La Justicia ha dado la razón al Cabildo de Tenerife en relación a la finalización del programa de mayores Ansina, decisión que se había judicializado pese a que los representantes de la empresa y los representantes sindicales habían cerrado un acuerdo ratificado por los trabajadores.
Pese a todo, este asunto fue llevado a la Justicia en una demanda que no ha prosperado contra el Cabildo de Tenerife, Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio (IDECO, S.A.) y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).
El acuerdo, que incluía el pago de 45 días por año trabajado y la inclusión del personal en una lista para futuras contrataciones si fueran necesarias, fue recurrido por una parte de la representación de los trabajadores y es ahora la Justicia la que ratifica la decisión tomada de no prorrogar un programa que finalizaba y que, según el Cabildo, había quedado obsoleto.
Tanto la empresa, como los representantes sindicales negociaron durante más de un mes las condiciones del ERE que finalmente obtuvo el visto bueno de la mayoría de los representantes del personal.
Meses más tarde, la Justicia entiende que la decisión fue tomada correctamente y respetando la legalidad, así como los derechos laborales.
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