Administraciones confinadas

La aceleración de la vacunación sitúa la economía en rampa de salida. Que en Canarias es singular, por cuanto su dependencia del turismo nos aleja relativamente de la España continental; reflejados en los decrecimientos relativos de PIB y empleo. En tiempos normales el diferencial de empleo con Península es de un 5%, ahora estamos en el 10%. Siendo Canarias la autonomía con mayor descenso de afiliación, incremento de paro y personas en ERTE. De igual forma, el PIB se ha contraído a finales del 2020 en un 20,2%, cuando la Península está sobre el 10%. Diferenciales que justifican el trato singular del actual Decreto COVID-19, que regula las ayudas del fondo de los 1144 meuros de España, sostenidas en los Fondos de la UE, para ayudas directas a personas, autónomos y empresas.

Al descender al terreno nos encontramos con unas “administraciones confinadas” con dificultades estructurales de asumir las gestiones ordinarias de sus funciones. Con problemas para colaborar al interno de sus propios servicios, cuanto no más entre las diversas administraciones y aún más en colaboración público-privada, cuando se sigue denostando esta fórmula. Refiero tres casos conocidos desde primera línea, en relaciones con la Consejería de Transición Ecológica de la autonomía, con el Ministerio nacional de Política Territorial y Función Pública y con el Cabildo de Tenerife. Entre ellos, a su vez, no existe coordinación alguna, están confinados en su ámbito y ofrecen la lectura externa de que las administraciones no se comunican entre sí, no hacen economías de escala.

En septiembre 2020, la Consejería de Transición Ecológica aprobó el Decreto 151/2020 de Medidas Urgentes para impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial, donde sus propuestas de simplificación y agilización tuvieron escaso resultado en la práctica. Limitándose a hacer efectivo en Canarias, las obligaciones de la Bolkestein del 2010, de liberalización de servicios, que Canarias mantenía retenidas, sobre todo, en el escalón municipal. Transformación digital y Declaraciones Responsables, cuya esencia reside en la responsabilidad directa del promotor y sus técnicos. La pandemia ha agudizado el fenómeno con la clase política desentendida y los funcionarios incomunicados en confinamiento sin regreso. Ajenos al servicio ciudadano y al procedimiento que no atienden. La Consejería de Transición Ecológica embarcada en un despliegue jurídico, con un modelo legislativo obsoleto, comprometido con el “crecimiento cero”; que bloqueará la actividad económica contra la sociedad civil emprendedora.

El 30 de octubre 2020, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Madrid mantuvo reunión con empresas locales con la finalidad de “reducir cargas administrativas y mejorar la regulación normativa”, en un ámbito donde carece de competencias directas, si bien mantuvieron una posición proactiva y actualizada. Análoga a la que vimos con el Cabildo de Tenerife, el 7 de junio 2021, con motivo de la constitución del Consejo Insular de Turismo. Donde el Cabildo ofrece una vía de colaboración actualizada, en concurso público-privado, donde desde hace años colabora civilizadamente con la iniciativa privada. Descendiendo al escalón municipal se pierde la conexión, cuando es aquí donde ejecutamos las actividades reales. Necesitan con urgencia regresar del confinamiento para ejercer una acción proactiva sobre las actividades y el territorio, en conjunción público-privada. Dotándolo de mayor simplificación, agilidad, seguridad jurídica y transformación digital. Sin ello no podremos aplicar y completar los fondos de la COVID-19, en régimen de competencia para todos.