La construcción del Puerto de Granadilla fue un cúmulo de despropósitos con aroma a democracia de poca monta, así que el actual Gobierno ha decidido que no le pase lo mismo con el Puerto de Fonsalía, aprobado en 2008, con un coste de 200 millones de euros. Por eso va a encargar cuatro informes a cuatro instituciones de prestigio para que analicen la idoneidad del proyecto y sus posibles alternativas: ampliar el Puerto de Los Cristianos, utilizar el de Granadilla con fines comerciales u optar por Santa Cruz como eje de conexión con las Islas Verdes -La Palma, La Gomera y El Hierro-. El Gobierno espera que estén listos para marzo.
La decisión, que ya se adelantó tras una reunión con el Cabildo de Tenerife, fue desmenuzada ayer en comisión parlamentaria por el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis. Según contó, habrá un informe de coste-beneficio que será encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal; otro de evaluación previa de impacto ambiental encargado al Instituto Oceanográfico de la Universidad de Las Palmas; un tercero sobre movilidad sostenible del grupo de Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de La Laguna, analizando cómo responden las distintas alternativas a las necesidades de movilidad de la ciudadanía y al factor de sostenibilidad -Franquis explicó ayer que un 79% de las personas que llegan actualmente a Tenerife a través de Los Cristianos se dirigen al área metropolitana-, y un cuarto informe de Obras Públicas sobre el coste de la ampliación del Puerto de Los Cristianos y de las obras en las vías de circulación de la zona.
No hubo nadie ayer especialmente contrariado con la propuesta del Gobierno. La diputada tránsfuga Vidina Espino se centró en evidenciar las diferencias que este tema provoca dentro del Gobierno. Pidió celeridad y afirmó que sería conveniente “abrir el diálogo” a los cabildos de las Islas Verdes, pues a sus ciudadanos también les afecta. Una reclamación que también hizo el portavoz del Grupo Nacionalista, Narvay Quintero, cuyo grupo se opone ahora al Puerto.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, formación que apoya la opción de Fonsalía, puso en duda que las alternativas de Granadilla o Santa Cruz, con más gasto de combustible en ruta, puedan ser más sostenibles. Criticó que se dejara caducar la declaración de impacto del proyecto, que dejó de tener validez en 2018, y la achacó a la dejadez de los distintos Gobiernos del Estado. Y solicitó que, si Fonsalía “no es viable”, se actúe, porque lo de Los Cristianos es una “odisea”.
Algo se puede hacer ya, explicó Manuel Marrero, de Sí Podemos Canarias. Y es hablar con las navieras Fred.Olsen y Armas para organizar mejor los horarios y que no coincidan las operaciones de ambas compañías. Marrero pidió que la zona de Fonsalía, una pequeña cuña desprotegida en medio de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Teno-Rasca, sea integrada dentro de este área. Carmen Hernández, de NC, cuyo partido ha pasado del “sí” al “no rotundo” a Fonsalía en solo unos meses, recordó que la zona es “uno de los tres grandes santuarios de ballenas del mundo”.
Ayer, el más crítico fue Manuel Domínguez, del PP. No porque se opusiera a los informes, simplemente considera que el Gobierno no ha sido claro, pues la declaración estaba caducada y nadie lo mencionó en el debate parlamentario que hubo en junio sobre el proyecto, donde solo Sí Podemos Canarias votó en contra. Domínguez explicó que el Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos ha emitido un informe que considera inviable el uso de Granadilla. Sí contempla la opción de ampliar Los Cristianos, pero recuerda que ese área ya entra en la ZEC. Por último, habló Jorge González, del PSOE, encantado con los informes, porque son un modelo de “gobernanza”. Quitándole el entusiasmo militante a su intervención, una cosa sí es cierta: mejor este procedimiento que la calamidad del Puerto de Granadilla.
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