Sarna, ratas, basura, colchones, baños inmundos, ancianos dopados, restos de comida abandonados. Estas son algunas de la cosas que se encontró en 2019 María Milagros Fuentes, la adjunta a la Diputación del Común encargada de velar por la protección de los derechos de los mayores, durante 25 visitas a centros residenciales de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote, según el informe que elaboró en su momento y que ayer adelantó la Cadena SER. Este informe está en el Parlamento desde noviembre de 2020, pero aún no se ha debatido.
Tres cuestiones son las que surgen de esta noticia que hemos conocido. Una, la constatación de que es necesario auditar exhaustivamente la realidad de los centros residenciales para mayores y examinar bien si se están cumpliendo las condiciones para una vejez digna, saludable y humana. Como ya pudimos ver en Madrid, con las enormes cifras de mortandad durante la pandemia, las residencias son uno de los eslabones más débiles del sistema de cuidados sociosanitarios. Y no estaría de más plantearnos si quizá algunas entidades privadas no están capacitadas ni tienen interés en satisfacer los estándares de calidad que son requeribles a un estado del bienestar digno de llamarse así. Descuidar a ancianos que llevan toda la vida trabajando y cuidándonos a nosotros es una crueldad evidente con señales de sordidez muy alejadas de la sociedad moderna a la que aspiramos y muy cercanas a esa Canarias de la miseria y la caridad de la dictadura.
Dos, la necesidad urgente de que la Consejería explique bien la situación. Las inspecciones se hicieron en 2019 y el actual equipo, tras el cambio de Gobierno, apenas estuvo cuatro meses de ese año, así que es difícil achacarle las responsabilidades de lo ocurrido en un sistema de cuidados tan deficiente. Dicen que se han aumentado los recursos de inspección y se han mejorado los controles durante la pandemia, pero necesitamos tener certezas sobre lo que está ocurriendo actualmente, dada la información tan grave que ha salido a los medios.
Y tres, la incomprensible negligencia en el seno de los grupos del Parlamento. Por un lado, resulta inexplicable que la Comisión de Derechos Sociales, presidida por María del Río, de Sí Podemos Canarias, no haya convocado a la adjunta a la Diputación del Común hasta ahora, como parece que va a hacer. Por otro, es aún más surrealista que los diputados de esa Comisión no hayan caído en la gravedad de lo que contaba el informe, con todo lo que se ha hablado en este año y medio de pandemia. No dudamos de la empatía y el sentido de la decencia de sus señorías. Así que debe ser que no se leen los informes importantes. Eso también es preocupante.
