No. No dio tiempo a incluir en el polémico y revelador informe de la Diputación del Común referencia alguna al fallecimiento de Consuelo Braun, quien, a sus 63 años de edad, expiró su último aliento en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) el 4 de junio de 2020, supuestamente por la falta de atención médica sufrida en un centro adscrito al Instituto de Atención Socio Sanitaria (IASS) del Cabildo Insular, el Hospital Nuestra Señora de Los Dolores, reconvertido en residencia de ancianos.
Tampoco tuvo que ver con la pandemia, sino que, según la denuncia presentada por su hijo Isaac ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, las sospechas radican en que Consuelo supuestamente se cayó en el centro en un accidente que tuvo lugar el pasado 23 de mayo, si bien no fue hasta el día 28 del mismo mes cuando se procedió a su traslado hasta el HUC.
Allí se percataron de la gravedad de las lesiones que sufrió esta tinerfeña, pero los episodios febriles y, en general, el empeoramiento de su estado de salud imposibilitó una intervención quirúrgica. Lamentablemente, el citado 4 de junio se produjo el fallecimiento de la mujer.
Se trata, según los resultados preliminares de la autopsia llevada a cabo en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife, de “una muerte violenta” de origen “accidental” (la caída).
Y, sin embargo, todo apunta a que es la falta de medios humanos y materiales que padece el IML tinerfeño lo que está retrasando la investigación judicial que la propia titular del juzgado, tal y como demuestra la providencia que firmaba el pasado mayo el letrado de la Administración de Justicia de dicho órgano judicial lagunero para recordar al IML la urgencia de practicar las diligencias ordenadas ya en enero pasado, cuando el juzgado en cuestión dispuso mediante oficio con fecha del 29 de enero de 2020 la necesidad de conocer la valoración forense sobre dos asuntos clave para saber si estamos ante un homicidio imprudente: “La posible tardanza en el diagnóstico de la fractura e indique hasta qué punto una demora de cinco días pudo ser causa de la muerte o agravar las posibilidades de recuperación, y asimismo, informe si una fractura de cadera es fácilmente diagnosticable en un examen físico de la paciente realizado por el personal rehabilitador”.
No en balde, la representación legal del hijo de la fallecida, que ejerce el letrado local Gerardo Pérez, ya ha solicitado que se prolongue la fase de instrucción ante un retraso que todo apunta a que tiene que ver con la lamentable falta de recursos humanos y materiales que padece el IML, tal y como han denunciado varios forenses y que, en casos como este, mantiene en congoja a no pocas familias de las Islas.
Cabe recordar que fue el 23 de mayo se produjo la caída de Consuelo mientras era bañada en el centro lagunero y que, como consecuencia de la misma, se produjo la fractura de cadera que degeneró en la sepsis (infección) que la mató, se sostiene que “desde el centro se intentó ocultar la fecha real de dicha caída, apareciendo en algunos documentos que la misma se produjo el día 28 de mayo, es decir, cinco días después del que, en verdad, se produjo dicha caída, mientras que en otros se cita el 25 de mayo (dos días después del momento en el que sucede la caída)”. Pero el médico nunca la atendió presencialmente, como se refleja en la documentación existente en el propio centro.
Con el doctor suspendido de funciones y a la espera de la Justicia
En su día, el Cabildo de Tenerife, concretamente desde el Instituto de Atención Socio Sanitaria (IASS), se declinó realizar algún tipo de declaración sobre las sospechas suscitadas por la muerte de Consuelo Braun en uno de los centros adscritos al mismo, como es el caso del todavía conocido como Hospital Nuestra Señora de Los Dolores.
Pero ya entonces, por vías extraoficiales, se supo que se abrió un expediente disciplinario en el que constatan las posibles irregularidades que se produjeron en relación al fallecimiento de la paciente, además de que el doctor involucrado se encontraba ya suspendido en funciones.
Siempre de forma extraoficial, en el IASS consideran que la presentación de esta denuncia por parte de la familia de Consuelo paraliza automáticamente toda investigación interna en curso, por cuanto el resultado de esta dependerá de cómo evolucione aquella en los tribunales.
Cabe esperar que, tengan o no finalmente una repercusión penal los hechos que nos ocupan, ello no sea óbice para que este organismo público revise sus protocolos.
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