Tribuna

Frenar los precios abusivos de la luz

El precio de la luz ha sido uno de los asuntos mediáticos más importantes de este verano en el Estado español y en Canarias. En estos momentos, una de las mayores preocupaciones sociales es, sin duda, el creciente precio de la factura eléctrica, que este agosto ha batido más récords que los que se produjeron […]

El precio de la luz ha sido uno de los asuntos mediáticos más importantes de este verano en el Estado español y en Canarias. En estos momentos, una de las mayores preocupaciones sociales es, sin duda, el creciente precio de la factura eléctrica, que este agosto ha batido más récords que los que se produjeron en los recientes juegos olímpicos de Tokio. Y que amenaza con nuevas subidas en los próximos meses. Genera preocupación en la ciudadanía que ve cómo la constante subida impacta negativamente sobre sus bolsillos, por el coste de la factura y por sus efectos sobre el conjunto de los precios, disparando la inflación. Para las administraciones públicas, que son también grandes consumidores. Y para las empresas que, cuando empiezan a salir del negativo impacto económico causado por la pandemia de la COVID-19, el incremento de sus costes energéticos se está convirtiendo en un obstáculo añadido para la ansiada recuperación.


En Nueva Canarias nos parece claramente discutible que el sector energético tenga que estar totalmente privatizado, decisión que en el Estado español impulsó inicialmente Felipe González y que culminó la derecha española en tiempos de la presidencia de José María Aznar. Una privatización que no ha servido, en modo alguno, para favorecer la competencia y beneficiar a los consumidores. Sino que, por el contrario, ha beneficiado exclusivamente al sector, que se comporta como un verdadero monopolio. Y, también, a algunos altos cargos favorecidos por las inaceptables puertas giratorias entre la actividad política y determinados consejos de administración; entre ellos algunos de los que tomaron decisiones claves para su privatización.
Lo cierto es que, con el actual modelo privatizado, el Estado español se sitúa en los puestos de cabeza de los precios de la electricidad entre los estados que conforman la Unión Europea. Hasta 2020 ocupaba el quinto lugar de la UE, solo superado por Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda. Situación que puede modificarse cuando se contabilicen los datos más recientes, que señalan en los últimos meses subidas 10 veces superiores a las experimentadas en otros estados europeos.


Además de la apuesta por un modelo público es muy importante incidir en un modelo descentralizado y democrático mediante el autoconsumo. Los datos del 2020 nos dicen que las renovables representaron en el Estado español un 43,6% de la producción de energía, de las cuales solo el 6,1% provenía de energía solar (los datos en Canarias son más bajos). Alemania tiene tres veces más energía solar instalada, a pesar de que tuvo alrededor de 1.896 horas de sol en 2020, en comparación con casi 3.000 horas en España. Tenemos que llenar nuestras azoteas y cubiertas de fotovoltaica allí donde sea posible.


Parece razonable intervenir sobre la situación actual y que el sector público participe en la producción y distribución. Como ocurre en distintos estados europeos que disponen de participación pública en el sector energético, entre ellos Francia, Finlandia o Italia, evitando circunstancias como las que se están produciendo las últimas semanas, con récords diarios de alzas en las tarifas. Pero no solo en Europa. Ejemplos de una relevante presencia pública en el sector de la producción de energía los hay en todo el mundo, desde Estados Unidos a Canadá, pasando por Australia o Israel.


Hay que reflexionar, asimismo, sobre las distorsiones que origina el actual sistema de subasta eléctrica diaria. Un modelo que comienza vendiendo la electricidad de producción más barata, entre ellas las renovables solar o eólica, pero también la nuclear, y si no se logra de esta manera satisfacer las necesidades de la demanda acude a las tecnologías más contaminantes y caras, con la paradoja de que el total del paquete se paga al elevado precio de estas últimas. Habría que estudiar actuar en la misma, sacando, por ejemplo, a la hidráulica de la subasta, como hizo Francia con la nuclear hace una década.


