Luego de año y medio con pasaje desde enero 2020, vacunado con dos AstraZeneca, viajo a Madrid. Ni en Tenerife en salida, ni en Madrid en entrada tuve control sanitario, con el Certificado COVID en papel y en el móvil. Aterrizo cuando se produce la aprobación en Consejo de Ministros del indulto de los condenados presos del procés, de octubre 2017.Abriendo un conflicto donde todos los actores principales divergen en fines y medios. El Gobierno de España, en el juego de la manipulación retórica del engaño fáctico, situado al margen de la Constitución, impulsa su reforma encubierta, reforzando el camino ya iniciado. La Generalitat en la deriva, ya sueltos de la cárcel, con voluntad reforzada para construir la república catalana, donde los indultos representan en España y Europa la “injusticia de sus condenas”, señalan. Reclaman todos los rebelde “amnistía, autodeterminación e independencia”. Abriendo un cisma jurídico donde los indultos no alcanzan la inhabilitación de los cargos públicos, ni los litigios ante el Tribunal de Cuentas de los presos, ni de los 3.000 cargos con imputaciones judiciales pendientes. En plena polarización del Gobierno se inician las reclamaciones de las fuerzas políticas constitucionales, Vox, Ciudadanos y PP, ante los indultos concedidos contra los informes del Tribunal Supremo y contra la ley, confundiendo la discrecionalidad que puede ejercer el Gobierno, con la arbitrariedad con que los aplica. En paralelo ha venido elevando su apuesta y ahora propone reformar el Código Penal, recalificando la sedición, derogar los instrumentos de ejecución de Sentencias del Tribunal Constitucional, neutralizar el recurso previo de inconstitucionalidad que paraliza los Estatutos ilegales. Impone de facto la supremacía del mercadeo político sobre la ley. Devuelve la impunidad a irreales estados dentro del estado, en que pretenden convertirse Cataluña y el País Vasco, aliados en la debilidad de Madrid. Transformando con ello de facto a la nación en una confederación ingobernable. Como señalan los presos, “los indultos son la prueba de la debilidad del Estado”. Contra la deriva confederal de la nación, Madrid “acude a salvarnos”. Solo desde aquí se “planta cara a los modelos desastrados que asfixian a las clases madias y penalizan la creatividad”, el Madrid que calificaba con Umbral de “ciudad simultánea”, la presidenta Ayuso en su toma de posesión en el Gobierno de la Comunidad. Que estuvo asaltado por la equívoca alianza de Sánchez con Ciudadanos. El conflicto polariza la nación, deslindando dos modelos opuestos, bajo cuya ola deberá hacerse efectivo el cambio en España. Contra la ceguera suicida de las propias élites catalanas, cómplices de la quiebra de la democracia en Cataluña. Cuya inseguridad ha hecho huir a 7.000 empresas desde 2017, la mayoría a Madrid, centro hoy de la inversión extranjera en España. Mientras la Cataluña oficial apuesta por la economía circular del “capitalismo de amiguetes” succionador del estado, en cuyo equívoco fue abducido el propio presidente de la CEOE, para desdecirse a seguido. La oposición de los modelos se despliega incompatible, en los pilares de las sociedades que ambas defienden. En la “educación”, la Ley Celaá mata la meritocracia y con ello rompe la escalera social del esfuerzo y prima las taifas nacionalistas con el idioma, que segmenta las administraciones y el mercado, Madrid blinda modelo propio. En la “empresa” se oponen a la liberalización de servicios del Tratado de Lisboa, segmentando de facto la nación en 17 mercados. La familia se impulsa en Madrid, como soporte de las clases medias, cuyos hijos para los otros son del estado, planteando promover la natalidad, sin la cual se desploman las pensiones. La guerra está abierta y se sucederán las batallas en todos los frentes.
