El presidente de la CEHAT y Ashotel, Jorge Marichal, ha asegurado que en un comunicado en ningún momento ha habido intencionalidad por su parte de defraudar a Hacienda y ha anunciado que adoptará la decisión más adecuada para los intereses de las asociaciones a las que representa.
Así lo ha manifestado ante las informaciones publicadas hoy lunes en medios de comunicación sobre la sentencia de julio de 2019 del Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, confirmada, notificada y publicada desde mayo de 2020 por la Audiencia Provincial.
Dicha sentencia condena a Jorge Marichal por un delito contra la Hacienda Pública a dos años de prisión, multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.
Jorge Marichal ha explicado que la cuestión en litigio se basa en una disparidad de criterios entre la Inspección de Hacienda y sus asesores fiscales, que no comparten el punto de vista sobre el devengo y consecuencias del pago aplazado de una operación puntual que realizó una empresa de la que Marichal es partícipe y administrador mancomunado.
Marichal ha querido recordar que este expediente se remonta al año 2005, en el que la sociedad Marmón Atlantis SL compró un inmueble que, previas transformaciones oportunas, generó nueve apartamentos para la venta. Añadió que en 2009, finalizadas las obras, se vendieron los nueve apartamentos por 1,49 millones de euros a una sociedad vinculada y aclaró que en el momento de la firma se abonaron a cuenta 200.000 euros y el pago del resto quedó aplazado a los siguientes seis meses.
El presidente de la patronal turística indicó que el precio aplazado no se abonó en el plazo inicialmente previsto en la escritura pública, toda vez que por pacto privado entre las dos sociedades se amplió ese plazo de pago. Según Marichal, fue en ese momento en el que se produjo el error técnico de no suscribir ningún documento público que ofreciese fehaciencia de la fecha y aplazamiento por considerarlo innecesario al tratarse de un acuerdo verbal entre las dos partes.
Tal y como apunta Jorge Marichal, Hacienda entiende que no hay aplazamiento válido y, por tanto, se ha producido el devengo del impuesto en su totalidad, mientras que la empresa entendía que, no habiendo cobrado y novada la obligación y generado un nuevo plazo, el impuesto debía devengarse conforme al criterio de pagos aplazados.
El presidente de la CEHAT y Ashotel recalcó que al día de las actuaciones no se ha cobrado esa cantidad pendiente, pero Hacienda consideró y acumuló la venta en un solo acto y ejercicio, el cual, por el importe acumulado de la compraventa y su consecuente repercusión fiscal, supera la cifra del delito fiscal y remitió las actuaciones al Juzgado, dado que no hubo acuerdo con la Inspección de Tributos en cuanto al criterio interpretativo antes descrito.
Jorge Marichal ha insistido en que en ningún momento ha habido intencionalidad por su parte de defraudar a Hacienda; y aclara que se trata de una interpretación técnica en la que sus asesores fiscales y él entendieron que el pago del Impuesto de Sociedades debía realizarse en función de las percepciones del precio aplazado.
Esta tesis, que fue defendida ante los tribunales por la defensa de Marichal, no ha prosperado y el Juzgado y la Sala han aplicado el criterio de Hacienda, dada la vinculación entre las sociedades. La multa ya satisfecha es de 585.895 euros y la cuantía reclamada del Impuesto de Sociedades a la empresa Marmón Atlantis SL es de 292.947 euros con los intereses de demora que ascienden a 200.000 euros. Todas esas partidas están abonadas a la Agencia Tributaria desde el momento en que se exigieron, afirmó el presidente de la patronal.
Marichal ha hecho hincapié en que ha acatado y cumplido la decisión judicial pero no la comparte al considerar que se trata de un “claro” supuesto de disparidad de criterios en la aplicación de la norma fiscal, sin que “haya existido dolo ni intencionalidad alguna”. Es más, incide en que la defensa del asunto así lo sostuvo desde el primer momento, siendo el caso de que nunca tenía que haber accedido este asunto al Juzgado, quedando en lo que debía ser una pugna o controversia en el orden administrativo-tributario.
Jorge Marichal sostiene que con este comunicado trata de ofrecer objetividad y confirmar que se trata de un asunto de naturaleza estrictamente tributaria, derivada de una disparidad de criterios en un hecho y operación puntual, ajena a su actividad pública y a las organizaciones que representa.
No obstante, entiende que, debido a su proyección pública, por los cargos que ostenta en las diferentes organizaciones empresariales, este asunto tiene una trascendencia mediática importante, lo que ya ha sido comunicado a los órganos representativos de asociaciones y organizaciones en la que participa. “Adoptaré la decisión más adecuada, como siempre he hecho, para los intereses de las asociaciones a las que represento”, concluye.
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