El interventor general del Ayuntamiento de La Laguna (en realidad es el viceinterventor, pero está en funciones), Gerardo Armas Davara, se reafirmó ayer en todos sus informes y reparos interpuestos en relación al llamado, precisamente, caso Reparos, que instruye el Juzgado de Instrucción Número 4 de la Ciudad de Los Adelantados y en el que se encuentran en calidad de investigados los exalcaldes de Coalición Canaria Fernando Clavijo y José Alberto Díaz.
Aunque importante, la reafirmación de Armas Davara se daba por supuesta, pero, sin duda, la noticia surgió cuando, al final de su intervención, quiso aclarar que no se había prestado a contubernio alguno sobre este u otro asunto.
Tras responder a las preguntas que le pudieron realizar la propia jueza instructora y las partes personadas, entre las cuales ayer figuraba la fiscal jefe de la provincia tinerfeña en funciones de fiscal anticorrupción, María Farnés, el interventor sorprendió a los presentes explicando por iniciativa propia que “he leído en algunos medios que me había reunido con Santiago Pérez [denunciante del caso, actual senador -como Clavijo- y concejal de Urbanismo de La Laguna] para preparar nada. Es mentira”, dijo con rotundidad antes de recordar su condición de funcionario de la Administración General del Estado y, por ende, libre de tener que responder ante el alcalde o los concejales, una independencia que precisamente es imprescindible para llevar a cabo su labor velando por la legalidad de toda actuación municipal con repercusión presupuestaria.
Lo cierto es que, tras las declaraciones de los cuatro testigos citados ayer, que se mantuvieron fieles a los documentos que en su día respaldaron en su trabajo para el Ayuntamiento lagunero, más controvertido resulta el intento de las defensas por evitar estos testimonios, que se limitan a apuntalar lo que ya está probado por escrito. De todos los asuntos por los que fueron preguntados -en riguroso orden de comparecencia-, la técnica de administración general María del Cristo Méndez; el jefe del Servicio de Fiscalización, Alfonso Lasso, y la jefa de Sección de Control y Fiscalización, Mónica Martín González (además de Armas), los funcionarios se detuvieron especialmente en dos: un contrato con Urbaser, la compañía encargada de la limpieza y la recogida de residuos urbanos en la ciudad, y otro con Lease, la multinacional que alquilaba los coches de la Policía Local.
En cuanto a la declaración del interventor, solo reconoció ante la fiscal Farnés que los reparos levantados de forma sistemática por Clavijo y Díaz -sobre todo- pudieron causar perjuicios económicos al Consistorio, dado que, presuntamente, se cercenaba de facto la libre competencia para optar a los contratos de servicios municipales. A todos los imputados se les atribuye la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación, y así lo sostiene Anticorrupción, por haber prorrogado contratos de servicios públicos, algunos de ellos millonarios, en contra de los reparos del interventor municipal. En total, son unos 60 millones de euros.