En Nueva Canarias entendemos que no se puede dilatar la adopción de medidas desde los poderes públicos ante un asunto que afecta sensiblemente a la vida cotidiana de la gente, lastra a las administraciones y perjudica la recuperación económica. La bajada de impuestos del 21% del IVA al 10% puesta en marcha por el Gobierno central, tal y como pensábamos, apenas ha repercutido, no ha sido eficaz y, además, no aborda las causas estructurales de los elevados precios. Como se sabe, el IVA no se aplica en Canarias, comunidad donde en los hogares es del tipo cero del IGIC, tanto respecto a la potencia como al consumo; y del 3% en contratos no domésticos.


En el caso del sistema eléctrico canario la situación es aun más compleja que la del Estado. Con seis sistemas insulares (Lanzarote y Fuerteventura se encuentran interconectados) y una gran dependencia del exterior por el enorme peso que aun tienen los combustibles fósiles; y, en consecuencia, con elevados costes de producción, superiores a los del territorio continental, que son reconocidos por el Estado: el REF obliga a sufragar el extracoste de la generación eléctrica en las Islas.


Pero Canarias cuenta también con la ventaja de disponer de condiciones excepcionales para el desarrollo de las energías eólica y fotovoltaica, así como de otras con menores niveles actuales de desarrollo. En estos momentos hay proyectos estratégicos de enorme valor en marcha, como el Salto de Chira en Gran Canaria, que elevará sustancialmente la presencia de las energías limpias -con mayores niveles de seguridad y fiabilidad-, reducirá la dependencia del exterior y contribuirá, además, de forma decidida al imprescindible e inaplazable combate contra la Crisis Climática. El Gobierno de Canarias y la mayoría de los cabildos también están instalando placas fotovoltaicas en sus instalaciones y promocionando su extensión, mediante subvenciones a particulares, autónomos y micropymes, además de impulsar comunidades energéticas.


Considero que es cada vez más apremiante redoblar la apuesta por las renovables y por alcanzar los mayores niveles de soberanía energética y el autoconsumo. Siendo vital la extensión de las energías renovables en las Islas, para abaratar el consumo a medio plazo y para combatir la carbonización y las consecuencias del cambio climático. Más aun tras el contundente informe emitido recientemente por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que confirma que todo el planeta se está viendo afectado por el impacto del deshielo, el calentamiento global, el aumento del nivel del mar o los fenómenos meteorológicos extremos. Lo que obliga a la adopción de medidas drásticas por la comunidad internacional para reducir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero.


En definitiva, resulta imprescindible seguir impulsando el cambio del modelo energético hacia las renovables y, asimismo, hay que tomar sin dilación decisiones incorporando el sector público a la producción y distribución para evitar los actuales y abusivos precios de la factura eléctrica. Frente a esta última circunstancia, Nueva Canarias ha venido exigiendo al Gobierno de Pedro Sánchez la adopción de medidas urgentes decididas y eficaces para frenar el constante y socialmente injusto aumento de los precios de la electricidad que estamos padeciendo. Mostrando nuestra perplejidad ante la pasividad del Gobierno progresista del PSOE y UP ante un tema tan sensible socialmente.


Además, hemos solicitado, junto a Más País y Compromís, la creación en el Congreso de una Comisión de Investigación sobre las tarifas eléctricas. Planteando, entre otras opciones, analizar las posibilidades que da la directiva europea de 2019 que permite a los estados miembros intervenir las tarifas eléctricas para proteger a los consumidores vulnerables. Considerando que, en lo inmediato, mediante urgentes modificaciones legislativas, y, a medio plazo, a través de la generación de estructuras públicas, se debe acabar con una situación que castiga duramente a la economía de las familias, resta competitividad a las empresas, daña a las administraciones públicas (grandes consumidoras en hospitales, centros de salud, colegios e institutos, etcétera), aumenta la inflación y retrasa la recuperación económica.