Tribuna

Más autogobierno, mejor país

Este verano Canarias deberá asumir las competencias en ordenación y gestión del litoral, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 157 del reformado Estatuto de Autonomía de 2018

Este verano Canarias deberá asumir las competencias en ordenación y gestión del litoral, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 157 del reformado Estatuto de Autonomía de 2018. Constituirá un paso más en el despliegue de las potencialidades del Estatuto y en la consolidación de un autogobierno que ha supuesto para esta tierra los mayores avances de su historia en su construcción como país, en la extensión de los servicios públicos educativo o sanitario, así como en la transformación de sus infraestructuras y en la edificación de un proyecto común en el que debemos preservar nuestra identidad como pueblo. Quedan más asuntos por resolver, tanto en el desarrollo estatutario desde Canarias como en las transferencias estatales aún pendientes, entre ellas las referidas a la tutela financiera de las administraciones locales, la participación de las Islas en las políticas migratorias y la promoción y defensa de la competencia, entre otras.

El Estatuto de 2018 incorpora cambios democráticos en las modificaciones en el sistema electoral o en la capacidad para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, así como en la mejor definición de los procesos de participación en iniciativas legislativas y el sometimiento a referéndum de futuras reformas estatutarias. Incluye numerosos derechos de ciudadanía. Blinda el Régimen Económico y Fiscal (REF), separando, además, la financiación autonómica del REF; aunque su cumplimiento exige una constante atención por parte de Canarias. Reafirma la condición de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea… Tenemos que continuar profundizando en el autogobierno, desde la buena gobernanza, el impulso de sus contenidos democráticos y sus derechos de ciudadanía. Así como desarrollar las nuevas competencias y asumir los traspasos pendientes. Con especial atención, respecto a los derechos, al pleno despliegue de la Renta de Ciudadanía que debe armonizarse con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Estado, contribuyendo al apoyo a las personas y familias más vulnerables. Esencial siempre, pero aún de más relevancia en medio de una crisis económica y social de las dimensiones de la actual pandemia de la COVID-19, que ha impactado más duramente en comunidades como la nuestra por las limitaciones a la movilidad y la práctica paralización consiguiente del turismo.

Litoral y playas

En el ámbito competencial, de momento se ha logrado iniciar el desbloqueo del artículo 157 del Estatuto, que señala que corresponde a Canarias la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Lo que supone “el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes”. Así como la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la legislación general; o la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general.

Esto implica poder realizar una gestión más cercana de un asunto trascendental para el presente y el futuro de las Islas, para el disfrute de su gente, de estas y de las futuras generaciones, y también de quienes nos visitan. Una gestión que debe hacerse siempre desde la estricta defensa del interés general, la protección medioambiental y la sostenibilidad de las intervenciones que se lleven a cabo.

Por otra parte, venimos reclamando que se cumpla lo recogido en el artículo 144 del nuevo Estatuto, que señala que la Comunidad Canaria “participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica, a través de los órganos de coordinación previstos…”. El incremento de los fenómenos migratorios en el periodo reciente obliga a un replanteamiento de las políticas de la Unión Europea en este ámbito desde el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de vías seguras y reguladas, así como garantizando las derivaciones regulares de menores y adultos al resto del Estado. Canarias no quiere ni debe ser un lugar de retención de miles de personas que quieren llegar al continente europeo en busca de una vida digna. Los macrocentros constituyen una auténtica bomba de relojería. Defendemos su sustitución por instalaciones más adecuadas, distribuidas por todo el Estado con criterios trasparentes y objetivos: renta, desempleo o población de cada una de las comunidades.

Es imprescindible que el Gobierno central escuche la voz de las Islas, de sus instituciones públicas, de sus ONG. Para buscar conjuntamente justas soluciones a estos movimientos de personas que continuarán en los próximos años por las graves penurias económicas, los efectos de la actual pandemia en estados sin apenas cobertura social, los conflictos bélicos, la falta de democracia o las consecuencias de la crisis climática.

Respecto a la tutela financiera de las islas, los municipios y demás entes locales, el Gobierno canario está dando pasos para su asunción futura, solicitando la convocatoria de la Comisión Mixta de Trasferencias para abordar el traspaso formal de la misma, al objeto de garantizar la seguridad jurídica. Acordando, asimismo, la modificación del reglamento orgánico de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la tramitación urgente de un cambio en la relación de puestos de trabajo que permita la creación de una estructura administrativa que posibilite el ejercicio de las nuevas funciones.

autogobierno

En la reciente entrega del Sociobarómetro de Canarias, un 45,2% de la muestra defiende mantener el actual nivel de autogobierno, frente a un 9,7% que prefiere recortarlo y un 31% que se manifiesta a favor de ampliarlo. Esa elevada presencia de conformidad con el autogobierno o incluso de deseo de conseguir una mayor autonomía se ve reflejada en otros estudios sociológicos. Así, en los barómetros del CIS, Canarias se sitúa siete o más puntos por encima de la media en la reclamación de mayor autonomía y solo es superada en esta reivindicación por tres comunidades autónomas. Nuestra historia, nuestra lejanía del continente europeo, nuestras especificidades como archipiélago atlántico, nuestra cercanía al continente africano, la histórica insensibilidad para reconocer y atender nuestras singularidades, y los avances producidos desde que contamos con instituciones archipelágicas propias justifican que en Canarias haya más valoración ciudadana de la importancia del autogobierno que en otras nacionalidades y regiones. Estamos lejos de los grandes centros de decisión y sabemos que desde aquí podemos conocer mejor los problemas que nos afectan y buscar las adecuadas soluciones a estos.

Para ello, el Estatuto debe desarrollarse plenamente. Tanto los compromisos que corresponden a nuestro Parlamento y Gobierno como en el cumplimiento en las transferencias que deben llegar del Estado en distintas áreas. Entre ellas, ordenación y gestión del litoral canario, protección civil y salvamento marítimo, promoción y defensa de la competencia, seguridad privada, tutela financiera de las administraciones locales o la exclusiva sobre transportes terrestres de viajeros y mercancías por carretera, ferrocarril y cable y sobre el transporte marítimo que transcurre íntegramente dentro del ámbito del Archipiélago. Y, por supuesto, una vez asumidas, la buena gobernanza de estas. Estoy convencido de que la mayor legitimación del autogobierno pasa por la calidad democrática, por la constante mejora del nivel de vida de los hombres y las mujeres de Canarias, por la fortaleza de los servicios públicos y el incremento de la equidad o por el decidido impulso a la cultura y a la identidad, así como por la implementación de un modelo económico autocentrado y sostenible social y medioambientalmente.

* Vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias