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Colectivos antidesahucios denuncian ante Bruselas al Gobierno central y al canario

Estas plataformas ultiman ya los trámites para iniciar una acampada sine die frente a sedes gubernamentales regionales
Denuncia remitida por correo a la Comisión Europea / DA

Tres colectivos sociales (la Plataforma 29-E, Derechos y Acción Social y El Pueblo Tiene Hambre), un partido político (Recortes Cero), una concejala (Antonella Aliotti) y más de una treintena de familias afectadas por problemas de vivienda en Tenerife remitieron por correo una denuncia a la Secretaría General de la Comisión Europea presentada contra los gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de Canarias al entender que en las Islas se vulnera el derecho comunitario en materia de vivienda.

Según se recoge en dicha denuncia, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, “en concreto se incumplen en Canarias el artículo 31 de la Carta Social Europea revisada, puesto en relación con los artículos 16, 30 y E de la misma carta, además del artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Además, portavoces autorizados de dichas plataformas confirmaron igualmente ayer que los planes para llevar a cabo una acampada de protesta frente a sedes del Gobierno de Canarias sigue adelante, a tal punto que ya se han tramitado las oportunas solicitudes de dicho acto, que en principio solo tiene fecha de inicio.

El artículo 31 de la Carta Social Europea revisada dice lo siguiente:

“Derecho a la vivienda.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las Partes se comprometen a adoptar medidas destinadas:

  1. a favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente;
  2. a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación;
  3. a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.”

El artículo 16 de la mencionada Carta incide en el derecho de las familias europeas a la protección social, jurídica y económica, el artículo 30 blinda a su vez el derecho a la protección de los ciudadanos europeos contra la pobreza y la exclusión social, y el artículo E hace hincapié en la protección contra la discriminación de las minorías por cuestiones de diversa índole, entre las que también están las de carácter geográfico, como sucede con Canarias y el cúmulo de inconvenientes y dificultades que los ciudadanos de las islas deben afrontar para poder acceder a unos niveles de vida dignos, debido al atraso económico y formativo de buena parte de la población del Archipiélago frente a otras regiones españolas y europeas, a lo que hay que sumar la ultraperificidad con las dificultades añadidas a la movilidad de las personas, hecho agravado en el último año tras la pandemia.

Se da la circunstancia que la Carta Social Europea Revisada entró en vigor en Europa el 1 de julio de 1999, pero debía ser ratificada con posterioridad por los países de la Unión, y aunque España la firmó el 23 de octubre de 2000, hasta noviembre del pasado año 2020 no se aprobó en Consejo de Ministros el Acuerdo por el que se disponía la remisión a las Cortes Generales y se autorizaba la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Carta. De modo que hasta hace muy poco, los artículos 30, 31 y E de la mencionada Carta Social Europea revisada no estaban operativos en España, estando solo los artículos de la Carta Social Europea anterior, que no contemplaban una protección especial sobre el derecho a la vivienda.

Por su parte, el artículo 34.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice lo siguiente:

“Artículo 34.3: Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.”

“Una vez aludidos en nuestra denuncia los derechos y normativas europeas que se vulneran en Canarias en materia de vivienda -explican los portavoces-, remitimos a la Comisión Europea un breve extracto ajustado a 2.000 caracteres en el que enumeramos las cuestiones más graves relativas a vivienda que se sufren en Canarias, a saber: 5.112 desahucios en los últimos dos años, la mayoría por impagos de alquiler (con depresiones, suicidios, familias rotas y otros muchos dramas añadidos), lo que supone una media de siete desahucios al día; con más de 2.000 personas sufriendo en la actualidad exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife según un informe de Cáritas, entre ellos unos 80 menores”, concluyen.

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