El Gobierno canario se marcó ayer un éxito rotundo en la historia reciente de las relaciones Canarias-Estado. Tras una reunión en Madrid con el presidente del Gobierno autónomo, Ángel Víctor Torres, el vicepresidente, Román Rodríguez, y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se comprometió a reponer el diferencial ‘histórico’ favorable para Canarias del 80% en los límites a las deducciones de las producciones cinematográficas hechas en las Islas. Un objetivo común de la clase política canaria que quedó patente y manifiesto ante el Gobierno central con el informe desfavorable y unánime del Parlamento canario al proyecto de Ley finalmente aprobado en las Cortes Generales que dejaba ese diferencial favorable respecto al resto de España en solo un 24%, una reacción colectiva ante lo que consideró una vulneración inaceptable del Régimen Económico y Fiscal de las Islas.
Torres, Rodríguez y Quevedo fueron ayer a Madrid a reunirse con Montero, que iba acompañada de su director de Gabinete, Carlos Moreno, para establecer los primeros contactos de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Pero los tres políticos canarios defendieron que antes era necesario un acuerdo sobre el tema del diferencial, según explicaron en un comunicado el PSOE canario y Nueva Canarias. Aunque la Abogacía del Estado no cree que se haya vulnerado el REF, pues considera que los topes a las deducciones en las producciones cinematográficas, fijados en el REF a través de cantidades (5, 6, 7, X millones), legalmente no se tienen por qué actualizar de forma automática en Canarias por el hecho de que cambien en la Península, la ministra ha aceptado que se explicite el 80% de diferencial en la Ley. Así, si los topes en el resto de España son de 10 millones, en Canarias serán de 18. Si bajan a 6 en España, en las Islas se quedarán en 10,8.
Pero este compromiso del Gobierno central tiene un calado mucho más importante, pues debilita el aspaviento hiperbólico y victimista que Coalición Canaria, acompañada por PP y la exdiputada de Cs, Vidina Espino, llevan varias semanas agitando. A pesar de que los socialistas canarios apoyaron también el informe desfavorable del REF del Parlamento canario, esa posición ha sido progresivamente ninguneada por el centroderecha, tanto por parte de los nacionalistas como de los populares, aunque eso pudiera debilitar la imagen de unidad parlamentaria canaria en defensa del REF. La decisión de Montero, sin embargo, evidencia la interlocución del Ejecutivo canario con el de España y la utilidad de la negociación política para resolver los problemas en un Estado semifederal como el autonómico, donde el hecho diferencial canario se olvida con frecuencia, a tantos miles de kilómetros de la metrópoli.
También refuerza a Torres, que prometió poner los intereses generales de Canarias por delante de los de su militancia socialista, un galón que no puede colgarse ninguno de los dirigentes del PP de Canarias. Torres reivindica así la autonomía del socialismo canario, no como una estrategia de confrontación estéril para mantener a la parroquia unida y animada, sino como una defensa de los derechos del archipiélago con una mirada autonomista, que es lo que tiene que hacer el presidente de cualquier comunidad.
Y refuerza a Román Rodríguez, cuya apuesta por un Gobierno progresista con un partido de ámbito estatal siempre le cuesta los reproches de CC. Rodríguez demuestra el peso que tiene en el Gobierno, su capacidad de influencia y cómo la presencia de NC contribuye a arraigar al Ejecutivo autónomo en el territorio. El tándem Torres-Rodríguez sigue funcionando bien, ya veremos qué pasa cuando se acerquen las elecciones de 2023.
Y si unos salen reforzados, otros salen debilitados, pues el ‘agit-prop’ senatorial de Fernando Clavijo se desvanece ante el acuerdo, de donde nace un aviso a CC que recuerda a la fábula de ‘Pedro y el lobo’: a fuerza de anticipar catástrofes con el Estado antes de agotar los instrumentos legales que tiene la autonomía para proteger sus derechos, puede que un día nadie les atienda cuando tengan toda la razón y el diagnóstico no sea sobreactuado. Estos días, en la Escuela de Verano de la Fundación Canaria Siglo XXI, tienen una buena oportunidad para reflexionar sobre estos temas.
Pero aunque el acuerdo político se haya alcanzado, queda una cuestión importante por dilucidar. Y es aclarar las condiciones de aplicación del artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Y si un informe desfavorable del Parlamento canario suspende automáticamente la tramitación de un Proyecto de Ley en las Cortes Generales. No se paralizó hace semanas, cuando el Congreso aprobó el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal donde se introducía la polémica modificación del REF rechazada desde Canarias. Como decía ayer el presidente del Parlamento, Gustavo Matos, a este periódico, “no hay que tenerle miedo a que el Constitucional se pronuncie”. Así sabremos claramente con qué recursos contamos para defender nuestros derechos.
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