Peronizar Chile

Señala el dicho jesuita que “en tiempos de perturbación no hagamos mudanza”. Oímos acciones que llaman en plena pandemia, a iniciar “procesos constituyentes”. Lo vemos en Chile y en España, sostenidos en la peregrina idea de modificar un irrelevante tema de género, ajeno a sus verdaderas intenciones. Chile ha cometido la imprudencia de abrir el melón constitucional, en medio de los conflictos económicos, sociales y políticos del virus y con la mala conciencia, respecto de una Constitución que procede de la época de Pinochet. Con una participación del 41%, se han elegido los 155 miembros de la Asamblea para la nueva Constitución, que deberá emitir propuesta en el plazo de un año y abrir el trámite constitucional de reforma. En estas elecciones los jóvenes, como en el Brexit, no acudieron a votar.
Se ha adjudicado “Chile Vamos” de Sebastián Piñera, el actual presidente, 37 miembros; 27 la Concentración de Michele Bachelet; 28 el Partido Comunista; 48 los partidos independientes y 17 los Pueblos Originarios de Chile. Ofrece el resultado múltiples combinaciones para el tercio de bloqueo. Un voto muy dividido en un ambiente político muy polarizado, que algunos sitúan en la deriva hacia una Constitución Peronista. La actual Constitución Argentina, mantiene vigente el núcleo de la Constitución de 1949, aprobada durante la 1ª Presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1952), con el relevante papel de Eva Perón. Cuando Argentina ocupaba los primeros puestos del mundo en renta per cápita, que se ha diluido desde entonces. “Aquí se jodió Argentina”. Las causas residen en la “peronización” de su Constitución, que consistió en incorporar en su núcleo los principios del Constitucionalismo Social, con los derechos de segunda generación.
Esto es, en la Economía, priorizar la función social de la propiedad, en los Derechos Sociales, los laborales, vivienda, salud, seguridad social y pensiones y en la Cultura, educación pública y gratuita y todo en abundancia, con expropiación de sectores estratégicos. Con ello la Constitución deriva hacia una estructura incapaz de ofrecer respuesta a los distintos modelos socio-económicos y a cualquier cambio o adaptación. Se anteponen los derechos a los deberes, creando un sistema confiado a la subvención clientelar y no al mérito, lo que en las crisis los hace inviables. Cualquier derecho integrado en una Constitución, es irrenunciable, invariable e inflexible. La reciente crisis del “gradualismo” de Macri en Argentina, abrió nuevo turno al “peronismo”, que se encuentra bloqueado en una Constitución irreformable.
En Chile opera desde hace más de 30 años un modelo de pensiones privadas, con un sistema de “capitalización” individual y no de “reparto”, que fue copiado de la socialdemocracia sueca y es referente mundial. Con 200.000 meuros de fondo, cuando el PIB de Chile 2020, es de unos 250.000 meuros. La crisis lo ha afectado con retiradas extraordinarias, que pueden comprometer su futuro. El fondo chileno solo tiene aportaciones del trabajador, no del empleador. El Estado gasta a su vez en pensiones el 3% del PIB, cuando la OCDE gasta el 8% y España el 14%. Su viabilidad exige correcciones y no eliminación, como hicieron en Argentina y abogan siempre las izquierdas. Toda Europa ha derivado hacia un sistema mixto, de “reparto”, con complementos de “capitalización”, en múltiples formatos de financiación.
Ha cometido Sebastián Piñera, al abrir la Constitución de Chile, análogo error que el británico Cameron con el brexit, al trasladar conflictos de partido al núcleo del Estado. Las Constituciones que priman las “ideologías de izquierda”, tienen análogas demandas minoritarias en España. Como tuvo la Constitución Republicana de 1931, redactada en clave de izquierdas como señalaba el propio constituyente socialista Jiménez de Asúa; polarizó a la sociedad que derivó en la guerra civil.