No es ninguna novedad que la Administración de Justicia en la provincia de Tenerife es la hermana pobre de Canarias como consecuencia del increíble déficit de infraestructuras que padece desde hace tiempo, que, cuando abrió sus puertas el actual Palacio de Justicia ubicado en la santacrucera avenida del Tres de Mayo, no se celebró acto de inauguración como protesta por su evidente insuficiencia para albergar los juzgados previstos. Aún así, no deja de ser noticia que el propio Gobierno de Canarias reconozca por escrito que se encuentra “en una situación que impide la prestación de este servicio público con los debidos niveles de eficiencia y calidad”. Nada más y nada menos.
Al menos, esta confesión de parte es el argumento utilizado por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para intentar poner remedio a esta vulneración de los derechos de los canarios de esta provincia, para tener una tutela judicial efectiva con los estándares mínimos, ya que se incluye en el inicio del procedimiento para la suspensión del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de Cabo-Llanos, zona donde, tras no pocas vicisitudes, finalmente se proyecta construir la nueva Ciudad de la Justicia tinerfeña.
Este paso dado por el departamento que dirige José Antonio Valbuena no es baladí y tiene lugar a solicitud -como se plasma en la documentación a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS– realizada a tal efecto por la empresa pública Gestur Canarias, que es la encargada de llevar a buen puerto la ansiada reunificación de los juzgados del partido santacrucero, cuya dispersión ha llegado al absurdo de contar entre sus sedes algunos inmuebles de La Laguna, no sin antes dar apariencia de legalidad a semejante dislate.
Ahora será la Dirección General de Ordenación del Territorio del Ejecutivo autonómico (cuya composición actual no deja de ser heredera de una situación generada por sus antecesores en el mismo) la que proceda a instruir dicho procedimiento, en un paso importante para que de una vez no solo se produzca la referida reunificación de los juzgados capitalinos, sino que también se dote a los de alcance supralocal, como por ejemplo son la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Queda esperar unos ocho años, pero la primera piedra está más cerca.
