Sociedad

Ratas, sarna, chinches y falta de atención en las residencias de mayores de Canarias

La Diputación del Común entregó al Parlamento en noviembre de 2020 un extenso documento que recogía las graves deficiencias en varios centros y que aún no ha sido debatido en la Cámara

Baño de una de las residencias inspeccionadas por la Diputación del Común en Canarias. Europa Press

Jorge Berástegui/Agencias

Llegó al Parlamento el pasado 3 de noviembre de 2020, pero el ‘Informe extraordinario sobre centros de atención residencial para mayores en Canarias‘, elaborado por la adjunta de protección de los derechos de las personas mayores de la Diputación del Común, María Milagros Fuentes González, aún no ha sido presentado, a pesar de que es un auténtica ‘bomba’ que refleja las malas condiciones en las que estaban algunas residencias de las Islas antes de la pandemia.

El informe, que es el resultado de 25 visitas hechas sin previo aviso en 2019 a centros de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife, fue adelantado ayer por la Cadena SER. Era público, había pasado por registro, se valoró en la Mesa del Parlamento el 5 de noviembre de 2020 y había sido enviado a la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara, presidida por María del Río, de Sí Podemos Canarias. Pero hasta ayer, nadie había convocado a la adjunta Milagros Fuentes a que lo explicara. Ni nadie, en los partidos de Gobierno u oposición, habían exigido con vehemencia que se hiciera.

En las inspecciones de la Diputación del Común se detectó la presencia de chinches en las habitaciones, cucarachas, ratas en zonas de cocina, hormigas en diversas estancias -incluso en las habitaciones de los residentes-, y dos residencias declararon brotes de sarna con varios usuarios infectados. También se alude a cocinas con espacios abiertos que se usan como “vertedero” de desechos, humedades en las habitaciones, paredes descascarilladas, zonas comunes con evidentes deficiencias por desuso, mobiliario desgastado y con roturas, camas antiguas usadas como cabeceros sin soportes, material de rehabilitación o gimnasio con capa de herrumbre, dormitorios con acumulación de enseres, sin orden ni limpieza, pavimentos con escasa limpieza y “pringosos” o colillas amontonadas en las puertas de salidas. El informe también habla de personal sin las medidas de protección individual, sobre todo en cocina; baños con “evidentes signos de suciedad”, colchones en desuso apilados en zonas comunes y pasillos o comedores con restos de la anterior comida. Milagros Fuentes también afirmaba ayer en la SER que, durante una de las visitas, se dieron cuenta de que los residentes no hablaban: al día siguiente, al regresar para hacer una toma de datos, se dieron cuenta de que “los tenían a todos chutados, con medicación”.

“Resulta indescriptible la conmoción que produce encontrar esta falta de higiene y salubridad en los centros, sin ser detectada por las administraciones encargadas de inspeccionar y velar por el funcionamiento en los recursos para personas mayores, y, a su vez, sin ser desvelada por familiares u otras personas que accedan a las instalaciones”, afirma en el informe de la adjunta a la Diputación del Común, que se queja de no haber recibido la información que requirió dos veces por carta a la Viceconsejería de Derechos Sociales, en octubre de 2019 y en agosto de 2020, solicitando un listado de los centros residenciales para mayores que existen en Canarias, las quejas y denuncias presentadas y los listados de precios. Según la Consejería, no les constan estas cartas, pero explican que la situación relatada en el informe corresponde a unas visitas hechas en 2019, donde hubo un equipo del Gobierno anterior hasta julio. Y que el servicio de inspección de la Consejería ha pasado de 2 a 5 personas durante esta legislatura, con la previsión de que se incorporen en breve -aunque no dan la fecha exacta- once personas más. También recuerdan todo el trabajo de control de las residencias que se ha hecho durante la pandemia. Y que incluyó, entre otras cosas, la colaboración de la policía autonómica. Aun así, la diputada tránsfuga Vidina Espino responsabilizaba ayer a la Consejería “en manos de Podemos”.

Lo que sí llama la atención es el tiempo que ha estado este informe en el limbo, sin que nadie preguntara por él. Desde la Diputación del Común explican que ellos anuncian los Informes a los medios una vez han sido convocados para presentarlos en el Parlamento, no antes. Desde la Comisión de Derechos Sociales, las explicaciones son diversas. El diputado David Godoy, del PSOE, secretario de la Comisión, afirma que, desde la Mesa, mandan un listado con los asuntos que están “vivos” a los grupos parlamentarios para que ellos formulen sus prioridades y fijar el orden del día. Según Godoy, que no se haya presentado este informe es “responsabilidad compartida” de los grupos. Afirma que los socialistas eran conscientes de él. “Lo hemos visto y lo hemos analizado, quiero suponer que el resto de grupos lo han hecho también”. Y asegura que, aunque aún no se ha presentado, sí se ha hablado sobre la situación de las residencias en otras comparecencias.

Hipólito Suárez, del PP, no está de acuerdo con Godoy y dice que los grupos proponen sus iniciativas para cada sesión de la Comisión, pero que la Mesa es la que pone en el orden del día los asuntos más “genéricos”, como una comparecencia del Diputado del Común. “Y ustedes, ante el conocimiento de un asunto de esta gravedad, ¿no podrían haberlo convertido en una iniciativa propia?”, pregunta este periodista. “No le voy a engañar, tenemos tantas cosas, que a veces no somos capaces de recogerlas todas”, explica Suárez. “Pero también es extraño que el diputado del Común, que ha tenido dos comparecencias posteriores a la presentación del informe, no lo haya mencionado”. Suárez, sin embargo, no reconoce la realidad que muestra el informe y asegura que hay muchas residencias de mayores que funcionan bien. “Lo que hay que hacer es mejorar los controles por parte de la Consejería, que no haya opacidad, o que se desarrolle bien el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias”.

Jana González, diputada de CC y vicepresidenta de la Comisión, reconoce que el tema se les ha pasado. Y menciona tres razones fundamentales: el desorden generado por el covid, que ha obligado a cambiar algunas de las sesiones de la Comisión; la tendencia de los partidos a intentar meter las iniciativas propias; y que la presidenta de la Comisión, María del Río, no lo ha puesto en el orden del día. “Para ser justos, ella casi siempre consulta el orden del día con David Godoy y conmigo, pero la competencia es suya. Y en otra comisión en la que yo estoy, como la de Administraciones Públicas, un informe del Diputado del Común se pone lo antes posible”. Este periódico ha intentado comunicar con María del Río, pero no ha sido posible.