales.

Caída de 20 puntos del PIB

Canarias se quedó prácticamente en cero turístico, cuando el sector representa el 35% del PIB y el 40% del empleo. Desconocíamos entonces que nos encontrábamos en el comienzo de la peor crisis de las últimas siete décadas. En la que, un año después, seguimos inmersos. Los datos son dramáticos. Más de 280.000 desempleados, 90.000 asalariados en ERTE y unos 20.000 autónomos recibiendo prestaciones por cese de actividad. Serían parados con las políticas que utilizó la derecha en la crisis financiera. Perdimos 20 puntos del PIB en 2020, más de lo que se redujo en los cinco años acumulados de la crisis anterior. Nos hemos alejado aún más de la media española en riqueza: la renta per cápita canaria a final del año 2020 se sitúa en el 71,87% de la estatal, es decir casi 30 puntos por debajo, cuando en el año 2000 estuvimos en el 97,7%. Habría que retroceder hasta 1962 para observar semejante desconvergencia con el Estado.

La situación sería mucho peor sin la intervención decidida de lo público. Ante una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, las respuestas están siendo más justas. Donde antes hubo hombres de negro, primas de riesgo y austericidio, ahora hay políticas de protección social. Donde antes hubo recortes en sanidad, ahora hay un crecimiento como nunca de las partidas sanitarias; Canarias ha contratado a más de 5.000 profesionales de la salud. Donde antes se olvidó a pymes y autónomos, ahora el Gobierno canario pone 400 millones de euros a su disposición, de los que 165 son en ayudas directas no reembolsables y el resto en aplazamientos tributarios. A lo que se suman los 1.000 millones que el Consejo de Ministros ha aprobado este pasado viernes dando respuesta, por fin, a nuestras reiteradas demandas de un trato diferenciado para apoyar a la comunidad más golpeada por esta crisis.

El sistema de bienestar ha sido reforzado, gracias a las respuestas europeas, estatales y canarias. Y esa respuesta se ha producido porque se ha aceptado lo que algunos reclamamos, prácticamente en solitario, en la anterior crisis. Reclamando una fuerte inyección de recursos públicos. En esta ocasión ha sido posible. Manteniendo casi intacto el Presupuesto de la Unión Europea 2021-27, un billón 74.000 millones, a pesar de la salida del Reino Unido, un contribuyente neto. Preservando, además, los intereses canarios en ese marco presupuestario, gracias a la defensa de nuestras singularidades como región ultraperiférica.

Presupuestos y fondos

Además, contamos con unos Presupuestos Generales del Estado para 2021 muy expansivos, con un 59% de incremento, y que incluyen significativos recursos para la Seguridad Social que tiene muchos menos ingresos que gastos. Recursos para financiar la sanidad y la educación de las CCAA. El Ingreso Mínimo Vital. O los casi 40.000 millones de euros acumulados en 2020 y 2021 para los ERTESy las ayudas a los autónomos. Así como un presupuesto canario expansivo y orientado en la misma línea de compromiso económico y social.

A ello se añaden los recursos extraordinarios de la UE. Un mecanismo de recuperación para el próximo sexenio que permitirá al Estado español disponer de 69.500 millones de euros, destinado a políticas económicas sostenibles y a la digitalización. Y 12.500 millones del programa REACT, de los que 10.000 se reparten territorialmente. Canarias accede con el 6,3% del total estatal, 630 millones; se destinarán a sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, empleo, pymes, autónomos, I+D+i y al sistema turístico canario en 2021 y 2022. Además, es justo reconocer el papel del Banco Central Europeo, posibilitando abordar la deuda pública y disponer de recursos financieros en los mercados.

Se dispondrá de elevados recursos económicos y de escaso tiempo para gestionarlos y demasiadas expectativas, a lo que se suman las dificultades administrativas y legales. Para ayudar en la adecuada gestión de estos fondos desde el Gobierno de Canarias estamos ultimando un decreto ley que nos permitirá establecer una estructura de gobernanza que facilite acortar plazos y procedimientos en el marco de nuestras competencias y posibilidades. Con esa estructura, también con la contratación de nuevos efectivos o la reubicación y concentración de los ya existentes, haremos el máximo esfuerzo para estar a la altura de este reto. Pero sin olvidar un asunto determinante: resolver el problema de salud. Sin la vacunación y la inmunización de la mayoría de la población será imposible comenzar a dejar atrás este año, el annus horribilis de nuestras vidas.

* Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias

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