Visiones atlánticas

100 años de asimetría

En 100 años hemos consolidado el sistema asimétrico, con que Antonio Cánovas del Castillo, aplacó al carlismo en 1878, hasta la Constitución de 1978, donde los padres de la democracia asumieron los fueros y el cupo, que el mismo Franco tuvo que pagar, a cuenta de la Guerra Civil, a vascos y navarros. Cánovas del […]

En 100 años hemos consolidado el sistema asimétrico, con que Antonio Cánovas del Castillo, aplacó al carlismo en 1878, hasta la Constitución de 1978, donde los padres de la democracia asumieron los fueros y el cupo, que el mismo Franco tuvo que pagar, a cuenta de la Guerra Civil, a vascos y navarros. Cánovas del Castillo fue asesinado en 1897, a Franco lo están asesinando después de muerto y a la democracia de 1978, intenta matarla el socialpodemismo. Defendiendo una España prurinacional que creíamos derrotada con la ETA y el Procés catalán. Aun cuando ya la nación venía siendo atacada como sujeto de soberanía, por el conflicto del reparto territorial del poder, desde la Guerra de Sucesión y las guerras carlistas. Es atacada cuando el estado central se debilita; así fue con las” tres guerras carlistas”, de 1833-40, durante la regencia de María Cristina, en 1846-49 con Isabel II y en 1872-76, con Amadeo I, la I República y Alfonso XII. Se repite en la actual crisis la “balcanización de las taifas hispanas”, con sus peculiaridades. Resulta estrambótica la entrada en escena de los desleales vascos, donde Urkullu, en lugar de su acostumbrada postura de recogida de nueces, pasa a mover el árbol, para incrementar su cosecha. Se suma a la campaña del falso dumping contra Madrid, la región más solidaria de España, a cuya caja común aporta el 70% de la solidaridad autonómica. Contra el abuso del sistema foral, que extorsiona al sistema común, a cada Gobierno y presupuesto. Sostenido en el inconstitucional cupo vasco, que goza por habitante de una financiación doble a la del sistema común. Urkullu huye de la presión en su casa de las izquierdas, PSE, Podemos y Bildu, decididas a pactar para reforzar su posición en Madrid y exporta para ello, como en Valencia, su demagogia sobre la alternativa liberal que representa Madrid; a quien niega las libertades que para si nos exige. El éxito económico y en el virus de Madrid, no es ajeno al liderazgo ejercido desde una sociedad emprendedora, con los valores precisos para defender nación y economía, que los otros atropellan. La nación asimétrica sostenida en deslealtades, va derivando hacia una mutación constitucional, que sin tocarla al interno, trastoca desde fuera su esencia y vacía su contenido. La nación se ha plegado a la deriva asimétrica de las autonomías, en una subasta donde los gobiernos centrales se mantienen pagando deslealtades, tanto más cuanto mayor es la deriva, con financiación, competencias e ilegalidades, que incrementan sus ventajas relativas. Esta ruptura de ley y seguridad jurídica, obligan a una inflación normativa y legislativa desde Madrid y Autonomías, que demuele la racionalidad de las instituciones y leyes y hace ingobernable la gestión de la nación, como estamos viendo con los fondos europeos de la COVID, con el idioma, la educación y la verdad. Polarizada la sociedad, se genera toda suerte de chiringuitos, como instituciones inútiles sin otro fin que su propia existencia, redes clientelares de los partidos. Que se complementan con mecanismos de incentivos dirigidos a tramas asimétricas, como vemos con la enseñanza, el cheque cultural, la prohibición del español, las Leyes de Género y Memoria Histórica-Democrática, las pensiones y más. O como en el caso de las modificaciones anticonstitucionales de la ley promovida por ERC, vascos y socialpodemismo, para colocar sin oposición, a los 300.000 interinos de la administración, negando mérito, esfuerzo e igualdad de oportunidades; tribu antes que sociedad. Este balance entre ideología y ley, convierten la moral del grupo en fuente de derecho, por encima de la ley y la constitución, como referencia, límite y mecanismo de interpretación. Cuando son la razón y la ley, quienes deben sostener la confianza en la nación.