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Un camino nuevo por hacer en la Comisión Canarias-Estado

El informe desfavorable del Parlamento sobre la reforma del REF abre paso a convocar a este órgano recogido en el Estatuto de 2018 sobre el que todavía hay varias incógnitas
Imagen de la sesión del Lunes en el Parlamento. Sergio Méndez

El punto dos del artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado en 2018, establece que la Comisión Bilateral Canarias-Estado se tiene que reunir si dos terceras partes del Parlamento canario se pronuncian de manera desfavorable a una modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que es algo que se hace a nivel estatal. Y eso es lo que debería ocurrir próximamente, después de que la Cámara autonómica haya apoyado el pasado lunes, de forma unánime, un informe contrario a los cambios en el REF que se incluyen dentro del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que se está tramitando en las Cortes españolas, y que no incluye el diferencial favorable a Canarias del 80% en las deducciones a las producciones cinematográficas, en contra de lo que ha sido criterio histórico del Estado.


Según el artículo 192 del Estatuto de Autonomía, una de las funciones de la Comisión Bilateral -que puede también reunirse sin ningún conflicto de por medio para tratar temas diversos de las relaciones Canarias-Estado- es resolver “las controversias de cualquier índole planteadas entre las dos partes y la propuesta, si procede, de medidas para resolverlas”. En teoría, una de las dos partes debería pedir su convocatoria tras la aprobación del informe desfavorable. Y una vez constituida, se tendría que enviar un “acuerdo de iniciación de las negociaciones” a las Cortes para paralizar el procedimiento legislativo durante dos meses y buscar un acuerdo.


Pero esa reunión de la Comisión no va llegar antes de que el Congreso vote el Proyecto de Ley, pues está previsto que sea hoy. Aun así, las Cortes son conocedoras del informe del Parlamento, que ya ha sido recibido. Y fuentes del Gobierno canario no descartan que el PSOE retire a última hora el artículo que hace referencia al diferencial en las deducciones y decaiga todo este proceso.


Si no decae, la Comisión estará formada por el mismo número de representantes de la comunidad autónoma y de la Administración General del Estado. La máxima representación de la parte del Estado la tiene el Ministerio de Política Territorial. Pero también están la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, la de Hacienda, la de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, la de Coordinación Territorial, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, la Delegación del Gobierno en Canarias y un último representante designado por el Ministerio en función de los temas que se traten.


Aún no sabemos quiénes irían en representación de la comunidad autónoma. Pero si se celebrara, se estaría dando también un salto en materia de autogobierno. “Este informe desfavorable nacido de la unidad de acción activará, primera vez, el nuevo modelo de relaciones bilaterales entre Canarias y el Ejecutivo estatal fijado en el nuevo Estatuto de 2018”, recordaba Esther González en su intervención del Parlamento el pasado lunes. “No es lo óptimo, no es lo que pedíamos en los borradores del nuevo estatuto que se mandaron a Madrid, pero es un instrumento importante que permite un veto temporal”, afirma Fernando Ríos, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. “Un mecanismo de garantías y protección del REF. Salvo el Cupo Vasco [mucho más blindado], nadie tiene algo parecido”.


Ríos explica que, hasta la reforma del Estatuto en 2018, el informe del Parlamento era preceptivo, pero sin ningún carácter vinculante. “Y el Constitucional desestimó varios recursos diciendo que el Parlamento no tenía capacidad de veto”; una interpretación muy restrictiva de la Disposición Adicional Tercera de la Constitución, que dice: “La modificación del régimen económico y fiscal del Archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico”. Para Ríos, la visión del Constitucional fue un “jarro de agua fría, con una visión muy centralista”.


Si finalmente se inician las negociaciones en la Comisión Bilateral, Ríos propone un enfoque que huya del blanco o negro. “El REF no es solo la cuestión del cine, son muchas cosas. Y quizá el diferencial del 80% es mucho en una industria que deja un montón de dinero y en la que quieren participar otros territorios”. Según Ríos, se trata de negociar siguiendo la lógica cooperativa de los modelos federales, de buscar el consenso. “A lo mejor podemos aceptar un 60% o 50% de diferencial y a cambio pedir otras cuestiones que nos interesen sobre la participación de la comunidad autónoma en los sistemas eléctricos o en las energías renovables”, reflexiona. “Si lo único que llevas a la negociación es una sola propuesta, a lo mejor pasan los dos meses y te vas sin nada. Hay que tener alternativas”.


Si después de dos meses no hay acuerdo, las Cortes siguen su procedimiento. En ese momento, decía Torres el lunes, no se descarta la vía jurídica. Pero ese camino, según juristas consultados, tiene un pronóstico mortuorio.

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