Viernes a la sombra

Oficinas de justicia

Los conocidos como Juzgados de Paz, unos siete mil setecientos en todo el país, pasarán a ser Oficinas de Justicia, según las previsiones del Plan Justicia 2030 que impulsa el Ministerio correspondiente y en el que mucho tiene que decir la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se trata de acometer una sustancial transformación […]

Los conocidos como Juzgados de Paz, unos siete mil setecientos en todo el país, pasarán a ser Oficinas de Justicia, según las previsiones del Plan Justicia 2030 que impulsa el Ministerio correspondiente y en el que mucho tiene que decir la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se trata de acometer una sustancial transformación para que tales oficinas se conviertan en espacios modernos y adaptados, que, más allá de servicios relacionados con la Administración de justicia, habrán de prestar otros que son competencia de distintos departamentos administrativos y que habrían de contribuir a reducir las brechas territorial, digital y ecológica de estas áreas.

La organización municipalista es la idónea para afrontar esta tarea teniendo en cuenta que son los gobiernos locales los que proveen de medios y recursos materiales a los Juzgados de Paz, en cuya estructura hay que incluir, por cierto, a los funcionarios de Justicia que prestan su servicio. Según se informa desde la FEMP, en las nuevas Oficinas de Justicia se continuaría con el mismo régimen, pero serán dotadas con modernos equipos tecnológicos cuya financiación se hará con cargo a los Fondos Next Generation de la Unión Europea, en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

En cuanto a las sedes, serán las mismas que albergan a los actuales juzgados que pertenecen, salvo casos muy excepcionales, a los ayuntamientos. Según se destaca desde el Ministerio, las necesidades de espacio van a modificarse, en función, sobre todo, de las características de los nuevos servicios que se van a prestar y de la necesidad de ubicar a los nuevos funcionarios que se incorporarán a las oficinas de los municipios más pequeños.

Como señalamos al principio, serán siete mil setecientos los municipios afectados –ninguno cabeza de Partido Judicial, aunque todos cuentan con Juzgados de Paz- por esta reestructuración, que posibilitará una cobertura cercana a diecisiete millones y medio de ciudadanos.

Sus prestaciones serán de doble dirección: se trata de que sean ventanas para atender una multitud de servicios vinculados con el Servicio Público de Justicia. Podrán facilitar también los trámites con el Registro Civil, de modo que sean punto de acceso al expediente judicial. Y desde ahí se podrá no solo conectar con los colegios de abogados sino practicar actos de comunicación procesal, además de conectar con las oficinas de atención a las víctimas del delito.

Las futuras Oficinas de Justicia se enmarcan en el Plan de Modernización que engloba, a su vez, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se apoya en cuatro ejes transversales: la transición ecológica (menos desplazamientos de ciudadanos y de funcionarios); la transformación digital (acercamiento de las nuevas tecnologías al medio rural y disminución de la brecha digital); la cohesión social y territorial (mejora la accesibilidad a la administración independientemente del lugar de residencia), y la igualdad de género pues permitirá la conciliación laboral y familiar de las mujeres trabajadora.

Estamos ante un salto importante en una materia siempre controvertida para la que desde hace años se vienen pidiendo reformas. A ver cómo resultan.