El coronavirus está afectando de manera importante a todos los sectores y el cine no escapa a esta afección. Hasta 2.500 millones podría perder la industria cinematográfica española por culpa de la pandemia. Sin embargo, tras los meses de confinamiento, el sector audiovisual empezó a coger carrerilla. Solo en Tenerife, durante 2020 esta industria generó 13,2 millones de euros y se contabilizaron 76 producciones audiovisuales finalizadas y 11 que ya han comenzado y que continúan ejecutándose, según revela la memoria anual de la Tenerife Film Commission (TFC), la marca de Turismo de Tenerife destinada a promocionar la Isla como escenario para producciones audiovisuales.
En cambio, todo esto podría perderse y no por culpa de la crisis sanitaria, sino por una nueva modificación de la Ley que afecta a los incentivos fiscales para las producciones audiovisuales internacionales y que coloca a la Península en mejor posición que el Archipiélago. Básicamente, ahora, debido a ese nuevo criterio introducido en mayo de 2020, es más rentable para una producción internacional rodar en la Península que en Canarias, puesto que el importe máximo que le puede devolver Hacienda por sus gastos es mayor en el territorio nacional. Un ejemplo: si una producción gasta 40 millones de euros, en Canarias, lo máximo que le pueden devolver por esa esa cantidad es 5,4 millones, pero si rueda en la Península le pueden devolver hasta 10 millones. Antes de esta modificación, el tope en la Península estaba fijado en 4,5 millones y ahora está en 10 millones, por encima del límite canario, que no se mueve, lo que atenta con todos los principios del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).
José Ramón Barrera, socio-fundador de la firma Assap y experto en incentivos fiscales al cine en las Islas, lo explica a DIARIO DE AVISOS para poder entender a lo que se enfrenta el sector audiovisual canario. “Viene una producción internacional a rodar Canarias y encarga a una empresa regional que ejecute una parte de la película. Esa parte tiene un presupuesto de gasto X. Sobre unas determinadas partes de ese presupuesto de gasto se le aplica un porcentaje de incentivo fiscal, que para Canarias está fijado en: 50% primer millón, resto 45%. Imagínese que ese importe de gasto es de 10 millones de euros y estos son válidos para el incentivo fiscal (porque hay gastos que no son válidos, como por ejemplo los administrativos). Al primer millón le aplico, como dijimos antes, el 50%; por lo tanto tenemos 500.000; y a los 9 millones restantes le aplico el 45%, que son unos 4 millones. Ya tiene 4,5 millones. La empresa presenta el Impuesto de Sociedades y como ese importe está por debajo del límite fijado para Canarias, que es de 5,4 millones, no hay problema la empresa recibe sus 4,5 millones”[Si presenta un Impuesto de Sociedades superior a 5,4 millones, solo le abonaran un máximo de 5,4 millones].
Hasta ahí todo normal. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que para la Península ese tope de gasto que estaba fijado en 4,5 millones ahora se amplía a 10 millones y, en el caso de Canarias, se queda en los 5,4 millones. “A pesar de que en el territorio nacional el porcentaje que se aplica sobre los gastos es menor; estamos hablando del 30% al primer millón, y del 25% al resto. Canarias tiene el 50%-45% por nuestro REF, que no se ha tenido en cuenta a la hora de aplicar el importe máximo de devolución”, explica Barrera. Con esta modificación del límite de gasto en la Península, cualquier estudio que ahora mismo se esté planteando hacer una película en España elegirá el territorio nacional, puesto que tiene un límite de devolución mayor, frente a los 5,4 millones de las Islas. “Estamos compitiendo ya no con los incentivos fiscales de Malta o Italia u otros territorios, sino con la Península lo que es un agravio comparativo”, aseguró Barrera. En resumen, “a nivel legal, a día de hoy, hay un incentivo para la Península y otro para Canarias, siendo el del territorio nacional mucho más potente que el de las Islas, aunque por nuestro REF no debería ser así”. Según contempla el Régimen Económico y Fiscal, el tope en Canarias, si en la Península está fijado en 10 millones, debería establecerse en 18 millones de euros.
De hecho, según explicó Juan Cano, Ceo y productor ejecutivo de Surfilm, ya hay producciones que están yéndose a la Península. “Nos ha costado mucho tiempo conseguir una reputación y la confianza de las plataformas internacionales. Hay muchas empresas que se han creado aquí en vista de que los rodajes iban en aumento, generando economía y empleo en el sector. Hemos visto cómo, durante la pandemia, muchos hoteles se han mantenido abiertos y con sus empleados activos gracias a las producciones audiovisuales. El Hotel Mencey, por ejemplo, abrió precisamente porque había en Tenerife una gran superproducción internacional. Ahora lo que estamos trasmitiendo es inseguridad jurídica, algo que es terrible para este sector”.
“Buen paisaje y buen clima se pueden encontrar en muchos sitios. Lo que tenía Canarias era, precisamente, un incentivo fiscal muy potente frente a territorios. Ahora la competencia directa es la propia Península”, precisó Barrera.
El sector audiovisual ha puesto todo esto en conocimiento del Gobierno de Canarias, que es consciente de que esto está ocurriendo, para que pida al Gobierno central que actualice el límite de los incentivos a las producciones internacionales de cine en Canarias para que se adapte al REF y que se evite lo que ahora mismo está ocurriendo, “que estamos en peor situación que en Península y atraer producciones internacionales se convierte en una quimera, porque si voy a Canarias me gasto 40 millones y me das 5,4 y voy a Península y me dan los 10. ¿Donde se irá ese rodaje?”, se preguntó Barrera.
Pero es que, a todo esto, además, hay que añadirle otro problema que está generando una enorme inseguridad jurídica que está haciendo que las producciones internacionales descarten ya, por completo, a Canarias como territorio para rodajes. Se trata, según explicó Barrera a este periódico de una reinterpretación fiscal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife a la definición de los gastos que pueden ser parte de la deducción. “Es decir, hay una parte de la producción que requiere proveedores internacionales, por ejemplo, el vestuario o las cámaras, y eso viene del extranjero y te lo da un proveedor al que tú le pagas una factura. Como no has encargado la contratación aquí, sino que la traes de fuera, fiscalmente no se acepta y, por lo tanto, no se puede deducir. Si esto ocurre ahora, todavía lo podríamos entender, pero es que hablo de reinterpretación porque sí se ha aceptado en películas de 2015, 2016 y 2018 y, por eso había unas expectativas en que ese dinero se iba a recibir y al aceptarse en años anteriores se entendía que siempre se aceptaría. Pero no ha sido así. Hay producciones de 2018 en las que se ha reinterpretado fiscalmente esto y no se acepta, con lo que genera muchísima desconfianza en el sector y hay muchos estudios que ya nos han dicho que no vienen más a Canarias”.
A día de hoy, las producciones internacionales en las Islas han dejado una media de 50 millones de euros y cada una de ellas contrata entre 250 y 300 empleados locales, aunque hay producciones grandes que pueden llegar hasta las 700 contrataciones. “Todo esto está perdido con el nuevo criterio y el agravio comparativo que tenemos con la Ley”, insistió Barrera.
En resumen, Canarias no solo está peor colocada en relación con la Península en cuando a los rodajes internacionales, sino que las continuas reinterpretaciones del Gobierno central generan una inseguridad jurídica en las producciones que hacen que Canarias ya no sea ese plató de cine soñado. Terreno ganado que ahora está en riesgo.
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