crisis migratoria

“Ni estaban preparadas ni hubo coordinación entre administraciones”

El Defensor del Pueblo carga en el Senado contra las autoridades por la acogida a los migrantes en Canarias. Para Marugán, los derechos de los migrantes se vieron “reiteradamente vulnerados”
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ayer en el Senado. Europa Press

Diario de Avisos / Europa Press

El Defensor del Pueblo actualmente en funciones, Francisco Fernández Marugán, aseguró ayer que las administraciones “no estaban preparadas para dar una respuesta adecuada” a la crisis migratoria en Canarias que se registró después del verano de 2020, e indicó que hubo “falta de previsión” por parte de las autoridades competentes, así como “descoordinación” entre las mismas y “una ausencia notable” de una red de acogida.


Así lo declaró ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo, durante su comparecencia para presentar el informe La migración en Canarias, que ha realizado dicha institución tras su visita el pasado mes de noviembre al Archipiélago para observar la situación.


Este estudio, indicó Fernández Marugán, ha recogido el “colapso” vivido en las Islas durante los últimos meses del año pasado, que obligó a habilitar en Canarias dispositivos temporales, como hoteles, naves industriales y campamentos, para la acogida de personas migrantes.


Esta situación vivió su momento más preocupante cuando miles de personas tuvieron que dormir al aire libre en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) ante la falta de medios. Una tesitura que el Defensor calificó de “nada fácil”.


El informe, indicó el Defensor, señala que los derechos de las personas migrantes que en ese momento llegaron a Canarias se vieron “reiteradamente vulnerados” y que sus condiciones de acogida estuvieron “profundamente degradadas”. “El informe rastrea múltiples hechos, pero todos confirman las malas condiciones de quienes estuvieron en Arguineguín y la vulneración de derechos que allí se produjo”, denunció. Ante los diputados y senadores, Fernández Marugán señaló, además, lo “inadecuado” de “convertir zonas geográficas en lugares de privación de derechos” como, por ejemplo, el de circulación, “con el simple argumento de llevar a cabo un control migratorio” y “evitar el efecto llamada”.


A su juicio, “la coordinación entre administraciones con competencias fue insuficiente”, se alzaron instalaciones que no eran las apropiadas, el personal capacitado para identificar a estas personas vulnerables “fue escaso” y se produjo una “excesiva concentración en centros de acogida en determinados municipios y en barrios de ciudades, en las cuales la grave crisis ocasionada por la pandemia se había dejado sentir”, concluyó el Defensor del Pueblo.

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