Que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abra a un acuerdo para que las Islas recuperen el 80% de diferencial —para las producciones audiovisuales— devuelve a la política lo que debe evitarse en los tribunales. La sobrevenida permeabilidad de la ministra, dispuesta a una solución extrajudicial, aleja momentáneamente el riesgo de salir desplumados del Constitucional; una posibilidad, la de acabar trasquilados, que argumentan muchísimos juristas, teóricos del derecho que investigan y estudian la jurisprudencia, filósofos, escritores o profesores académicos (ojo, no debe equipararse alegremente a un jurista con un abogado). Voces del sector audiovisual, cargos orgánicos y responsables públicos de colores diferentes, asesores y un buen puñado de expertos han celebrado con un suspiro generalizado que el desencuentro pueda no acabar en recurso —de momento, al menos—. Únicamente a Coalición y al presidente del Parlamento regional no les asusta recurrir al Constitucional. Gustavo Matos y CC comparten argumentario, unos y otro coinciden al desdramatizar la hipótesis de acabar con el Régimen Económico y Fiscal sobre la mesa de los magistrados del TC. Con estas dos excepciones, la grada suspiró el lunes cuando trascendió que se retomaba el cauce político. Los tribunales te dan la razón o te la quitan absolutamente, dijo ayer el presidente —a él si le da miedo un pronunciamiento desfavorable del Constitucional—. Ángel Víctor Torres remonta una bola de partido. El compromiso de la ministra da un respiro al presidente, pero el Estado sigue al servicio con el Gobierno autonómico al resto, conscientes en las Islas de que, lejos de cerrarse, la negociación acaba de comenzar. Se ha abierto una puerta para amarrar, ahora sí, el 80% de diferencial —antes no se hizo, de ahí la boca de agua y la vulnerabilidad ante cualquier tribunal—. Queda ponerlo por escrito, firmado, sellado y publicado en el boletín oficial. Vincularlo a los presupuestos generales del Estado se antoja una baza gaseosa, floja, la aritmética parlamentaria lo desaconseja. El diferencial que las Islas necesitan para impulsar el sector audiovisual debe apuntalarse en un decreto o, en su caso, incorporarlo —tirando de enmienda— a la inminente ley de apoyo al sector cultural. Jugársela en mercadeo presupuestario, con la aritmética de perfil, huele a ruleta rusa. Ángel Víctor Torres tiene una percepción permanente del riesgo, y del miedo; esta legislatura podría habérsela escrito Alfred Hitchcock. Sabe el presidente que el REF fue (en 1993) y podría volver a ser (en 2022) el pegamento que articule una censura, de ahí que esté fajándose para sacudirse esta bola de partido, match ball que alguno observa sonriente desde el palco.
