La acusación popular de la causa en la que se investiga la entrada en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, va a solicitar al juez que lleva el caso que impute a la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Así lo exigirá el abogado Antonio Urdiales. Lo ha explicado a los medios de comunicación este lunes tras la declaración en el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza de Camilo Villarino, el único alto cargo por el momento investigado por la entrada irregular del mandatario saharaui.
El abogado Urdiales ha indicado a los medios de comunicación que Villarino ha declarado ante el juez “que recibió una llamada de González Laya”. Que actuaba bajo sus órdenes cuando se puso en contacto con el Ejército del Aire para gestionar el aterrizaje del avión en la base militar.
Rafael Lasala, el magistrado instructor, investiga la presunta entrada ilegal de Ghali en España a través de la Base Aérea de Zaragoza, el pasado 18 de abril, para ser trasladado, posteriormente, en una ambulancia al Hospital ‘San Pedro’ de Logroño (La Rioja), donde quedó ingresado hasta el 2 de junio, cuando salió de España por el aeropuerto de Pamplona (Navarra).
Aquel episodio, la decisión de introducirle en el país de manera subrepticia, de incógnito y portando una identidad falsa, pronto fue conocida por los servicios secretos de Marruecos. La monarquía lleva décadas enfrentada con el Frente Polisario, y el conocimiento del hecho propició una crisis diplomática con Marruecos y la mayor avalancha de inmigrantes sobre Ceuta, ya que unas 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas 24 horas jornadas después.
Su registro con otro nombre en el hospital de Logroño, así como la opacidad en el procedimiento por el que llegó a territorio nacional, soliviantaron a la monarquía alauí, a la que España no informó de ese movimiento. Por el momento, Marruecos ya se ha cobrado el cese de Laya como pieza tras estos acontecimientos.
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