
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife señaló ayer que el descenso de turistas y el debilitamiento de las compras por la COVID-19 han provocado la bajada del consumo en Canarias. Y es que el organismo indicó que la variación al alza de los precios durante el mes de marzo no debe entenderse como una mejora del consumo, sino como un efecto derivado del incremento del precio de la energía (4,7% anual). De hecho, Canarias es la comunidad con el menor aumento de los precios durante el último año (0,4%), debido, principalmente, a la caída del consumo motivado por el descenso del gasto turístico, el aumento del desempleo y de personas en ERTE, y a las restricciones que se están teniendo que acometer para frenar la pandemia. La caída de la demanda también se aprecia en el comportamiento de la inflación subyacente, que es aquella que excluye de su cálculo los elementos más volátiles, alimentos no elaborados y productos energéticos, que no registra variación en el último año en el Archipiélago, frente al incremento del 0,3% experimentado para el conjunto de España.
El Índice General de Precios canario registró un aumento mensual en marzo del 0,8%, debido principalmente por las subidas de los grupos de Vestido y Calzado, propia de esta época del año y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, derivada por el incremento de la energía. Este aumento se sitúa por debajo del nacional que para el mismo periodo fue del 1%. En todas las regiones españolas subió el IPC en el mes de marzo. El mayor crecimiento (1,5%) se produjo en Melilla, seguida del 1,4% de Ceuta y del 1,2% de Castilla- La Mancha. El menor incremente se registró en Canarias y La Rioja (0,8%).
Por su parte, CEOE-Tenerife coincidió con la Cámara y defendió que la economía canaria necesita el mantenimiento de los ERTE más allá del probable fin del estado de alarma el día 9 de mayo, puesto que “la actividad económica no se levanta de un día para otro, a golpe de decreto”. La patronal aseguró que la crisis sanitaria está dando lugar a una económica sin precedentes, con consecuencias en la propensión al gasto de las familias y empresas. Por ello, defendió que en el marco del diálogo social se acuerden las condiciones de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo. Asimismo, pidió que las ayudas provenientes de los fondos estatales sean aprobadas “cuanto antes”.