La construcción del viario del barranco de Santos conllevó la expropiación de terrenos y casas a una decena de familias en 2005. Entonces, el Ayuntamiento de Santa Cruz les prometió que recibirían una vivienda en un nuevo edificio que se construiría en el barrio de El Perú. Sin embargo, 16 años después, la realidad es que ese edificio nunca se construyó (y no se va a construir). Durante todo este tiempo, el Consistorio capitalino ha estado pagando el alquiler a estas familias, con las que, la Gerencia Municipal de Urbanismo, comenzó a llegar a acuerdos en 2018, para indemnizarlas por el incumplimiento del compromiso, y que pudieran ser ellas mismas las que adquirieran sus propias casas. Con cuatro de las familias no se ha podido llegar a un acuerdo, por lo que Urbanismo ha dado orden de realizar una última oferta, con el valor que las viviendas comprometidas en 2005 tendrían hoy, a la vez que les ha informado de que dejará de abonar los alquileres el próximo mes de octubre. Las valoraciones ya han sido trasladadas a las familias, y estas tienen 15 días para contestar.
Según explicó el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, a DIARIO DE AVISOS, “ya se les ha notificado las resoluciones de los valores que estamos dispuestos a abonarles. Si aceptan, abonaremos las cantidades y resolveremos los expedientes. En caso contrario, llevaremos al Consejo Rector de Urbanismo el cambio del acuerdo del convenio, que se tomó en su momento, depositaremos esas cantidades en una cuenta corriente, y dejaremos de abonar los alquileres”. Estima el edil que será en septiembre cuando se pueda hacer efectivo el citado cambio.
Las valoraciones a las que hace referencia el concejal de Urbanismo, y a las que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se mueven entre los 450.000 y 500.000 euros, con valores individuales que rondan los 100.000 euros. Concretamente se trata de cuatro viviendas y cinco plazas de garaje, sobre las que los técnicos de Urbanismo han llevado a cabo la valoración atendiendo al acuerdo inicial, en el que estas familias recibirían una casa en régimen de VPO. El precio se establece tanto para este tipo de vivienda en régimen especial como general. Según apuntó el concejal, será tras la negociación con las familias cuando se decida qué precio es el final. La lógica hace pensar que, de haber acuerdo, los afectados se decanten por el más alto, que en este caso es el que proporciona el régimen general.
De esta forma, y atendiendo a ese valor más alto, Urbanismo valora una primera vivienda de 59 metros cuadrados en 88.445 euros, dinero al que se sumaría el valor de una plaza de garaje por 9.880 euros. Por lo que, en este primer caso, la cantidad a abonar a la familia en cuestión sería de 98.325 euros. La segunda vivienda alcanza un valor de 124.748 euros, por 83 metros cuadrados, con una plaza de garaje por el mismo valor que la anterior, sumando la oferta final 134.628 euros. La tercera familia ha recibido una oferta total de 135.631 euros por una vivienda de 84 metros cuadrados, y una plaza de garaje. La última valoración es la de un piso de 79 metros cuadrados, valorado en 119.448 euros, y dos plazas de garaje. Por lo que la suma total asciende a 139.208 euros.
El concejal de Urbanismo explicó que su intención es llevar las cantidades definitivas al Consejo Rector de Urbanismo de septiembre. “Si llegamos a acuerdos, no será necesario esperar a septiembre, sino que comenzaremos a tramitar el expediente, con los gastos de notaría y mudanza que presenten las familias”, apuntó. Con las que no se llegue a un acuerdo, “llevaremos el cambio del acuerdo original al Consejo Rector y al Pleno, de forma que se pagará un alquiler más, el de octubre”, concluyó.
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