Política desenfocada

No es la primera vez que, desde esta columna de opinión, me refiero al Ayuntamiento de Santa Cruz. Ni que mostremos sorpresa y rechazo por el escaso número de grúas que se ven en la capital, como indicador de una recuperación que se antoja urgente y necesaria. Menos si hacemos una comparación con lo que ocurre, no ya en Las Palmas de Gran Canaria, en cuya ciudad es posible comprobar una gran vitalidad, sino también con el resto de capitales de provincias que en nuestro país han tomado, con diligencia, las riendas de la obra pública como eficaz bálsamo contra las consecuencias económicas más desagradables de la pandemia.
No nos engañemos, no se está produciendo a la velocidad deseada la tan ansiada recuperación y conforme avanza el año debemos modificar nuestras mejores previsiones. Si hasta el propio gobierno autonómico planteaba en el arranque del año una expectativa de crecimiento de algo más de un 9% sobre el PIB, tras una caída en el entorno del 20% en 2020, el retrasar el inicio de la recuperación nos llevará a tirar la toalla en pos de tal recuperación y conformarnos con una bastante más pobre. Es gravísimo, claro, por más que sea justo señalar que no es todo culpa del Gobierno, que nos afectan decisiones muy perjudiciales de terceros dada la evolución de la enfermedad en las Islas.
Pero hay evidentes complicidades, sin duda, puesto que la inacción en este momento es una cuestión incompresible y que debería estar castigada con contundencia. Si no hay turistas, aprovechemos para intentar adecuar las Islas para el momento en que regresen, que lo harán y será más pronto que tarde. Pero, además, son muchos y diversos los proyectos que duermen en el desván de la burocracia en sus más variadas presentaciones. No hay manera de sacar adelante proyectos, siquiera con todas las bendiciones legales porque hemos terminado por aceptar con inconcebible naturalidad que los proyectos pueden eternizarse sin que nadie asuma la responsabilidad de una serie de consecuencias catastróficas. Los funcionarios, con más o menos fundamento, deciden no firmar nada para eludir responsabilidades, generando una gran inseguridad jurídica para los inversores que reclaman claridad.
Nuestra sociedad demanda de las administraciones públicas que fije reglas claras, no cambiantes y para nada interpretables al antojo del funcionario de turno. Es decir, todo lo contrario a lo que tenemos en la actualidad, donde cada vericueto administrativo es un laberinto indescifrable, cuya solución, a día de hoy, solo está en las mentes preclaras de los empleados públicos que pagamos todos.