Eran vulnerables. Puede que más de lo que pensábamos. El colectivo de mayores siempre ha sido señalado como uno de los más frágiles, de modo que se han ido articulando, con el paso de los años, distintos mecanismos desde lo público para mejorar la calidad de vida de las personas de avanzada edad. No obstante, el modelo implantado en las Islas a lo largo de las últimas décadas parece haber dado síntomas de estar en la UCI, tal y como se refleja en el informe que entre 2018 y 2020 elaboró la adjunta segunda a la Diputación del Común, Milagros Fuentes. Un documento adelantado esta semana por Cadena SER en el que se recogían las graves deficiencias detectadas por la jurista palmera tras efectuar inspecciones en un total de 25 residencias de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma.
De acuerdo con las conclusiones de Fuentes, varias de estas instalaciones no cumplían unos mínimos de salubridad e higiene para permanecer abiertas. En el escrito, se recoge la presencia de plagas de ratas y cucarachas, brotes de sarna, chinches en los colchones y una acusada falta de atención por parte del personal. Y es que ya anteriormente se habían conocido algunos episodios similares aparentemente aislados, pero, a raíz de la publicación de este informe, se ponen de relieve las deficiencias estructurales del sistema de defensa de un grupo de edad que posee pocas herramientas para alzar la voz, así como las carencias en lo que a inspección se refiere. Para más inri, se ha sabido que el documento lleva desde finales del año pasado en el Parlamento, sin que hasta la fecha se hubiera puesto sobre la mesa para debatir su contenido.
En este sentido, cabe destacar que la reacción al dantesco relato no se ha hecho esperar y el martes, a partir de las diez de la mañana, los diferentes grupos parlamentarios abordarán la problemática existente en los centros destinados al cuidado de nuestros mayores, en el marco de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Además, se prevé que los representantes del Ejecutivo canario ahonden en las acciones que han emprendido para combatir las malas prácticas detectadas, del mismo modo que incidan en los refuerzos que, como ha adelantado la titular del Área, Noemí Santana, van a llevar a cabo en los cuerpos de inspección. De hecho, a lo largo de la presente legislatura afirmó que se ha duplicado el número de trabajadores destinados a esta tarea, e incluso se ha involucrado a la Policía Canaria para dar soporte a la vigilancia de las infraestructuras sociosanitarias.
En total, el Archipiélago cuenta con 232 centros sociosanitarios. El informe de la Diputación del Común pone el foco en 25 y, según reveló la consejera, de entre ellos solo detecta fallos como los ya descritos en 12. Por otro lado, no es menos reseñable que la mayor parte de las visitas de Milagros Fuentes tuvieron lugar durante el mandato de Coalición Canaria. Sería necesario contar con una evaluación actualizada para poner negro sobre blanco y valorar los posibles cambios en la gestión de los centros que han podido producirse en los dos últimos años, de manera que, si procede, se depuren responsabilidades sobre la desatención que han sufrido los residentes de diferentes islas.
LA COVID, UNA PRUEBA
La pandemia de la COVID-19 ha resultado un importantísimo reto para las autoridades en el plano sanitario, pero también en el sociosanitario, pues las residencias albergan a grupos de personas altamente vulnerables a los efectos del virus. Desde finales del año pasado, con la aparición de los primeros remedios de Pfizer y Moderna, los mayores se situaron a la cabeza en los listados de vacunación; era una prioridad que generaran anticuerpos contra el coronavirus. Y, si bien Canarias tardó meses en adquirir un alto ritmo de vacunación -especialmente por el condicionante de las dosis arribadas-, lo cierto es que no se ha tenido constancia de grandes brotes en residencias. El más notorio fue el del Hogar Santa Rita (Puerto de la Cruz), que, tras la intervención de Sanidad, se pudo controlar.
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